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Tinta Socialista No 92. Las cárceles clandestinas son los lugares donde el Estado mexicano comete a diestra y siniestra crímenes de lesa humanidad

Miércoles 21 de agosto de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 21 de agosto de 2019

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Todo discurso tiene una intencionalidad, son juicios dirigidos a un destinatario para transmitir el pensamiento, va relacionado con la práctica que desempeña el sujeto en su cotidianidad, por tanto, todo lo que exprese el ser genérico a través del lenguaje es una manifestación de su conciencia y actitudes que asume en la vida diaria. Así como interprete la realidad objetiva es cómo va a actuar ella.

Los comentarios o frases que emitimos con los que interactuamos son dirigidos y llevan una intención, sea positiva o negativa se formula; falta a la verdad quien señala que, lo dijo sin pensar, no quise decir eso o se me chispoteo, porque somos producto de lo que pensamos. En consecuencia, todo cuanto hagamos corresponde a los intereses, ideología, y pensamiento, que decimos representar.

Llama la atención el comentario “…y se van a seguir pudriendo en las cárceles clandestinas…”, que hizo un comandante de la Policía Militar el pasado 19 de agosto del presente, cuando impidieron que colocáramos los rostros de los detenidos desaparecidos, en específico, el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en el plantón indefinido que tenemos instalado desde el 29 de julio frente a Palacio de Gobierno en la Ciudad de México.

El señalamiento que hace no es casual ni espontáneo es pensado, parte de su práctica política manifiesta a través del terrorismo de Estado con desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, violaciones sexuales o ejecuciones extrajudiciales. Conocen a la perfección qué hacen con las personas que son víctimas de esa política deleznable.

Detrás de esas palabras, ese sujeto de la Policía Militar expresó juicios que están intrínsecamente relacionados con la práctica política que desempeña como elemento de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA); es un agente del Estado que manifiesta los intereses político y económico que defiende, por tanto, sus dichos son despectivos, irónicos y llevan el odio de la clase social que representa.

El comentario despectivo de ese comandante de la Policía Militar es la confesión de la existencia de esos centros clandestinos, donde se castiga con tratos crueles inhumanos y degradantes a las víctimas. Fuera de todo derecho castigan a quien se organiza, al que protesta, al que lucha y denuncia las injusticias que comete el gobierno mexicano contra el pueblo organizado y no organizado.

En esas mazmorras las fuerzas policíacas y militares castigan al que se opone con la organización y lucha a la política antipopular y represiva de un gobierno que, en la medida que niega los derechos y libertades del pueblo emerge como tiranía. Ejemplos de ellos sobran, mismos que intentan ocultar para eludir la responsabilidad material e intelectual del Estado mexicano en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos.

No es un invento la presencia de cárceles clandestinas, lo comprueba la infinidad de testimonios de víctimas directas e indirectas que confirman la existencia de esos lugares, a donde son trasladados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes. Un caso concreto, es la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo reyes Amaya el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Quienes fueron sometidos a ese flagelo a través de un operativo, donde participaron las policías federal, estatal y municipal, así como elementos del ejército mexicano.

Hoy se sabe por las investigaciones que hicieron personalidades de alta calidad moral, organismos de derechos humanos y la parte jurídica que los militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario fueron trasladados a la procuraduría de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, posteriormente trasladados en muy mal estado al Campo Militar No 1 en la Ciudad de México. Eso indica que fueron trasladados a una cárcel clandestina de ese cuartel militar.

No es casual que la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 007/2009 donde señala la participación del Ejército mexicano en el cometido de esa grave violación a los derechos humanos, en las mismas condiciones están la resolución 29/2014 y la sentencia del juicio de amparo 942/2013-2, emitidas por un tribunal federal, donde señalan la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo como un delito grave, además de señalar al Ejército mexicano como uno de los responsables de perpetrar este crimen de lesa humanidad.

Otro caso que ejemplifica esta política criminal es la desaparición forzada por 27 horas y la tortura de la que fue objeto el compañero Javier González Pérez, quien fue detenido por dos agentes del estado vestidos de civil, trasladado a un lugar desconocido donde le infligieron tratos crueles inhumanos y degradantes, así lo señala en su testimonio, “se acercaron dos agentes del Estado vestidos de civil, quienes sin mediar palabra empezaron a golpearme, mientras se acercaba una camioneta de agentes ministerial color blanca, me subieron a ella, empezaron las amenazas y con ello la tortura psicológica para que les diera información sobre la organización. En todo el trayecto no supe a dónde me llevaban, sólo los golpes e insultos eran frecuentes”.

La detención arbitraria es clara, además de trasladarlo a un lugar desconocido para él, a quien en el trayecto fue objeto de tortura física y psicológica, “en el lugar, me metieron a un cuarto, adentro un comandante se puso un guante color blanco y empezó a golpearme en la cara hasta dejarme el ojo izquierdo morado, con tono amenazante me pedía información de la organización, al ver que no decía nada me amenazó con hablarle al Chema, o al chus Orantes –cacique de la región- y a Don Fermín para que ellos digan si en verdad me conocen”.

Entre sus verdugos estaba un comandante, quien constantemente lo golpeaba en la sien y oídos, con amenazas constantes para que diera información de la organización y de compañeros. Producto de la tortura quedó inconsciente largo tiempo hasta que recobró el conocimiento, pero ya lo trasladaban al CERESS No 5 de san Cristóbal de Las Casas, Chiapas, acusado de delitos que no cometió.

Los familiares del compañero fueron a preguntar por él, pero las instituciones del Poder Judicial negaron su paradero, pese a que lo tenían en sus propias mazmorras bajo tortura. Este caso particular es un botón de muestra de lo que sucede en toda la geografía mexicana, a través de la tortura y las cárceles clandestinas la policía federal, el Ejército mexicano y la Marina arrancan confesiones a las víctimas, que en la mayoría son delitos que no cometieron. De esta manera justifican su proceder criminal contra el pueblo.

Las cárceles encubiertas existen en todo el territorio nacional, son las ergástulas del Estado mexicano donde furtivamente cometen a diestra y siniestra crímenes fuera de toda ley. Los crímenes de lesa humanidad van de la mano con esa práctica política, son parte de la violencia que brota de las instituciones que descollan por su autoritarismo.

Los crímenes de lesa humanidad son producto de una política represiva gubernamental, del terrorismo de Estado y de la violencia que los grandes empresarios gritan a todo pulmón aplicar “el estado de derecho”, en esos términos, “aplicar el imperio de la ley” o “todo el “peso” se traduce en más violencia contra el pueblo.

Mientras persistan estás prácticas fascistas, donde la ley burguesa impone la dictadura del capital a través del cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, la lucha organizada, popular e independiente fuera de los estándares corporativos gubernamentales es una necesidad apremiante para el pueblo trabajador.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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