A los gobiernos federal y estatal de Chiapas, ¿De qué manera quieren platicar si su respuesta es el cometido de más crímenes de lesa humanidad contra integrantes de nuestra organización?

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Ciudad de México a 17 de julio de 2019

A la opinión pública

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) condena enérgicamente el intento de ejecución extrajudicial en perjuicio del compañero Delmar Eduardo Pérez Urbina de 23 años de edad por dos agentes del Estado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; crimen de Estado que intenta contener la lucha popular e independiente en esa entidad federativa.

El intento de ejecución extrajudicial contra el compañero Delmar Eduardo Pérez Urbina no es fortuito ni un caso aislado obedece a la ofensiva represiva orquestada por el gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas contra nuestra organización, quien desde el 20 de junio del presente años implementó medidas contrainsurgentes y mantiene bajo el acecho policíaco y militar a las comunidades donde tenemos presencia y arraigo en esa entidad federativa.

Este crimen se suma a la ejecución extrajudicial del compañero Mario Moreno López, ocurrida el 18 de junio de 2019; la desaparición forzada por 27 horas, tortura y detención ilegal del compañero Javier González Pérez, el 17 de julio de 2019; el intento de ejecución extrajudicial en perjuicio de los compañeros Juan Calixto Gómez Sánchez y Domingo Gómez Sántiz el 18 de julio de 2019, crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos en dos meses para contener la protesta popular y nuestra exigencia de JUSTICIA.

Al gobierno federal le preguntamos, ¿esa es la respuesta a nuestra demanda planteada desde 28 de julio del presente año?, fecha en que instalamos el plantón indefinido Perdón ¡Nunca! Olvido ¡Jamás! ¡Alto a la criminalización de la protesta popular!, frente a Palacio Nacional para exigir cese a la represión, hostigamiento y acecho policíaco militar contra nuestros compañeros en el estado de Chiapas.

Después de 15 días se acerca el funcionario Antonio Rodríguez Velázquez de la Subsecretaria de Gobierno federal por supuestas indicaciones de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al plantón que tenemos instalado frente a Palacio Nacional para ver nuestra demandas y peticiones. Después de 15 día se acercan para ver qué es lo que queremos. Consideramos una falta de respeto intentar dialogar y a la vez intentar ejecutar extrajudicialmente a un compañero en la entidad chiapaneca.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas no quiere solucionar las demandas de justicia del pueblo organizado, todo indica que la solución a las peticiones que plantea el movimiento popular son las prácticas fascistas, a través del cometido de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y la fabricación de expedientes incriminatorios para justificar su proceder criminal.

Con esa actuación criminal, tanto el gobierno federal como el estatal pretenden romper una posible solución con el pueblo organizado, hasta el momento la voluntad política sólo se ha visto de nuestra parte, contrario al actuar represivo del gobierno que dice “impulsar la cuarta transformación” en el país, cuando lo que se observa y vivimos es la violencia desenfrenada y el terrorismo de Estado.

¿Cuál es la seriedad que hay como entes políticos?, ¿de qué manera se quiere platicar si en los hechos es la represión que se quiere objetivar a través del cometido de más crímenes de lesa humanidad?, ¿qué diferencia existe entre este gobierno y los representados por gobiernos priistas de antaño? De esencia no vemos cambio alguno.

Si hacemos un recuento, en el gobierno de Enrique Peña Nieto por exigir la presentación con vida de los militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, respondió con el cometido de más crímenes de lesa humanidad, como botón de muestra en ese sexenio se perpetraron, el asesinato político del compañero Héctor Sántiz López, el intento de ejecución extrajudicial contra cinco compañeros en el la Ciudad de México, la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Sántiz, la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz, así como el asesinato político del compañero Víctor Alfonso Pérez López; graves violaciones a los derechos humanos que a la fecha los casos jurídicos permanecen en la impunidad sin castigar a los perpetradores.

Al contrario, los responsables materiales e intelectuales del cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad permanecen activos en la actual administración, como si nada hubiera pasado. ¿Eso a lo que llama punto final el Ejecutivo federal? Que consiste en olvidar el pasado, convivir con los asesinos del pueblo y sonreírles por los crímenes que cometieron y cometen en la actualidad. La respuesta es no, nos resistimos a aceptar esa realidad que día con día lacera a la humanidad entera.

No es posible que los criminales sean premiados en la actual administración con cargos políticos, no es posible que mantengan en las estructuras gubernamentales a torturadores, a criminales como el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, al Secretario de Gobierno de Chiapas Ismael Brito Mazariegos o a un gobernador cuyo único proceder es realizar labores de contrainsurgencia desde el siglo pasado contra el pueblo organizado.

En esas condiciones, ¿quién es el criminal, delincuente o vándalo?, ¿quién es el que transgrede la ley y la aplica a modo para justificar su proceder criminal?, desde luego, que son los mismo funcionarios y políticos de oficio al servicio de los intereses económicos y políticos de un puñado de oligarcas. Son ellos los que modifican las leyes, elaboran reglamentos, utilizan todo su aparato represivo, político e ideológico para contener la lucha popular y acallar las voces críticas al régimen neoliberal.

La pregunta sigue sin tener una respuesta, ¿esa es la política de MORENA?, ¿así piensa resolver los problemas el nuevo gobierno?, ¿van a continuar con el silencio institucional con el intento de ocultar la realidad que se viven en la entidad chiapaneca?, ¿van a señalar que es una fantasía más la violencia institucional que se vive? Esas prácticas fascistas implican políticamente al partido político de MORENA, en tanto que el gobierno encabezado por Rutilio Escandón Cadenas emanó de ese organismo político.

Al gobierno federal representado por Andrés Manuel López Obrador y al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas les decimos que La demanda LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL de nuestro compañero Javier González Pérez continua, JUSTICIA para el compañero Mario Moreno López permanece, podrán reprimirnos por nuestros ideales, pueden cometer desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o torturarnos, incluso pueden cometer las peores bajezas en nuestros pueblos, organizaciones o comunidades campesinas e indígenas, pero deben tener muy claro que por cada acto criminal materializado por sus agentes de Estado es una razón más para luchar, realizar acciones políticas de masas y denunciar en las calles que los criminales de Estado siguen en las estructuras de gobierno mexicano.

Responsabilizamos al gobierno federal y estatal de Chiapas de la integridad física y psicológica de nuestro compañero Delmar Eduardo Pérez Urbina, víctima de las prácticas fascistas de Rutilio Escandón Cadenas, Jorge Luis Abarca Llaven e Ismael Brito Mazariego.

Atentamente

¡Alto al terrorismo de Estado!
¡No más crímenes de lesa humanidad!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

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