Las declaraciones de la Fiscalía General del Estado y del gobierno estatal presentan una realidad a modo para justificar la represión en curso.

, por  Chiapas , popularidad : 1%

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 21 de julio de 2019

A los medios de comunicación nacional e internacional
Al periódico Cuarto Poder
A los organismos defensores de los derechos humanos
A la opinión pública

En nuestro derecho a réplica, nos dirigimos de manera respetuosa a la casa editorial del periódico impreso Cuarto Poder, así como a los demás medios de comunicación que han hecho público las declaraciones del gobierno del estado de Chiapas, que en aras de la imparcialidad y mayor objetividad se publique las siguientes opiniones, toda vez que son parte de la situación política por la que atraviesa la entidad chiapaneca.

Consideramos que es necesario dar a conocer nuestra opinión, no sólo por ser víctimas directas de la actual política represiva gubernamental, sino porque en función de tales juicios políticos están en juego vidas humanas que luchan por mejores condiciones de vida y que serie un acto de irresponsabilidad mantener una actitud parcial a una de las partes.

El día 21 de julio, uno de los medios impresos estatales como el Cuarto Poder, emite dos notas en sus páginas, donde se dan a conocer declaraciones de instituciones gubernamentales de la entidad, las cuales evidencian el actuar represivo y la maniobra política para justificar la represión.

En las notas tituladas “No se tolerará ninguna manifestación violenta” y “Liberan tramos carreteros tomados por grupos” se hacen afirmaciones desde la institucionalidad que no son objetivas y que pretenden justificar la represión que se ejerce contra el movimiento popular independiente y de manera particular contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

En uno de los párrafos se expresa lo siguiente:

“El Gobierno de Chiapas manifiesta que respeta las libertades constitucionales de las y los ciudadanos en todas sus manifestaciones; sin embargo, no tolerará las acciones y conductas antisociales que violenten las libertades de terceros”

En franca alusión a las libertades constitucionales, esta afirmación es una total farsa, debido a que, por más solicitudes de diálogo y atención desde los cauces institucionales, diferentes dependencias, instituciones de gobierno y funcionarios siempre se negaron a entablar comunicación y diálogo con los que conformamos el FNLS.

Para ellos las acciones de defensa colectiva constituyen acciones de conducta antisocial; ¿Entonces, es una conducta socialmente aceptable detener y desaparecer de manera forzada a personas por pensar y actuar de manera diferente, por tener una ideología propia afín al pueblo trabajador? ¿Es una conducta socialmente aceptable la tortura y despojo de tierras que sirven para el sustento familiar? Claro que no, tales afirmaciones solo expresan la intención de justificar el uso de la fuerza pública para reprimir a las organizaciones independientes.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, pese a su negativa de reconocerlo no ha estado dispuesto al diálogo ni el respeto a las diferentes formas de manifestación, y si dicen conducirse con la “mística del nuevo régimen democrático”, es claro que tal régimen se encuentra para perpetuar la desigualdad, donde la represión se convierte en un recurso político para los gobiernos con el objeto de garantizar los intereses de la clase que detenta el poder, que es la burguesía.

Continúa la nota:

“Rechaza de manera absoluta toda acción violenta de algunos grupos de personas que sólo buscan satisfacer intereses particulares y actúan contrario a la búsqueda del bien común”

Esta sentencia expresa el verdadero carácter del nuevo gobierno, porque cuando el pueblo se decide a defender sus derechos y fundamentalmente su integridad física y psicológica el gobierno le llama acciones violentas. ¿Acaso no constituye un acto de violencia la detención desaparición forzada, tortura como la que fue objeto nuestro compañero Javier González Díaz?

Señores funcionarios, sus dichos saltan a la vista como una contradicción con la realidad, que en el proceder político se llama demagogia y mentira para conseguir su objetivo, el de doblegar la voluntad de lucha de los pueblos organizados para que aceptemos pasivamente los designios de los gobiernos antipopulares, así como la explotación económica y la opresión ideológica.

¿A qué intereses particulares se defiende señores funcionarios? Nos acusan de satisfacer intereses personales, claro que no, la defensa que hacemos es la propia existencia de manera colectiva, de nuestra integridad física y psicológica, y entre compañeros no podemos permitir que sean víctimas de la violencia de Estado. Son ustedes, personeros del nuevo gobierno quienes en la defensa de intereses económicos personales se valen del monopolio de la violencia para lanzarla contra los sectores que realizan crítica política a la forma de proceder del régimen democrático burgués.

Finalmente, la primera nota termina con la afirmación:

“Finalmente, exhorta a todos los sectores a privilegiar el diálogo y a no actuar fuera del marco de la ley, reiterando que ninguna conducta antisocial quedará impune…”

Detrás de tal “exhortación” se esconde la amenaza de continuar ejerciendo la represión masiva y selectiva contra los que protesten y se defiendan de la violencia gubernamental. Si los ánimos son de mantener el diálogo, esperamos que se generen los cauces institucionales para entablar la discusión política, de lo contrario las afirmaciones anteriores cumplen el papel de justificar la represión y deslindarse de los cometidos de crímenes de Estado, es demagogia pura que tiene como objeto defender los intereses de la burguesía.

En la segunda nota sobresale por una serie de mentiras y calumnias hechas para justificar la violencia que aplica contra el FNLS, la misma que se aplicó contra el MOCRI y hoy se pretende perpetuar como sello característico del nuevo gobierno.

“Elementos del grupo interinstitucional restablecieron la libre circulación en dos vías de comunicación que mantenían bloqueadas grupos de personas en los tramos carreteros Venustiano Carranza-Pujiltic y Chiapas de Corzo-Villa de Acala.”

“Elementos antimotines de la SSyPC y de la FGE, con apego total a los derechos humanos, sin uso de la violencia, desplegaron en ambos casos el operativo que se realizó bajo los protocolos de desalojo que marca la ley. Es decir, se procedió en acato de una autoridad jurisdiccional competente. Antes se agotaron los medios de conciliación necesarios para evitar esta acción. Ningún elemento portaba armas de fuego, ni gases tóxicos.”

Las acciones en los tramos carreteros que el gobierno sólo entiende como actos irracionales y presenta como bloqueos, son una versión falsa de dichos acontecimientos, debido a que toda acción que realizamos está en estricto apego a las necesidades políticas y en respuesta a la violencia que proviene de los diferentes órdenes de gobierno.

Nosotros realizamos actividades de información y denuncia producto de la detención violenta y desaparición forzada de nuestro compañero Javier González Díaz ocurrido el 17 de julio en los alrededores del panteón municipal de Villa Las Rosas, cometido por agentes del Estado vestidos de civil.

La motivación de realizar acciones políticas de denuncia surge por la propia acción violenta del Estado, en este caso del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas al intentar cometer un crimen de lesa humanidad.

Para el día 18 de julio la autoridad no había dado parte a los familiares del compañero Javier González acerca del motivo de la detención, momento en el que compañero estaba siendo torturado por elementos de la policía, a quienes hoy defiende al decir que actúan con estricto “apego a los protocolos de derechos humanos”, denuncia que el portal de noticias PROCESO señaló con puntualidad y objetividad; el gobierno de Rutilio Escandón a través de las autoridades municipales de Villa Las Rosas y Teopisca fueron quienes iniciaron la ofensiva contra los militantes del FNLS; ante tal escenario todo indicaba que el compañero además de ser desaparecido de manera forzada y torturado, pudo haber terminado como una víctima más de ejecución extrajudicial y quien quedaría en total impunidad , tal y como sucedió con el compañero Mario Moreno López el 18 junio, apenas hace un mes, ya que las propias autoridades municipales, sobretodo fiscales se han negado a dar seguimiento a la investigación de tal crimen de lesa humanidad.

¿Qué actitud esperaban que tuviera un pueblo organizado? ¿Esperaban que nos quedáramos callados a merced de la violencia de Estado que se yergue contra nosotros? Tal actitud pasiva conlleva la lógica de legitimar un gobierno represivo y autoritario. Es aceptar que los crímenes de Estado se sigan cometiendo y que el pueblo abandone la lucha por mejores condiciones de vida.

Es completamente falso que las acciones de desalojo se hayan hecho con apego total a los derechos humanos, sin uso de violencia, ya que en sí un acto represivo es un acto violento, porque conlleva el despojo de tierras que han sido recuperadas. Además de que los policías, pero sobre todo la Guardia Nacional llegó sin mediar palabras, disparando gases lacrimógenos que le dejó una herida en la espalda al impactarle un proyectil al compañero Juan Girón Pérez, imagen que puede consultarse en nuestra página oficial.

Sin embargo, si para el gobierno de esto se trata el respeto a los protocolos de defensa de los derechos humanos, entonces, el pueblo se encuentra en completa indefensión, porque aún a pesar de ello se atenta contra la integridad física y psicológica de los que se organizan por la defensa de sus derechos y libertades políticas.

De ello, llama la atención que el acto represivo en su modalidad de desalojo e intento de detención masiva, se haya procedido en “acato de una autoridad jurisdiccional competente”; tal declaración constituye la confesión que desde una instancia federal o estatal se dictan las órdenes para ejercer la represión masiva y selectiva. ¿Quiénes están detrás de la ofensiva represiva contra el FNLS?

No dudamos que el gobierno federal esté enterado de la situación violenta que padece el pueblo organizado en Chiapas y en particular los que militamos en el FNLS, por tanto, nos cuestionamos ¿Está de acuerdo con la forma de gobernar de Rutilio Escandón Cadenas? Desde el mismo partido político que los distingue, ¿Está de acuerdo con el uso de la Guardia Nacional como puntal represivo contra el pueblo organizado? Rutilio Escandón Cadenas mantiene una actitud autoritaria, una política de gobierno represiva que puede entenderse como continuidad del terrorismo de Estado que distinguió a los partidos políticos anteriores que estaban en la silla presidencial federal.

Es totalmente falso que se hayan agotado “los medios de conciliación necesarios para evitar esta acción”, en referencia a los desalojos y a la aplicación de la violencia. Nuestros compañeros siempre y en todo momento acudieron a las citas que desde el Comité Estatal de Derechos Humanos se hicieron, pero en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, cuando arribaron para establecer la comunicación y el diálogo fueron recibidos con un absurdo y hecho vulgar, al decirles que la reunión no estaba programada.

¿Acaso quienes llevan a cabo la Cuarta Transformación en Chiapas no están en coordinación o se trata de una treta al interior para generar contradicciones? Nada de eso, se trata de una política dilatoria, de burla hacia el pueblo organizado, y del carácter demagogo del “gobierno del cambio” porque en vez de atender las demandas y exigencias responde con represión, anulando toda vía de diálogo del que tanto se hace alarde desde las oficinas gubernamentales.

Por si no fuera suficiente, las autoridades municipales de Venustiano Carranza, a través de la delegación de gobierno convocó a una reunión para abordar el tema de la ejecución del compañero Mario Moreno López, pero al acudir una comisión de compañeros de la región, fueron recibidos de la misma manera, con una respuesta absurda: “vengan mañana porque hoy no hay ninguna cita ni plática con ustedes”.

¿Acaso a esto se le llama “agotar los medios de conciliación necesarios”? Se entiende que la actitud de los funcionarios corresponde a la política demagoga, en franca política dilatoria para generar desgaste y justificar posteriormente la represión. Nunca se atendió al FNLS, ni en instancias estatales, municipales o a través de las delegaciones de gobierno; que hoy pretendan justificar la represión con una afirmación de ese tipo sólo revela el carácter represivo del actual gobierno, y MORENA como partido político electoral se manifiesta como un grupo de funcionarios que son más de los mismo, represores, autoritarios, demagogos y serviles a los interese de la clase que detenta el poder económico, de la minoría opulenta.

Por último, termina la nota con lo siguiente:

“Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició carpetas de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos violentos ocurridos en los tramos carreteros Venustiano Carranza-Pujiltic y Acala-Chiapa de Corzo.”

Esto significa que lejos de comprender los reclamos sociales y sus formas de organizarse, se guía por el estado de derecho burgués, donde no existe espacio para la crítica política, para el modo de pensar diferente y la organización de manera independiente de las garras corporativas del gobierno. El gobierno actual, al igual que los gobiernos anteriores, criminaliza los actos de protesta, de organización y los métodos para ejercer la denuncia y solución a los problemas sociopolíticos.

Las acciones que hemos emprendido constituyen medidas de protección colectiva para no permitir que la represión cobre más vidas de compañeros, para que no se cometan más crímenes de lesa humanidad y de Estado, como el que se pretendió consumar con nuestro compañero Javier González.

Rechazamos que desde la oficialidad institucional se nos pretenda imputar los epítetos de vándalos en relación a las acciones de defensa colectiva, lo acontecido con los camiones son una forma de protesta combativa y necesaria ante la espiral de violencia con que se nos trata. Fue la forma en la que pudimos rescatar al compañero Javier de su condición de desaparecido de manera forzada, por eso hoy la insistencia del gobierno de señalarnos nuestras acciones como actos vandálicos.

Desde el gobierno y el estado de derecho burgués todo lo que atente contra el interés oligárquico, será definido como vandalismo, razón por la cual las demandas del pueblo no son atendidas.

Es un hecho innegable que, de no haber tomado las medidas políticas al día siguiente de la desaparición forzada del compañero, no lo volveríamos a ver con vida, porque estadísticamente, los detenidos desaparecidos terminan ejecutados extrajudicialmente o se mantienen en las mazmorras clandestinas del Estado.

Ahora el gobierno, producto de la serie de pruebas que salen a flote con el testimonio del compañero Javier González y del compañero Pedro Solano y de los que han sido víctimas de la violencia policíaca militar en estos días, como los compañeros Juan Calixto, Domingo y Juan Girón, y las condiciones físicas en las que se encuentran, es inocultable la mano del Estado en el cometido de un crimen de lesa humanidad y demás acciones represivas, de ahí la intención de dar continuidad a la criminalización de la protesta y de todo cuanto hagamos los que somos parte del FNLS.

El gobierno continúa en la elaboración de expedientes incriminatorios para luego desatar otra oleada represiva en su modalidad de detenciones selectivas, del que pretende hacerse hacia los diferentes sectores que comprenden el FNLS, como lo refleja el testimonio del compañero Javier, a quien le insisten dé información del compañero Jantán. Las amenazas de detención injusta pueden concretarse por la actitud y vocación represiva del actual gobierno.

Detrás de las actuales afirmaciones gubernamentales se hace omisión de la participación de la Guardia Nacional, institución policíaca militar que encabeza la represión en donde hace presencia, que lejos está de cumplir el papel que desde la voz del ejecutivo federal se afirmó.

La Guardia Nacional es el instrumento por excelencia del actual gobierno para ejercer la represión y concretar los crímenes de lesa humanidad y de Estado contra el pueblo organizado. Su participación en Chiapas con su despliegue ha significado el crecimiento de los índices de delincuencia común, mayor violencia contra el pueblo y más crímenes de Estado.

Más se tardó en concretar su formación y legalización en lo que se usó para reprimir a los sectores populares organizados. De la Gendarmería Nacional creado en tiempos de Enrique Peña Nieto a la Guardia Nacional que exigió Andrés Manuel López Obrador, en esencia no existe cambios, sólo de forma y de nombre, porque ambos son el puntal represivo de cada gobierno.

Las afirmaciones hechas por el Gobierno del estado y de la Fiscalía General del Estado, en Chiapas, se hacen con el objetivo de justificar su proceder represivo y autoritario, donde las mentiras, hechos falseados son el distintivo de la política y de las instituciones procuradoras de justicia.

Tales afirmaciones se hacen con el fin de mantener detenido al compañero Javier González Díaz, en su calidad de preso político y rehén para que desistamos de nuestras exigencias de justicia y aceptemos pasivamente la violencia de Estado.
La intención de perseguir las formas de organización y protesta mediante la elaboración el expediente incriminatorio constituye una forma más de criminalización y judicialización del derecho a la organización y manifestación.

Las acciones de defensa colectiva son un recurso que el pueblo tiene y debe ser usado en cualquier momento, desde el momento en que el gobierno en turno mantiene una política de oídos sordos, de desgaste, de dilación y fundamentalmente de represión, porque el pueblo que se queda callado nunca es escuchado.

Mantenemos la exigencia:

  1. Que se abran los cauces políticos para el diálogo, tal y como lo afirman en dichas declaraciones y sentencias políticas.
  2. Cese a la represión contra los que militamos en el FNLS y el conjunto del movimiento popular.
  3. Libertad inmediata e incondicional y atención médica del compañero Javier González Díaz.
  4. Retiro inmediato de la Guardia Nacional y demás corporaciones policíacas de las comunidades que son parte del FNLS. De la comunidad 20 de junio y Nueva Altamira.
  5. Cese a la elaboración y, cancelación de expedientes incriminatorios por parte de las instituciones gubernamentales que sólo alientan el clima represivo.
  6. Justicia y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial del compañero Mario Moreno López.
  7. Desarticulación y retiro de la Guardia Nacional de Chiapas.

Los responsables de los actos represivos están a la vista, son el gobierno estatal en coordinación con el federal, el titular de la Fiscalía General del Estado y los gobiernos municipales de Ocosingo, Altamirano, Teopisca, Villa Las Rosas, Acala, y Venustiano Carranza. Responsables también de la integridad de los que somos parte del FNLS.

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

Navigation