Tinta Socialista No 89. La criminalización de la protesta popular es política de gobierno en la actual administración

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Ciudad de México a 30 de julio de 2019
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La criminalización de la protesta popular es una política de gobierno en la actual administración que de manera sistemática se comete contra organizaciones populares, defensores de los derechos humanos o luchadores sociales; práctica gubernamental que se materializa en la fabricación de delitos, la descalificación de las luchas populares a través de campañas mediáticas de odio y linchamiento, las amenazas constantes de imponer el “estado de derecho” y el constante hostigamiento policíaco militar para justificar la represión o el cometido de crímenes de Estado y lesa humanidad.

Para muchos es muy conocido el incremento de violaciones a los derechos humanos en la parte sur del país, lugar estratégico para el gobierno mexicano por la imposición de proyectos económicos en puerta para beneficiar a empresarios, tanto del país como del extranjero”, con ello aseguran la obtención de materia prima, mano de obra barata y calificada, así como un mercado de consumo en el territorio mexicano que garantice el incremento de sus tasas de ganancia.

Proceso de industrialización, que tiene como punto de partida el Plan Puebla Panamá y proyecto Mesoamericano, que la administración actual lo presenta con denominaciones diferentes, como el Tren Transpeninsular, mejor conocido como tren Maya, el corredor transpacífico y las refinerías; razón por la que el gobierno federal otorga concesiones a las transnacionales para la explotación de materias primas y construye infraestructura carretera para la circulación y realización de mercancías.

Por eso la prioridad de que la Guardia Nacional esté en la región sureste del país, su presencia obedece a preservar los intereses del capital monopolista transnacional; tampoco es casual la modificación al código penal del estado de Tabasco (Ley Garrote), porque jurídicamente quitan todo aquello que consideren un obstáculo para preservar sus intereses de clase, en otras palabras, pueblo que proteste o realice acciones políticas de masas será tipificado como “delincuente” o “vándalo”.

Lo cierto es que la violencia institucional y el terrorismo de Estado incrementó en esos lugares estratégicos, ahí se expresa en mayor magnitud esta política de gobierno con desalojos violentos, donde ha participado la Guardia Nacional, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, amenazas, intentos de ejecución extrajudicial y detenciones arbitraria; graves violaciones a los derechos humanos que cometen las diferentes corporaciones policíacas y militares con la protección y el amparo del gobierno mexicano.

Crímenes de Estado y de lesa humanidad que tienen la protección de las leyes hechas a modo, de un estado de derecho burgués para proteger los intereses político y económico de un puñado de oligarcas y empresarios; el objetivo es imponer a sangre y fuego los megaproyectos que en los hechos le da continuidad a la política neoliberal del régimen.

Ante cada acción de protesta que realice el pueblo organizado para manifestar su inconformidad o defender su derecho es tratado como “criminal”, “vándalo” o “delincuente”, el descaro es tal que, los propios legisladores señalan que las leyes avaladas en congresos locales son necesarias para evitar “extorsiones, chantajes o intereses personales”, con ello se comprueba que las leyes no están hechas para proteger al pueblo trabajador sino para preservar los intereses de empresarios.

Imponer pena carcelaria de más de 10 años de prisión a quien realice marchas, bloqueos de carreteras u obstruyan la obra pública y privada viola totalmente los derechos humanos, ninguna ley local o nacional puede estar por encima del derecho a la vida, al trabajo, a tener una vivienda digna, a la defensa de la tierra, a la educación, a la salud, todos aquellos derechos que garantizan una mejor calidad de vida para el hombre.

Las protestas no son ocurrencias personales o chantajes son un derecho humano reconocido ante organismos internacionales en la materia, donde especifican que estas libertades esenciales no están sujetas a leyes locales o a las establecidas en lo nacional, porque tratarse de derechos fundamentales del hombre que garanticen una vida digna.

Gobierno que criminalice esta lucha evidencia su carácter profascista, autoritario e impopular, porque niega el derecho a disentir y a pensar diferente. Si se aprueba una ley que impone penas carcelarias al pueblo que proteste para “no afectar” la construcción de megaproyectos, ¿qué tanto nos falta para que en los demás estados de la República se impongan?, ¿cuánto nos falta esperar para que las prácticas fascistas sea una forma de gobernar en este país?

No es casual que el gobierno chiapaneco en tan sólo ocho meses de gobierno haya cometido desalojos violentos de campesinos e indígenas de su tierra con la participación de la Guardia Nacional, cometa ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas para generar un ambiente de terror que justifique la represión y las graves violaciones a los derechos humanos.

Un caso que ejemplifica esta política es lo sucedido contra nuestro compañero Javier González Díaz el 17 de julio del presente en el municipio de Villa la Rosa, donde fue detenido desaparecido por dos sujetos vestidos de civil durante 25 horas, tiempo en el que fue torturado y trasladado al CERESS No 5 de San Cristóbal de Las casas, por esa grave violación a los derechos humanos se hicieron acciones de protesta mismas que fueron descalificadas y estigmatizadas por el gobierno mexicano.

Con todo su aparato represivo y mediático al servicio del Estado orquestó una ofensiva represiva a través de una campaña mediática de difamación, descalificación y señalamientos dolosos para criminalizar la exigencia de presentación con vida de nuestro compañero, así como su libertad inmediata. Estrategia esencialmente contrainsurgente con la intención de aislar la lucha popular para justificar su actuar represivo.

Las intenciones del gobierno mexicano son claras, su prioridad es imponer con violencia y terrorismo de Estado los megaproyectos económicos; los beneficiados son la oligarquía y empresarios, hombres del régimen que tienen inversiones millonarias para incrementar sus cuotas de ganancia en detrimento de millones de masas trabajadoras que viven en la pobreza y miseria.

La organización independiente es una necesidad, la lucha por nuestros derechos fundamentales se defienden por la vía de los hechos, podrán criminalizarnos, elaborar expedientes incriminatorios que justifiquen la represión, elaborar órdenes de aprehensión y cometer cuantas detenciones arbitrarias, pero no detendrán nuestros ideales ni la justeza de nuestra lucha. LIBERTAD INMEDIATA DEL COMPAÑERO JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ, preso injustamente.

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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