Tinta Socialista No. 85. Las promesas incumplidas de la “Cuarta Transformación” a un semestre de gobierno

Ciudad de México a 2 de julio de 2019

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Las promesas realizadas por el gobierno que se denomina de la “Cuarta Transformación” distan mucho de verse objetivadas en la realidad nacional. Pese a los deseos y buena voluntad, el fenómeno de la violencia, la selectividad de los crímenes de lesa humanidad y la represión contra el movimiento popular son manifestaciones puntuales que señalan una línea de continuidad del régimen neoliberal.

No se trata de acusaciones sin sentido, las pruebas están a la vista. Hubo la promesa de que no habría represión ni impunidad, sin embargo, la realidad contraviene a esta premisa. El estado de Morelos es gobernado por la misma sigla partidista a nivel nacional, aquí se mantiene incólume la iniciativa privada para la construcción de la termoeléctrica de Huexca y una serie de gasoductos que tendrán como finalidad fortalecer a la zona industrial del estado de Puebla.

Mantener el proyecto termoeléctrico en Morelos cobró la vida del activista Samir Flores, previo a este crimen, el titular del Ejecutivo federal se refirió a quienes se manifestaron contra esta disposición como “rebeldes” y que el proyecto se mantendría en pie a pesar de “gritos y sombrerazos”. Es claro que el objetivo tiene eminentes motivaciones políticas, porque se ejecuta contra parte del sujeto crítico del saqueo de los recursos naturales y energéticos.

La consigna de “primero los pobres” es un aforismo que no tiene sustento en las condiciones de vida de millones de mexicanos. El optimismo gubernamental afirma que el pueblo vive “feliz” ante los resultados del nuevo gobierno, sin embargo, es preciso definir a qué pueblo se refiere, porque existen voces de protesta que denuncian el empeoramiento de la calidad su calidad de vida a partir de los cambios institucionales.

La única “verdad” válida es la que se dicta desde las conclusiones del presidente de la República, él tiene la venia de tildar de radicales, conservadores y ahora de mentirosos al denunciar actos de violencia institucional. Cuánta similitud existe entre aquel presidente que desde la distancia se apresuraba a afirmar que todas las víctimas de la guerra contra el narco eran delincuentes, sin el mínimo recato con ello abonaba a la criminalización

El conservadurismo de “izquierda” sólo tiene cabida si se considera que existe una afirmación desde el escaño máximo de la política oficial mexicana y todo lo que se mueva fuera de ella es tachado de mentiroso, fantasioso o ideologizado. Eso sí es absolutismo medieval, los preceptos del oscurantismo empiezan a ser revividos y todo al margen de ello merece arder en la hoguera del estigma y la incriminación.

Existe en la política programada para el sexenio una marcada distinción entre unos casos y otros, lo que señala un trato diferenciado, por ello, sólo son atendidos aquellos que son remunerables políticamente, aquellos que redundan en reflectores mediáticos tanto a nivel nacional e internacional. Así, las víctimas que no trascienden mediáticamente o que generan mayores implicaciones políticas son condenadas al olvido y el anonimato.

El Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas es abanderado por los colores del partido MORENA, no importó el antecedente inmediato en su carrera política institucional, todos son aceptados en el “paraíso” de la oficialidad burguesa. Hoy este personaje deja ver en todo su esplendor los verdaderos conceptos y actitudes que distinguen su proceder como represor, proempresarial y profascista.

No hay empacho en sostener que el respeto del estado de derecho consiste en que las organizaciones populares renuncien a la protesta, que se arríen las banderas de la lucha independiente y se plieguen a los rieles de la “4T”. Nada más ruin y absurdo. Los crímenes se encuentran a la orden del día, por ello sólo el iluso puede creer que estamos sobre la ruta del cambio.

¿Ejemplos? Existe la denuncia de que las comunidades organizadas se prepara todo un despliegue policíaco militar con el supuesto de dar seguridad, situación que priva no sólo en comunidades que forman parte del FNLS, sino del conjunto de organizaciones campesinas e indígenas en la región Ocosingo, Altamirano, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez…

La desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de representantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN); el desalojo violento de sus colonias, la detención arbitraria de sus integrantes y el permanente hostigamiento a sus bases es el indicativo de la careta represiva que cada vez más distingue al gobierno que encabeza MORENA en la entidad chiapaneca.

A juzgar del Ejecutivo federal, tal situación de hostigamiento sólo existe en la imaginación de las comunidades organizadas, exige un acto de fe en confiar que no es así únicamente porque el jefe supremo de las fuerzas armadas no da la orden. De ser esto cierto es justo que responda quién o quiénes tienen el respaldo de la impunidad para cometer este tipo de actos, aún sin la orden explícita de los altos mandos.

Es de ingenuos suponer que los cuerpos castrenses actúan sin el acatamiento de órdenes precisas de sus superiores, esa ingenuidad no puede permitírsela el pueblo, porque es éste quien siente en carne propia los estragos de jornadas violentas en todo el territorio nacional.

La impunidad es una constante en todos los casos de violación a los derechos humanos y en el cometido de crímenes de lesa humanidad. Los cuerpos castrenses tienen el total respaldo gubernamental del actual sexenio dado que se les mantiene en las calles a pesar de las múltiples denuncias de familiares como los autores materiales de objetivar el terrorismo de Estado en los actuales sexenios.

La atención gubernamental a las demandas más sentidas de las masas populares es nula, existe la política de dilación para conducir al desgaste, particularmente de las familias que exigen la presentación con vida de sus seres queridos. La responsabilidad de dar seguimiento está depositada en funcionarios que no tienen el mínimo criterio de seriedad ante casos que vulneran los derechos de las víctimas directas como de sus familiares.

El recurso de revisión interpuesta por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra a la sentencia de amparo 942/3013-2 del Poder Judicial de la Federación en favor de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es el indicativo irrefutable que el discurso oficial dista mucho de verse materializado en los hechos concretos.
No hay justicia, ésta es escamoteada desde múltiples artilugios leguleyos. Reducir el resarcimiento del daño al otorgamiento de recurso económico denuncia la indolencia de la institucionalidad de aquilatar en su exacta dimensión el fenómeno de las desapariciones forzadas y el terrorismo de Estado.

El fin del neoliberalismo resultó ser una quimera, las políticas económicas que le dan vida al régimen en la fase de desarrollo imperialista se mantiene intacta, a lo sumo remozada con nuevos elementos para que correspondan con las nuevas exigencias del capital monopolista transnacional.

No hay cómo explicar la actitud servil y funcional de la administración federal a los designios del imperialismo norteamericano. De manera autoritaria se toman determinaciones contrainsurgentes para controlar a la población con el supuesto propósito de “atender la contingencia migratoria”, ello pasa por alto los preceptos constitucionales, ¿dónde queda la máxima todo dentro de la ley y fuera de la ley nadie?

¿Quién ordena el cometido de tales crímenes de lesa humanidad? ¿Qué instituciones procuran impunidad para la continuidad del terrorismo de Estado? ¿Cuál es el propósito de tender el estigma sobre quienes denuncian la existencia de actos que violentan los derechos humanos? ¿Con qué interés se otorga un trato diferenciado a las víctimas de flagelos execrables como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial?

Son preguntas que por el momento siguen sin respuesta. Si el gobierno fuese distinguido por las siglas partidistas del PRI o el PAN las interrogantes estuvieran sobradamente respondidas, pero que un gobierno que se dice del pueblo mantenga el silencio omiso es una actitud que habla por sí sola, continuidad e impunidad para los responsables del desangramiento del pueblo.

Las razones para luchar por el socialismo en México son bastas, la exigencia del juicio y castigo a los responsables se mantiene firme. Si los crímenes de lesa humanidad vulneran la integridad de las masas trabajadoras, éstas tienen el derecho de ejercer la protesta con acciones políticas de masas con carácter combativo. Ante la represión la movilización, ante el hostigamiento la denuncia política, ante la criminalización la solidaridad entre hermanos de clase.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS