Breve informe de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra defensores de los derechos humanos en Chiapas en el periodo diciembre a agosto de 2019

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Chiapas, México a 3 de septiembre de 2019

A los medios de comunicación
A las organizaciones de derechos humanos
A la opinión pública

El Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH), miembros de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) emite el siguiente informe de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la entidad chiapaneca en lo que va de la nueva administración gubernamental (diciembre – agosto de 2019), con el objetivo de dimensionar la gravedad del problema e instar a las autoridades estatales y nacionales a poner fin a su política de negación y violación de los derechos fundamentales.

Chiapas entre crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos

Las violaciones a los derechos humanos: “tienen lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos” (ONU).

Un crimen de lesa humanidad, es un atentado contra la dignidad humana que viola los principios fundamentales del derecho internacional, por ejemplo, el exterminio, la desaparición forzada, la esclavitud y la tortura. Las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad son cometidos por el Estado ya sea por comisión, omisión o aquiescencia.

De diciembre a agosto de 2019 las cifras de víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en contra de la población y organizaciones sociales en Chiapas siguen el ritmo que tenía en el sexenio de Manuel Velazco Coello, lo que demuestra su sistematicidad y su carácter transexenal.

Vemos así que en el tema de violencia y derechos humanos en la entidad se manifiesta de la siguiente manera en el periodo citado:

Ejecuciones extrajudiciales
Tenemos un registro de nueve casos de ejecución extrajudicial que son:

  1. Horacio Meléndez López y Marco Antonio Ocampo Argueta, trabajadores de la educación y activistas detenidos desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente en diciembre de 2018 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
  2. Zinar Corzo, defensor de los derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en enero de 2019 en el municipio de Arriaga.
  3. Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, integrante de la organización MOCRI CNPA MN, detenidos desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente en enero de 2019 en el municipio de Amatan.
  4. Mario Moreno López, defensor del derecho a la tierra integrante del FNLS, ejecutado extrajudicialmente en junio de 2019 en el municipio de Venustiano Carranza.
  5. José Luis Alvares Flores, ambientalista y activista ejecutado extrajudicialmente en junio de 2019 en el municipio de Palenque.
  6. Renato Zárate Castañeda y Laureen Green investigadores y activistas asesinados a finales de julio de 2019 en el municipio de Zinacantan.
  7. Nora López León, bióloga, ambientalista y activista ejecutada extrajudicialmente en el mes de agosto de 2019 en el municipio de Palenque.

Desapariciones forzadas

Hay cuatro víctimas de un doble crimen de lesa humanidad, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, hablamos de los casos de Horacio Meléndez López y Marco Antonio Ocampo Argueta, trabajadores de la educación y activistas detenidos desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente en diciembre de 2018 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El Caso también de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, integrante de la organización MOCRI CNPA MN, detenidos desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente en enero de 2019 en el municipio de Amatan.

Un caso de desaparición forzada, tortura y detención ilegal, es el caso de Javier González Díaz, defensor del derecho a la tierra detenido desaparecido el día 17 de julio de 2019, presentado con vida el día 18 de julio con señales de tortura y actualmente detenido injustamente en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
La desaparición forzada sigue en este sexenio siendo una práctica frecuente.

Despojos de tierras y desplazamientos forzados
El gobierno niega a la población el derecho a la tierra, medio de vida y subsistencia, busca la autoridad estatal beneficiar intereses empresariales por ello su política agraria se basa en el despojo legal y violento de tierras, dejando así a miles de familias en total desamparo.

Hasta la fecha la Fiscalía General del Estado anuncia el despojo de cinco mil hectáreas de tierras que estaban en manos de colonos y campesinos pobres los cuales conformaban cerca de 40 colonias y ejidos.

Estas colonias se conformaron en los últimos 8 años, muchas de ellas contaban con servicios de luz, agua, drenaje, escuelas, vías de comunicación, en un momento todo esto fue eliminado, dejando a más de cuatro mil familias sin vivienda y condenándolos a la incertidumbre.

De continuar esta política al ritmo que va, estaremos hablando que gran parte del territorio estará nuevamente en manos de caciques, terratenientes y empresas nacionales y trasnacionales encargadas del saqueo desmedido de los recursos naturales para beneficio personas, y para la población le quedara únicamente un ambiente contaminado y mayor pobreza.

Detenciones arbitrarias

Actualmente el caso más emblemático es el de Javier Gonzales Díaz, integrante del FNLS, víctima de desaparición forzada el día 17 de julio, presentado con vida y con secuelas de tortura el día 18 de julio, actualmente se encuentra como preso político en el CERSS número 5 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Este caso reúne todos los requisitos que definen las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, específicamente por la tortura a la que fue sometido.

Producto del despojo de tierras la Fiscalía General del Estado informa la detención arbitraria de 180 personas las cuales se encuentran en El Amate vinculadas a proceso.

Tortura

Hay tres casos documentados de tortura en este periodo:

  1. El caso de Javier González Díaz y el caso de dos personas que fueron torturadas para inculparse como responsables de la ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Zinar Corzo.
    Este último caso demuestra que con la práctica de la tortura el Estado busca presentar supuestos responsables de crímenes de Estado para así tratar de ocultar su responsabilidad, también busca con esta práctica obtener información para llevar a cabo una represión más selectiva como en el caso de Javier quien por medio de golpes y amenazas intentan obtener información de la organización a la que pertenece.
    Javier en el CERSS 5 sigue bajo tortura y amenazas al igual que otros cinco presos injustamente: Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo indígenas tsotsiles.
    El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarco tienen diversas denuncias y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por implementar la tortura.
    Crímenes de lesa humanidad no consumados

Hay cinco casos de crímenes de lesa humanidad que no se consumaron pero dejaron secuelas graves a las víctimas:

  1. 8 de junio de 2019, intento de ejecución extrajudicial contra el defensor de los derechos humanos el licenciado Julio César Pérez Ruiz, abogado del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
  2. 18 de julio de 2019, intento de ejecución extrajudicial con arma de fuego contra Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sánchez, integrantes del FNLS en el municipio de Altamirano.
  3. 16 de agosto de 2019, intento de ejecución extrajudicial contra Delmar Eduardo Pérez Urbina de 23 años de edad, integrante del FNLS en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
  4. 3 de mayo de 2019, intento de masacre contra integrantes del FNLS en el ejido el Carrizal municipio de Ocosingo Chiapas, por parte del grupo paramilitar “los petules”

Represión policiaca y militar
Con la represión policiaca el gobierno estatal niega violentamente el derecho a la manifestación y expresión, no abre canales de dialogo, reprime todo aquel que ejerza su derecho a la protesta u otros derechos.

  1. Represión contra vendedores ambulantes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con este acto se niega el derecho de las personas a adquirir el sustento familiar.
  2. Represión contra estudiantes de las escuelas normales Mactumatza, Jasinto Canek y Manuel Larranizar, víctimas de la brutalidad policiaca por el hecho de exigir mejoras en la educación.
  3. 10 de agosto de 2019, Guardia Nacional hostiga a personas y roban el producto de trabajadores agropecuarios miembros de la organización MOCRI CNPA MN en el municipio de Amatan.
  4. Durante el mes de julio se implementan bases de operaciones mixtas en diversas regiones del estado las cuales estuvieron conformadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina-Armada, Policía Federal, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Policía Municipal.

Estos llevan a cabo operativos de desalojos a integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que ejercían su derecho a la manifestación en los municipios de Venustiano Carranza, Acala y Ocosingo, los operativos de más de 600 elementos dejo varios heridos de proyectil de gas lacrimogeno.

Feminicidios
Hay una cifra de 120 mujeres niñas y adolescentes asesinadas.

Conclusiones:

  1. Pobreza, militarización y violencia institucional es lo que describe de manera inmediata el actual contexto económico, social y político de Chiapas. El arribo de un gobierno en la administración chiapaneca hace nueve meses bajo las siglas de MORENA no ha significado cambio alguno en materia de derechos humanos para el pueblo de Chiapas.
  2. Con el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en todo el país, específicamente en Chiapas bajo el argumento de cuidar las fronteras, se esconde la militarización del país. Su presencia en la entidad ha servido para fortalecer las acciones represivas del gobierno chiapaneco.
  3. El cometido de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es una política transexenal, planeada y sistemática en contra de la población y organizaciones.
  4. Adquiere mayor preponderancia el carácter selectivo de la represión, se dirige hacia las organizaciones que se han destaco por denunciar al Estado por el cometido de crímenes de lesa humanidad.
  5. La política del gobierno chiapaneco de no dialogo no ayuda a resolver los diversos problemas políticos y sociales en la entidad, su obligación es atender y resolver las demandas de la población
  6. Se hace indispensable documentar los casos de violaciones a los derechos humanos y exponerlos como forma de denuncia para coadyuvar a frenar esta situación tan lamentable.

Nos corresponde a todos poner nuestro granito de arena para que no se siga derramando más sangre del pueblo, para que no se sigan cometiendo más injusticias, quedar en silencio es hacernos cómplices de la represión, hoy el pueblo chiapaneco necesita de la solidaridad, démosla de diferente maneras, con un pronunciamiento, con la condena pública y con acciones de protesta.

¡Unidos y organizados a ejercer y defender los derechos humanos!
Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH)
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (REDNDDH)

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