Exigir justicia no es un “chantaje” como dice el gobierno chiapaneco

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Chiapas, México. 8 de agosto de 2019

A los medios de comunicación

A las organizaciones hermanas

Al pueblo en general

Exigir justicia no es un “chantaje” como dice el gobierno chiapaneco

El gobierno de Chiapas pretende reducir vilmente la exigencia legítima de justicia a un simple acto de “chantaje”, así denomina a las acciones de protesta que el pueblo ejerce para luchar por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos.

Las acciones de protesta para lograr que las autoridades encargadas de impartir “justicia” escuchen y atiendan los diversos casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada no son “actos de chantaje”, son expresiones de lucha legítimas que las víctimas y el pueblo tienen para acceder al derecho a la justicia ante la negativa e impunidad que ofrecen las instituciones gubernamentales.

Desde hace más de tres años como FNLS exigimos la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, dos años en exigir el juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial de nuestro compañerito Humberto Morales Sántiz, más de un mes de exigir castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Mario Moreno López, y más de dos semanas de exigir la libertad de nuestro compañero Javier Gonzales Díaz detenido ilegal e injustamente por el Estado, sin tener hasta ahora una respuesta clara.

La Fiscalía General del Estado guarda los expedientes de estos y otros casos más de graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra nuestra organización, en cada carpeta se observa nulos avances lo que da paso a la impunidad, en dichos expedientes aparecen pruebas y nombres de responsables, por ejemplo, el grupo paramilitar “los petules” responsables de la ejecución extrajudicial de Humberto, a pesar de esas pruebas la Fiscalía se niega a hacer justicia.

En el caso de Javier, la Fiscalía le prefabricó delitos para justificar su detención injusta, montó una historia para mantenerlo en prisión a manera de castigo por su actividad política como defensor del derecho a la tierra y por exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

El Estado protege a los responsables, les otorga impunidad para que sigan cometiendo más crímenes, si este es el actuar del gobierno, el pueblo únicamente le resta usar su legítimo derecho a la protesta para ser atendidos, escuchados y lograr la anhelada demanda de justicia. En todo esto no cabe la idea de que el pueblo “chantajea” al gobierno, eso es solo una invención para diluir la responsabilidad gubernamental en los crímenes de lesa humanidad.

Manifestarse no es “chantaje” porque con las acciones políticas de protesta no se busca beneficios personales de ningún tipo, sino, que se busca lograr una demanda general para todo el pueblo, justicia y alto a los crímenes de Estado, se busca frenar la represión, el cometido de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

“Chantaje” es un argumento infame del gobierno chiapaneco para deslegitimar la lucha de familiares de víctimas de terrorismo de Estado y organizaciones por justicia. “No cederemos a chantajes” dice para reafirmar su compromiso de imponer la impunidad y continuar con los planes represivos que se vienen gestando desde sexenios anteriores.

Resulta que no estar de acuerdo con la política del perdón y el olvido para el gobierno chiapaneco es sinónimo de ser “chantajista”. No cabe duda que su profesión represiva llena su lenguaje de conceptos vulgares y criminalizadores para justificar su actuar criminal.

Hasta la fecha el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas se mantiene amenazante con aplicar el “estado de derecho” como una medida que criminaliza la protesta popular y justifica la represión, pero ni una sola palabra ha dicho en atender las demandas de justicia, mucho menos en investigar los casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Preguntamos al gobierno de la cuarta transformación en Chiapas ¿va a atender las demandas de justicia del pueblo? ¿Va a desarticular los grupos paramilitares? O ¿va a continuar con sus acciones represivas y criminalizar la protesta popular?

Para nosotros nos queda claro, no “chantajeamos”, ejercemos nuestro legítimo derecho a la protesta para exigir justicia y alto al cometido de crímenes de lesa humanidad. Lo que expresa el gobierno chiapaneco es su cerrazón al dialogo, su intención de perpetuar la impunidad y de desarticular a las organizaciones populares.

Si el gobierno dice atender “al pueblo”, la realidad lo demostrara cuando no exista ni un solo grupo paramilitar en la entidad, cuando los desplazados regresen a sus hogares, los familiares tengan acceso a la verdad y justicia, cuando se dé con el paradero de los detenidos desaparecidos y cuando se deje de criminalizar la protesta popular.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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