Tinta Socialista No 91. Quitar el sentido político de la protesta diluye la responsabilidad material e intelectual de la represión

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Ciudad de México a 13 de agosto de 2019

A la opinión pública

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Las acciones políticas de masas son actos de protesta del pueblo, obedecen al descontento popular generalizado por las políticas represivas que afectan los intereses populares. La manifestación de esa inconformidad es una forma de protección colectiva ante las políticas represivas del gobierno mexicano; quien le quita la esencia política y económica diluye la responsabilidad material e intelectual de la represión, niega que los causales de ésta están en la crisis económica del régimen.

Es también expresión de la crisis política del régimen que desde administraciones anteriores tiene manifestaciones muy claras con cientos de miles de detenidos desaparecidos, más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales, miles de desplazados de sus lugares de origen, así como cientos de fosas clandestinas. Graves violaciones a los derechos humanos que tienen continuidad en la actual administración, aunque arenguen una transformación, la realidad expresa otra muy distinta.

Las causas de las manifestaciones de inconformidad son eminentemente políticas y económicas, la sociedad se marca cada vez más en dos polos antagónicos, por un lado, el pueblo trabajador sumido a las filas de la miseria y la pobreza, y por otro, un puñado de oligarcas que para acumular y concentrar riqueza fincan el desarrollo del país en el despojo violento de los recursos naturales y energéticos, la muerte de unos para el goce y disfrute de otros, la cárcel para luchadores sociales por defender sus derechos y libertades políticas, la criminalización de la protesta popular, así como el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad para infundir el terror en la población.

Lo anterior confirma nuestra tesis de que el terrorismo de Estado y la violencia institucional tiene sus orígenes en los cauces económicos, ahí donde se fincan proyectos de industrialización es donde hay más presencia policíaca y militar, donde el cometido de crímenes de lesa humanidad incrementa en mayor magnitud, los despojos violentos de sus lugares de origen se objetivan para garantizar territorio que haga efectivo la construcción de megaproyectos.

Desde la administración en turno y por las declaraciones de funcionarios se confirma que la intención es quitar el sentido político de la protesta y diluir la responsabilidad material e intelectual de la represión contra las organizaciones populares que no se someten a su política. En esas condiciones es más peligroso manifestarse, defender los derechos y libertades políticas que cometer un delito del fuero común.

El botón de muestra de esta política represiva es el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en el Estado de Chiapas, quien a través de sus funcionarios e instituciones se ha encargado de despojar violentamente a cientos de campesinos e indígenas de sus lugares de origen para entregarlas, según su lógica, a los “legítimos dueños”: los empresarios. Cínicamente hace pública la entrega de más de 600 hectáreas de tierra a sus “dueños”, una ofensa a la inteligencia humana, porque su política la materializa en el despojo violento del campesino pobre, lo condena a vivir en condiciones aún más precarias bajo el acecho policíaco y militar.

Un estado donde las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento, allanamiento de morada de luchadores sociales, asesinatos, tortura como método de investigación policíaca incrementan en mayor magnitud, realidad que contradice los discursos del ejecutivo federal, sobre apegarse con respeto a los derechos humanos, y que la administración chiapaneca dice respetar y apegarse a la política federal.

En esa lógica policíaca, todo aquel que proteste, realice acciones políticas de masas, defienda sus derechos y libertades políticas será catalogado desde las instituciones judiciales como “delincuentes”, no es casual que elementos de la Guardia Nacional allanaran las oficinas de integrantes del MOCRI-CNPA y les dijeran que son la delincuencia organizada que roba camiones. Nos develan que, para los elementos policíacos y militares, el pueblo organizado fuera de las estructuras gubernamentales es catalogado bajo esa concepción que criminaliza la lucha popular. Condiciones similares son las que enfrentamos en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) al señalar nuestra lucha como actos vandálicos o “delincuentes” o señalar que la detención de nuestro compañero Javier González Díaz fue por “robar una moto”.

El gobierno chiapaneco se apoya de algunos medios de comunicación para contribuir al linchamiento mediático, a base de mentiras e historias falsamente construidas intentan construir una verdad que justifique la represión o el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, así como quitar la esencia política de todo acto de manifestación o protesta del pueblo organizado.

En esas condiciones la pluma de algunos periodistas se equipará al fusil de un elemento policíaco, la fotografía de un informador se convierte en el arma represiva para fabricar expedientes incriminatorios y así justificar la actuación represiva del gobierno estatal. Política nada novedosa, pues en gobiernos anteriores se ejecutaba para justificar las carpetas de investigación y las detenciones arbitrarias.

La elaboración de historias contra organizaciones populares, están apegadas a un realismo mágico que extraen de la realidad objetiva los fenómenos políticos y sociales, desde las instituciones judiciales agregan elementos falsos que intentan imponer como una verdad, un ejemplo de ello, es la invención de que nuestra organización el FNLS violó la seguridad del camión panamericano y supuestamente se robó los millones de pesos que ahí se encontraban.

Esta forma de manejar la información es falso y tendencioso, porque ponen al pueblo organizado en la visión maniquea del bien y el mal, en este caso el pueblo organizado es el mal y el bien, el gobierno porque supuestamente aplica la ley. Maquiavélicamente justifica su inclinación fascista. Es ilógico que un camión con esas condiciones de seguridad sea quebrantado por campesinos e indígenas para quedarse con gran cantidad de dinero.

Durante 13 años de existencia como organización política de masas hemos sido criminalizados, reprimidos estigmatizados por nuestras formas de lucha, el costo de la represión ha cobrado víctimas, casos que permanecen en la total impunidad, sin que los familiares tengan acceso a una investigación pronta y expedita.

¿Cómo confiar en las instituciones judiciales si los funcionarios que ahí se encuentra aplican la ley a modo?, son ellos los que elaboran los expedientes incriminatorios a base de mentiras para justificar su proceder criminal, son los que deciden a quién detener, a quién desaparecer de manera forzada o ejecutar extrajudicialmente, es muy conocido que en el estado de Chiapas operan elementos policíacos vestidos de civil para materializar la violencia institucional.

Llama la atención que hombres con un historial policíaco y represivo como Jorge Luis Llaven Abarca, Brito Mazariegos y Rutilio Escandón Cadenas estén amparados en MORENA, la política que ejecutan en esa entidad federativa contradice la política de ese partido político sobre respetar los derechos humanos y hacer justicia a las víctimas. No hay diferencia alguna en la política que efectúan esos hombres en el estado de Chiapas, siguen los mismos patrones de gobiernos priistas, panistas y perredistas, que hoy hacen efectivas en la administración morenista.

Políticos de oficio, formados en las instituciones del régimen se amparan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reprimir. Aunque el gobierno federal señale que respeta la autonomía de las instituciones y gobierno locales en las entidades federativas es su responsabilidad atender los problemas sociales que surgen en el país, el silencio indica el aval de continuar con esta política deleznable.

El gobierno de Chiapas mantiene firme la posición de reprimir, el baño de sangre lejos de disminuir aumentará. Los discursos demagógicos del fiscal se mantienen, conoce muy bien que agentes del Estado vestidos de civil detuvieron y desaparecieron al compañero Javier González Díaz por más de 27 horas, que fue presentado con claras señas de tortura y por las movilizaciones de protesta de nuestra organización lo presentan. Con sus dichos, intenta diluir su responsabilidad en el cometido de este crimen, se empeña en fabricar delitos que justifiquen la descalificación y el linchamiento a través de campañas mediáticas de odio linchamiento para diluir su proceder criminal.

Cuando el pueblo dice BASTA y recurre a formas de protección colectiva ante los embates represivos del Estado, no obstante, es tachado de “vándalo”, “criminal” o “delincuente”. Lo que hace es recurrir a la defensa colectiva a través del derecho a la protesta para garantizar su protección ante el acecho policíaco y militar en el que se encuentra. Aquellos que por ingenuidad o por consigna condenan al pueblo que se organiza, lo único que hacen es alentar a que se pongan más medidas autoritarias y pro fascistas.

La ley del garrote en Tabasco y la espiral represiva en Chiapas son las dos caras de la misma moneda que conllevan a mayor represión, que implican penas más severas e injustas para los luchadores sociales, una política de esa naturaleza es autoritaria. Por más que digan que no se va a reprimir, los hechos confirman todo lo contrario.

La organización popular e independiente es una necesidad política, se mantiene vigente en tanto, los actos de injusticia estén presentes siempre habrá una razón para luchar, una razón para salir a las calles a desenmascarar la política represiva y autoritaria de los gobiernos en turno, una razón para mantener en las calles las acciones políticas de masas. ALTO A LA CRIMINALIZAICÓN DE LA PROTESTA POPULAR.

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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