Tsajal Ek´No. 6: Vaivenes de la situación actual en Chiapas

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Analísis y propuesta del FNLS en Chiapas

5 de julio de 2019

Vaivenes de la situación actual en Chiapas

Los vaivenes de la situación económica, política y social en Chiapas se caracteriza por las deplorables consecuencias que genera la crisis económica capitalista, ante esta condición el régimen se enfrenta a las propias leyes del desarrollo del régimen, éstas le son aparejadas fenómenos como el terrorismo de Estado, la imposición de los intereses del capital monopolista transnacional que desembocan en mayor precariedad material, violencia institucional para los amplios sectores populares en la entidad como en el resto del país.

La militarización como expresión de la imposición de un Estado policíaco militar es un hecho palpable en la entidad, las reiteradas declaraciones hechas por el gobernador chiapaneco dan cuenta de este hecho innegable “(…) fortalecer el Estado de Derecho, (…) la Guardia Nacional, es un apoyo extraordinario porque son elementos bien entrenados y con conocimiento de las normas jurídicas para fortalecer los temas de seguridad.” Con estas palabras el ingenuo o el sujeto despolitizado puede creer en semejante acto demagógico.

La presencia del ejército mexicano en diferentes municipios de Chiapas implica la agudización de la política contrainsurgente, la guerra de baja de intensidad, mayor control social contra el pueblo en esta región de la República, por tanto, la Guardia Nacional en las calles y carreteras del estado no significa seguridad para los trabajadores, sino la continuidad del terrorismo de Estado, es la objetivación de los planes imperialistas.

La expresión del gobierno de que los militares son conocedores de las normas jurídicas es un eufemismo, así se pretende suavizar que la presencia de las fuerzas policíaco-militares tiene el respaldo de la legalidad burguesa y según su lógica, atentar contra todo trabajador que sea sospechoso con el pretexto de frenar el flujo migratorio, en suma, para atentar contra los derechos y libertades políticas del pueblo.

Colocar retenes a diestra y siniestra en la entidad con el artilugio de una “contingencia migratoria” viola el derecho constitucional del libre tránsito. Con esta falacia, se dota al ejército de facultades cuasi fascistas, el migrante es el argumento para estigmatizar, criminalizar y ejecutar medidas policíaco-militares como el registro fotográfico que hace el ejército, por ejemplo, en el transporte público.

¿Para qué requiere el ejército un registro fotográfico? ¿Será acaso una base de datos que facilite el cometido de crímenes de lesa humanidad? ¿Identificar migrantes es una labor de los agentes militares? O es que las instancias migratorias ¿fueron superadas o copadas de agentes policíaco-militares? Es más, ¿Cómo se explica el Estado mexicano y sus instituciones el deambular de migrantes en el centro y norte del país tras la medida impuesta por el imperialismo norteamericano?

El argumento recurrente es la trata de personas a través de los conocidos “polleros” o bien la delincuencia organizada, pero, no podemos pasar por alto que en la sociedad capitalista la corrupción y el comercio son prácticas naturales de éste. La trata en términos de la economía política es el comercio de personas, es medrar con la necesidad de los explotados, para esto, el Estado y sus instituciones son parte de esa maraña de descomposición política.

En los hechos observamos que las fuerzas policíaco-militares tienen la facultad de atentar contra los derechos humanos y constitucionales del pueblo. La migración como argumento es usada al mismo tiempo para garantizar los intereses de la oligarquía nacional y extranjera, para este fin, la criminalización y el hostigamiento serán una práctica recurrente.

El titular del ejecutivo estatal manifestó ante los medios de comunicación que, “(…) ante las problemáticas, siempre se privilegiará el diálogo y la fuerza de la razón para garantizar los derechos humanos y el bien común.” Otra declaración demagógica; la realidad chiapaneca nos indica que el descontento popular incesante en la entidad refiere que el diálogo es la indolencia, la represión y persistencia de la realidad de crímenes de lesa humanidad en la entidad.

El asesinato de nuestro compañero Mario Moreno López es un ejemplo de que el gobierno miente. Responder con derramamiento de sangre a la problemática de los crímenes de lesa humanidad, represión, hostigamiento en sus diferentes modalidades ante la exigencia de justicia y las demandas más sentidas del pueblo, eso no es diálogo, es la continuidad de un gobierno represor que se ampara en el partido político del régimen y con el argumento de “gobernar para los más humildes”.

La represión ejercida contra el Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) que contempla crímenes de lesa humanidad contra sus representantes, presos políticos y desalojos violentos, es el indicativo de que la política represiva tiene un objetivo eminentemente contrainsurgente contra organizaciones populares.

Y cuando el pueblo disiente de los planteamientos del Ejecutivo estatal lanza su amenaza, “Que no se confunda, nosotros respetamos mucho toda libertad de expresión y manifestación, sin distinción, siempre y cuando sea pacífica y de acuerdo a la ley; pero tampoco debemos tener ninguna impunidad con los actos delictivos encubiertos de lucha social. Eso hay que distinguirlo muy bien.” ¿Este es el gobierno de la gente olvidada, de los pobres?

Expresiones de esta naturaleza destilan autoritarismo, criminalización, doble moral y la venia del gobierno para que las fuerzas policíaco-militares actúen contra el pueblo que recurre a su derecho legítimo a protestar. Quien dice ser un gobierno de los humildes y respetuoso de la libertad de disentir¸ es corresponsable del asesinato político de nuestro compañero Mario y de la represión ejercida contra el conjunto del movimiento popular.

El pueblo que se organiza con independencia del Estado de manera consciente, con disposición y voluntad de luchar no confunde a su enemigo, sabemos que el régimen burgués es violento, practica la doble moral cuando se trata de imponer sus intereses, por tanto, ante la indolencia del gobierno las acciones políticas de masas combativas son legítimas y una necesidad metodológica.

La legalidad en una sociedad capitalista sólo beneficia a quien posee poder económico, entonces, condicionar a las organizaciones populares a actuar acorde a la ley es una mentira, ejemplos son vastos de cómo se criminaliza al pobre del campo y la ciudad así como el predominio de la impunidad, pero se permite a las cámaras empresariales imponer sus intereses.

El pacifismo del que habla el gobernador también es un engaño. No hay pacifismo cuando se derrama la sangre de defensores de derechos humanos, activistas políticos y defensores de derechos humanos, máxime cuando la militarización y paramilitarización son una realidad en la entidad, esa es la paz que promete la “Cuarta Transformación” a los pobres que exigen justicia en la entidad, la paz de los sepulcros.

El pueblo consciente y solidario organizado fuera de las formas organizativas del régimen no usan la lucha social para delinquir, por el contrario, estas palabras refieren con precisión que el Ejecutivo estatal criminaliza la protesta, tiende el manto del estigma sobre las organizaciones populares para confundir al pueblo, provocar el linchamiento mediático, calumniar para después reprimir, esto implica la continuidad de la impunidad hacia los perpetradores de futuros crímenes de lesa humanidad.

El pueblo no actúa con impunidad, el Estado sí. El pueblo no castiga, se defiende de un gobierno autoritario y antipopular, entonces, es soez que una “autoridad” exprese que la lucha social se use para delinquir, de este modo intenta escamotear los derechos y libertades políticas de los trabajadores.

Por mucho que los políticos de oficio en funciones en las instancias “procuradoras de justicia” argumenten que la “(…) Fiscalía trabaja siempre al lado de la gente”, es otra falta a la verdad. Demorarse más de 12 horas en la realización del levantamiento del cadáver del compañero Mario, un silencio rotundo por la exigencia de justicia por la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz y la presentación con vida de Fidencio Gómez Sántiz, son un claro ejemplo de esa premisa política.

La situación económica de la entidad es otro aspecto de la realidad actual de la entidad, al respecto, uno de los políticos de oficio manifestó que en Chiapas se vive una “recesión económica” y su origen yace en las “(…) generaciones de gobiernos corruptos”. Esta peculiaridad discursiva caracteriza a los voceros del régimen.

En ese argumento no hay nada nuevo, lo destacable de tal afirmación es atribuir ese fenómeno a la corrupción. La génesis de lo deplorable de las condiciones socioeconómicas del pueblo no es un asunto moral, sino eminentemente económico; se debe a la crisis económica capitalista, ésta, es cada vez más violenta.

La crisis económica capitalista es una de las causales por la cual el capital monopolista transnacional tiene puesto su mirada en el sureste mexicano. La “sustitución” las Zonas Económicas Especiales, la construcción del Tren Maya y la militarización expresan los planes imperialistas para superar ese fenómeno económico.

La coyuntura actual nos indica que la lucha por la defensa de los derechos del pueblo no bastan con buenas intenciones, mucho menos recurrir a la táctica civil y pacífica, si el gobierno es represor, demagógico e inhumano, entonces, solamente con la organización independiente con carácter combativa nos garantizará la lucha por mejores condiciones de vida.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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