Tinta Socialista No 94. El gobierno de Chiapas condiciona los derechos y libertades política a cambio de la libertad del compañero Javier González Díaz

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Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019

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El gobierno chiapaneco condiciona los derechos a la JUSTICIA, la PROTESTA y a LIBRE MANIFESTACIÓN DE IDEAS a cambio de la libertad de nuestro compañero Javier González Díaz, perversamente quiere mantener en la completa sumisión a las organizaciones que luchan fuera de los marcos gubernamentales, al pueblo que ve como alternativa la lucha por el socialismo en México; maquiavélicamente las quiere obligar a que renuncien a su derecho legítimo a la protesta y a la organización, eso en los hechos se llama AUTORITARISMO.

Esa política de gobierno desenmascara la intención gubernamental de intentar someter al pueblo organizado a las políticas institucionales, en no tolerar a quien disienta y denuncie la violencia desenfrenada que impera en el estado de Chiapas, que a diez meses de administración ha cometido 40 desalojos de un total de cinco mil hectáreas de tierras, donde deja sin hogar ni trabajo a más de cinco mil familias; producto de esa violencia institucional detuvo de manera arbitraria a 190 personas, quienes están “vinculadas a proceso” con acusaciones fabricadas para justificar su proceder criminal, entre ellos está nuestro compañero Javier González Díaz.

Las acciones de protesta, libertad de organización y libre manifestación de ideas son derechos y libertades políticas que no están sujetas a negociación o a capricho de empresarios y gobernantes que tienen un fuerte vínculo con los intereses económico y político de éstos. Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas beneficia a un reducido grupo de empresarios que tienen un fuerte vínculo con las familias de caciques de antaño en determinadas regiones, tales como los Orantes o los Castellano. Es visible la protección a esos sujetos desde la institucionalidad.

Cuando un gobierno finca su política en el uso de las macanas, fusiles, cárceles legales y clandestinas, en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad o la injusticia es una administración con nombre y apellido bien definidos: represivo, autoritario, antipopular, profascista y proempresarial; características en las que finca su forma de gobierno, mismas que contradicen el discurso que día con día arenga el Presidente de la República sobre respetar los derechos humanos, poner en primer orden el diálogo, no tolerar graves violaciones a los derechos humanos ni permitir que corruptos estén en las filas de su gobierno.

Por citar un ejemplo, Javier González Díaz fue detenido el 17 de julio 2019, como a las 10 horas, en el municipio de Las Rosas, Chiapas, fue privado de su libertad por personas vestidas de civil quienes iban acompañadas por elementos de seguridad pública municipal de dicho poblado. Al abordar como acompañante en la motocicleta conducida por un menor de edad, que lo trasladaría a su lugar de residencia, la localidad “20 de junio” del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, fue golpeado con un garrote, por las personas de civil; después del golpe, fue inmovilizado, y una vez esposado, los policías municipales lo trasladaron a una cárcel ubicada en las afueras del poblado de Las Rosas.

Al estar en esa cárcel un comandante se acercó al compañero Javier quien se colocó guantes en ambas manos, y le asestó varios golpes en los oídos y el rostro, que hizo perderle el equilibrio cayendo al suelo, en esas condiciones continuó con los golpes y patadas. Otro policía se acercó y le ayudó a levantarse, a su vez dijo “ya comandante, ya dejé de verguearlo, va usted a matarlo”, el comandante golpeador contestó “que se muera el hijo de su puta madre”.

Acto seguido, el comandante salió de la celda y en tono amenazante le dijo a Javier “estas aquí sin derecho a nada, sin hacer llamadas a tus familiares, menos comida y agua. Si te mueres, mejor”. Toda vez que lo sometieron a tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE-Chiapas), integró la Carpeta de Investigación (CI) 016-075-0303-2019, con delitos fabricados para justificar su detención ilegal, con modo, tiempo y lugar completamente distintos a los ocurridos.

La Carpeta de Investigación presenta deficiencias e ilegalidades procesales observables aún con un análisis somero. A) Los policías, como primeros respondientes, omitieron implementar el ACORDONAMIENTO para la PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DEL HALLAZGO como indica el PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN del PRIMER RESPONDIENTE. B) En la CI no obra el REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA del PRODUCTO DEL DELITO (motocicleta). C) Dos portales informativos en sus respectivas páginas de Facebook, el 18 de julio, un día después de la privación de la libertad de Javier González Díaz, publicaron una imagen en la cual se aprecian varios objetos que le habrían sido ASEGURADOS al momento de su detención, cuando el Informe Policial Homologado registra que el OBJETO MATERIAL DEL DELITO fue embalada. ¿Quién violó el embalaje del OBJETO MATERIAL DEL DELITO para presentarlo a los medios de comunicación?

Desde un inicio el proceso jurídico estuvo viciado, violaron el derecho al debido de la víctima; el fiscal Jorge Luis Abarca Llaven actuó con dolo, saña y odio; en todo momento trató de justificar la detención ilegal del compañero, al tener a su disposición jueces, fiscales, cuerpos policíacos y militares le fabricaron un delito que no corresponde con el tiempo, modo, lugar y circunstancia. Es clara la intención de mantenerlo en sus mazmorras, de castigarlo por un delito que jurídica y políticamente está comprobado que no lo cometió.

Algunos de los derechos que violenta el gobierno chiapaneco en perjuicio de Javier son los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Artículo 1º.- Obligación de garantizar los derechos humanos; Artículo 6.- Derecho a la manifestación de ideas; Artículo 8.- Derecho de petición; Artículo 9.- Derecho de asociación; Artículo 11.- Derecho al libre tránsito; Artículo 16.- Derecho a NO recibir actos de molestia sin mandamiento judicial; Artículo 17.- Derecho a un mecanismo de justicia imparcial.

Artículo 19.- Vinculación a Proceso por hechos que la ley señale como delito, fuera de toda duda razonable de haberlos cometido o participado en su comisión; Artículo 20.- Al principio de oralidad (Artículo 44 del CNPP. Oralidad de las actuaciones procesales (…) El Órgano Jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto), derecho a una defensa adecuada, derecho de acceso a los registros de investigación; Artículo 22.- Derecho a no ser tratado con actos crueles o tortura.

Desde la detención fue salvajemente golpeado y torturado psicológicamente, infringiendo los funcionarios públicos agresores, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; las normas y Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano es parte: Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes (Declaración sobre la Protección contra la Tortura), los Principios de Ética Médica adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 37/194 del 18 de diciembre de 1982; Artículo 5 inciso 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Desde un principio se violentaron los derechos y libertades políticas del compañero Javier, ¿por qué se empeña el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en mantenerlo preso?, ¿qué derechos humanos dice proteger?, ¿qué intereses de poder económico y político respaldan su política de gobierno?, nos queda claro que el estado de derecho al que alude es el que respalda los intereses de oligarcas y empresarios, predomina en su administración el interés privado por encima del interés colectivo.

Señalar que la protesta es un chantaje es perverso, porque equiparan un derecho como un simple capricho, que no tiene razón de ser, cuando éstos tienen sus causales en la violencia generada desde el Estado; eso en los hechos habla de un gobierno que hace apología al fascismo y a prácticas autoritarias que no toleran la disidencia ni al pueblo que se organiza fuera de los marcos constitucionales.

Lo paradójico es que desde la federación se arenga mucho que no se va a reprimir ni permitir más crímenes como la tortura, NO MÁS, ha señalado el ejecutivo federal, pueblo en las cárceles injustamente; si esa es la política, ¿por qué en el estado de Chiapas contradice su discurso?, ¿por qué permite que en esa entidad federativa se violen de manera sistemática los derechos humanos del pueblo?, ¿por qué tolera que en sus filas estén torturadores, los responsables materiales e intelectuales de cometer crímenes de lesa humanidad?

Crímenes que a la fecha persisten, continúan como política de gobierno, mismo que desde la federación se guarda silencio, toleran el cometido de estas prácticas fascistas. El silencio institucional y la no solución a las demandas los hace corresponsables de la violencia institucional que impera en el estado de Chiapas.
No vamos a renunciar a nuestros derechos a la protesta, a la libre manifestación y expresión de ideas, mucho menos al derecho a la JUSTICIA, mientras existan gobiernos autoritarios, represores y antipopulares las razones para luchar de manera organizada nos asisten, a desenmascarar la política criminal del gobierno de Rutilio Escandón cadenas en el estado de Chiapas.

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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