Tinta Socialista No 86. Bajo el fetiche de la seguridad se militariza el país con la Guardia Nacional

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Ciudad de México a 04 de julio de 2019

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Bajo el fetiche de la seguridad se pone en marcha a la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, fenómeno que expresa la continuidad de la militarización en el país que, hace 18 años respondió, en un primer momento en cimentar las bases del Estado policíaco militar a través de generar miedo en la población, imponer las medidas neoliberales y garantizar el despojo violento de la tierra y recursos naturales para el buen funcionamiento de los empresarios, tanto del país como del extranjero.

Ahora, con el cambio de administración, el reacomodo de los grupos en el poder obliga al Estado mexicano a limar las contradicciones entre cúpulas oligárquicas, razón por la que, intentan imponer una supuesta pacificación y conciliación en el país, que de fondo consiste en emprender una ofensiva selectiva contra todos aquellos que desarrollan crítica política al régimen.

No es casual que a seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13 periodistas han sido asesinados y cuatro de ellos no han sido reconocidos por la administración federal como crímenes contra comunicadores; más de 14 mil 889 asesinatos producto de la violencia desenfrenada, entre los cuales, 12 son activistas políticos o defensores de los derechos humanos.

Entre los que podemos mencionar están Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019; Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas; José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019; Gustavo Cruz, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019; Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019; Samir Flores, defensor y periodista comunitario náhuatl, asesinado el 20 de febrero; José Lucio Bartolo Faustino asesinado el 6 de mayo en Guerrero era miembro del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata; Leonel Díaz Urbano, activista contra la construcción de la hidroeléctrica en San Juan Tahitic, fue asesinado a balazos, en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla.

En nuestro caso están los asesinatos de nuestros compañeros, Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018; y, Mario Moreno López, luchador social, asesinado en la comunidad 20 de junio, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Paradigmas que evidencian la política gubernamental de intentar contener el descontento popular, sobre todo en aquellos sectores organizados fuera de los marcos corporativos del Estado.

La imposición de la Guardia Nacional en las distintas cámaras de senadores y de diputados, es con la intención de garantizar la continuidad de su acción a través del marco legal burgués que le permita cometer a diestra y siniestra detenciones arbitrarias, revisar y detener a migrantes en condición “irregular”, realizar cateos o hasta pedir por su cuenta la intervención de comunicación de algunas personas que consideren, según su lógica, sospechosos.

En esencia otorgan mayor poder a las fuerzas castrenses para que a través de la legalidad burguesa cometan crímenes de Estado y de lesa humanidad contra el pueblo organizado y no organizado. Les dan manga ancha para imponer vía las acciones militares que en sexenios anteriores fueron condenados por miles de víctimas del terrorismo de Estado.

Para el pueblo trabador, los militares son el emblema de la represión, tortura, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, todo cuanto pueda considerarse crímenes de lesa humanidad. En lo que va de la historia de nuestro país, su reseña indica la posición de clase que defienden y no les importa arremeter contra sus hermanos de clase con tal de mantener el dominio oligarca.

Falta a la verdad el ejecutivo federal cuando dice que, “Ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo (sic)” , muestras sobran muchas, Tlatlaya es un ejemplo donde el ejército mexicano ejecutó extrajudicialmente a 15 de 22 personas en el año 2014, hasta la fecha los autores materiales e intelectuales permanecen en la impunidad; el 6 de enero de 2015 en Apatzingán de la Policía Federal irrumpió en el Palacio Municipal de la entidad, quienes fueron secundados por un destacamento militar. Ambas fuerzas en una operación de pinza, soldados y policías dispararon al plantón que mantenían pobladores de ese lugar; en marzo de 2018, elementos de la marina dispararon desde un helicóptero contra un vehículo en el que viajaba una familia por la carretera a Piedras Negras, Coahuila.

A lo largo de la historia, el ejército mexicano se expresa como lo que es, un ejército al servicio de los intereses burgueses, cuyos enemigos son aquellos que se opongan a esos intereses político y económicos, en este caso son las masas organizadas las que consideran un obstáculo para el “desarrollo y progreso” del país, no es casual que el Ejecutivo federal llame “conservadores de izquierda” a los que se oponen a la construcción de hidroeléctricas o megaproyecto industriales por afectar los intereses populares.

Bajo el eufemismo gubernamental de garantizar la “paz y la seguridad para los mexicanos” el gobierno federal mantiene a las fuerzas armadas en las calles, deposita amplia jurisdicción a esos elementos para poner “orden”, “acabar con la delincuencia” y “terminar con los índices de inseguridad”; argumentos que dejan muchas dudas, porque la violencia institucional no se generó de la noche a la mañana y no se puede combatir si no se desarticulan las estructuras militares encargadas de objetivar el terrorismo de Estado en el territorio nacional, si mantiene a los mandos militares encargados de elaborar la estrategia y planes contrainsurgentes en diferentes puntos de la geografía mexicana.

Es tan difundida la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México cuya esencia es mantener el control territorial en esta entidad federativa, garantizar los intereses económicos de empresarios y oligarcas; a través de la militarización se extiende el manto de la impunidad y el cometido de crímenes de Estado. No es casual que dé inicio en las demarcaciones de la delegación de Iztapalapa, lugar de resistencia, donde por años el pueblo lucha y resiste por la defensa de sus derechos elementales como lo es una vivienda digna y servicios.

Señalar que empezar por esta zona es por los altos índices de “violencia e inseguridad”, implícitamente señalan que los habitantes de ese lugar son delincuentes, que es lo mismo criminalizar la pobreza y la protesta popular de los habitantes, además de estigmatizar ante la opinión pública que es una zona de “mucho peligro”.

La esencia de mantener la Guardia Nacional no se modifica, en consecuencia, los objetivos, planes y condiciones se mantienen, ahora bajo el rostro de la “democracia”, “combate de la corrupción” y “ser un gobierno diferente”, parece que ya se le olvidó a la nueva administración que son hombres y mujeres del régimen, formados en las instituciones de éste, con carrera política en las estructuras políticas del Estado mexicano, por tanto, ¿Por qué no combatieron la corrupción y la impunidad cuando ocuparon escaños de gobierno en partidos políticos anteriores?, ¿por qué en sus gobiernos anteriores no combatieron los índices de la violencia e inseguridad?

Aunque digan que esa corporación policíaca y militar va actuar conforme a la ley y “respetar” los derechos humanos, es aparente, porque a través de las cámaras de senadores y diputados, impusieron la Ley de la Guardia Nacional, sin hacer caso a los señalamientos y descontento de organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares, sólo impusieron de manera unánime la militarización que desde la administración anterior se intentó avalar a través de la Ley de Seguridad Interior y hoy es objetivada con otro nombre.

La tan anhelada “pacificación” es impuesta a través de la bota militar, los responsables de cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad contra el pueblo organizado y no organizado, hoy desde el gobierno federal intentan limpiar su imagen para “olvidar” las prácticas fascistas que ejecutan para contener la protesta popular y acallar las voces críticas al régimen.

Por más que quieran embellecer la imagen represiva del Ejército Mexicano y la Marina, en el pueblo la memoria histórica permanece viva, no olvida cada uno de sus hijos masacrados, ejecutados extrajudicial o detenidos desaparecidos de manera forzada; rostros de víctimas directas e indirectas que a la fecha mantienen la bandera de lucha ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Juicio y castigo a los responsables!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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