El Estado continúa con la criminalización de la protesta y la lucha popular para justificar que nuestro compañero Javier González Díaz continúe detenido en el CERESS, no. 5

Heroica Puebla de Zaragoza a 10 de agosto de 2019.


A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares independientes
Al pueblo en general

A menos de un año de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ambos integrantes de Morena, ocuparon sus respectivos cargos, queda más que claro cuál es el papel del nuevo gobierno en la lucha de clases, reflejado en materia de derechos humanos: no habrá apertura de la cuarta transformación para el desarrollo y fortalecimiento de la lucha popular e independiente; sino la continuidad del autoritarismo, la violencia institucional: el terrorismo de Estado. Por tanto, la aplicación del “estado de derecho” siempre estará inclinada a favor de la oligarquía; la promoción, vigilancia, respeto, defensa y garantía de los derechos humanos viven en el discurso y en las legislaciones únicamente.

Así lo ponen de manifiesto no sólo la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros Manuel Martínez Bautista y Mario Moreno López, ocurridas el 24 de diciembre de 2018 y el 18 de junio de 2019, respectivamente; sino la detención-desaparición de nuestro compañero Javier González Díaz el 17 de julio de 2019, presentado 27 horas después, víctima de tortura y detenido arbitrariamente hasta el día de hoy; el intento de ejecución extrajudicial contra nuestros compañeros Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sánchez el 18 de julio de 2019; así como el constante hostigamiento en contra de nuestros compañeros en Chiapas por parte de elementos policiacos, militares, paramilitares; a lo que se suma el linchamiento mediático en correspondencia a los dueños del capital privado, nacional y extranjero que ven amenazados sus intereses con las acciones políticas de masas, no solo por la “pérdida” económica, sino porque el pueblo aprende que dichas acciones se vuelven una necesidad y que existe legitimidad absoluta en emprenderlas.

El gobierno chiapaneco ha demostrado que la criminalización, la sangre y el terror es la respuesta que tiene para el pueblo que lucha por mejorar sus condiciones, como lo ocurrido el sábado 3 de agosto del presente año, elementos de la policía estatal de Chiapas reprimieron brutalmente a estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá golpeándolos y lanzando gas lacrimógeno contra éstos dentro y fuera de las instalaciones de la institución.

Mientras que a nivel federal, el origen y formación priista de AMLO emerge de su persona de manera tan natural que a pocos meses de su mandato, mostró su verdadero rostro, es decir, la política con que se conducirá hacia el pueblo los siguientes años: demagogia, antipopularidad y represión, en su generalidad y de forma particular con todas las organizaciones populares que luchamos fuera del control corporativo del Estado.

En múltiples ocasiones declaró que no iba reprimir, dicho que sólo lo ha cumplido cuando se han manifestado organizaciones de la ultraderecha y oportunistas. Sin embargo, cuando ha protestado el pueblo que lucha de forma independiente se reprime sin miramiento alguno como lo muestran los casos de: Zamir Flores en Morelos, los compañeros del MOCRI en Chiapas, y a los comunitarios de las CRAC en Guerrero, conforman parte de la lista de los ejecutados extrajudicialmente por motivos políticos de la 4T.

Los actos criminales, violentos vandálicos y/o delincuenciales, no son originados por aquellos que nos organizamos en torno a demandas económicas y políticas, como se ha querido hacer creer; lo que realizamos son acciones políticas para contener los crímenes de Estado como una medida de autoprotección colectiva y para informar y clarificar al pueblo de lo que acontece, pues al ser una organización independiente no tenemos financiamiento en televisión, radio ni otros medios, con las acciones políticas forzamos a que nuestras demandas y posición política sean escuchadas; quien clame aplicar el estado de derecho burgués, reproduce las versiones oficiales, sin considerar las causas que originan y fundamentan nuestra lucha.

Por tanto, la ingenuidad no puede ser la que direccione nuestras opiniones o valoraciones en torno a estos últimos acontecimientos en las comunidades organizadas en el FNLS en Chiapas. El Estado ha demostrado no tener “buenas intenciones” o “voluntad política” para dar solución a las demandas más sentidas de nuestro pueblo, y menos aún hacia quienes consideren que atentan contra la iniciativa privada y que no se conducen por los caminos laberinticos que ofrece la vía institucional; por ello se esfuerza por cerrar todos los flancos: el uso de las fuerzas represivas oficiales (cuerpos policiacos y militares) y no oficiales (paramilitares); el uso de redes sociales para descalificar, imputar, incitar a la violencia; el pago a medios de comunicación para garantizar la censura y descalificación a organizaciones como la nuestra y la máxima difusión a las declaraciones de funcionarios, que hacen más declaraciones a los medios de comunicación que a las víctimas y sus familiares que exigen justicia; el uso de organizaciones corporativas y oportunistas que se sumen y secunden las declaraciones de dichos funcionarios; así como el uso de la vía jurídica para justificar la represión.

El día 7 de agosto los 5 policías retenidos fueron regresados a sus familias; tanto su retención como su entrega tiene una justificación política; no es vandalismo puro o atentar contra la seguridad, la integridad y la vida; esos objetivos son propios de los cuerpos represivos al servicio del Estado: anular la dignidad de la persona detenida ilegalmente como escarmiento por su participación política o como una medida de presión para obtener falsas confesiones o información para sus investigaciones extraoficiales. Al contrario, los elementos policíacos manifestaron de viva voz estar agradecidos con la comunidad de Río Florido porque les dieron comida, techo y cobijo; que cumplimos con nuestra palabra, voluntad y principios de lucha basados en el humanismo proletario.

Las administraciones a nivel estatal y federal ignoraron las solicitudes de los familiares de los policías, les dieron la espalda a “los de casa” ¿cómo pueden condenar y satanizar nuestras acciones y no pudieron dar una alternativa a las familias?; declarando constantemente que estaban en disposición de diálogo al punto de que entrara a reforzar la imparcialidad del titular de la CEDH en Chiapas, cuando en realidad ya los habían desechado, como siempre lo hacen con los servidores públicos y burócratas de los niveles menores. La cereza en el pastel de sus “loables” prácticas es la “oportuna asistencia” de Gabriela del Socorro Zepeda Soto, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la institución de salud donde hospitalizaron a los 5 elementos, bajo la justificación de su estado de salud física y emocional, a pesar de que los policías declararon que fueron tratados humanamente, garantizando sus necesidades básicas; permaneciendo en las mismas condiciones de vida en las que se encuentran nuestros compañeros en Río Florido; señores funcionarios, sírvase pues de reflexión que si en 20 días, bajo sus superficiales valoraciones, los policías se encuentran deteriorados físicamente, cuanto más lo están las 80 familias chiapanecas que han vivido ahí toda su vida, sin embargo cuándo se han preocupado por alimentación, calzado, vestido, seguridad social, vivienda, servicios básicos, educación, salud física y mental para nuestras comunidades organizadas y otras comunidades de Chiapas o a nivel nacional.

Reiteramos que nuestra organización siempre ha estado en disposición al diálogo, pero no por medio del amedrentamiento político ni militar, ni el condicionamiento a nuestra práctica política. Al contrario de ustedes, nosotros no abandonaremos a nuestro compañero Javier González Díaz y seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional, así como seguiremos denunciando la bajeza de su proceder institucional cuando piden cuotas de $3000 para no cambiarlo de celda y le niegan el derecho a la salud, mediante la atención médica oportuna. Eso se llama corrupción y la pregunta es ¿no se supone que el ataque a la corrupción es una de las prioridades de la cuarta transformación? ¿la investigación y el castigo a los responsables dónde queda? Nuestro compañero es un preso político y su único delito ha sido ser consecuente con la organización a la que pertenecemos.
Para el Estado, por comisión, omisión o aquiescencia, representado a nivel federal por Andrés Manuel López Obrador y estatal en Rutilio Escandón Cadenas las víctimas se han convertido en victimarios y desean que se aplique todo el peso de la ley. Sin embargo, cuántos años han transcurrido o tienen que transcurrir para que sean presentados con vida Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; Daniela y Virginia Ortiz, Fidencio Gómez Sántiz; se castigue y enjuicie a los responsables materiales e intelectuales de las ejecuciones de Héctor Sántiz López, Humberto Morales Sántiz, Manuel Martínez Bautista, Víctor Alfonso Pérez López, Fermín Mariano Matías, Gumaro Amaro Ramírez y recientemente nuestro compañero Mario Moreno López; así como del intento de ejecución extrajudicial de la compañera Rosa Hernández Reyes y posteriormente de los compañeros Rubicel Hernández García, Matías Flores Hernández, Jesús Hernández Reyes; y recientemente a Pedro Leonel Solano Gómez, Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sánchez. Por ahora la aplicación de la ley no es sinónimo de justicia, aplica sólo a favor de la clase que detenta el poder económico y político, por ello, la organización y lucha combativa es la alternativa para las masas proletarias para ver materializadas nuestras demandas.

¡Libertad inmediata e incondicional de Javier González Díaz!
¡Alto a la criminalización de la protesta popular!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS