Tinta Socialista No 84. Las ejecuciones extrajudiciales en México son selectivas

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Ciudad de México a 24 de junio de 2019

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La ejecución extrajudicial es un crimen de Estado que en México va en aumento, el cometido de esta grave violación es selectiva contra el pueblo organizado, un distintivo que sugiere una característica en los primeros meses del nuevo gobierno. En lo que va del año son varios los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, trabajadores de la comunicación y activistas políticos las víctimas de este flagelo represivo.

El discurso oficial insiste en exponer las diferencias que lo distingue de las anteriores administraciones, sin embargo, estos contrastes resultan muy sutiles en tanto las consecuencias de un régimen represivo calan en lo profundo de la realidad mexicana, situación que no tiene ningún dejo de terquedad dado que el saldo desfavorable para el pueblo en una realidad insoslayable.

Privar de la vida a una persona es grave violación a los derechos humanos que lejos de disminuir en los primeros meses de este año manifiesta un incremento considerable, la diferencia es la selectividad con la que se comete porque muchas de las víctimas las identifica su posición política en la defensa de los derechos humanos, ambientalistas, a la tierra y críticos al régimen que desarrollan su praxis fuera de los marcos corporativos del Estado.

El criterio de la verdad está en la práctica, ahí es donde se materializan los pensamientos de los individuos y colectividades que luchan por mejores condiciones de vida, práctica política que no tiene por qué modificar con el arribo de una nueva administración en tanto la base material que genera iniquidad se mantiene firme. Conforme pasa el tiempo se hace más evidente que el interés de oligarcas y empresarios están garantizados en detrimento de las necesidades de la clase explotada y oprimida.

El modus operandi de esos crímenes deleznables es similar en los casos evidenciados este año, empiezan con descalificaciones o señalamientos dolosos hacia la lucha que desarrollan los esfuerzos organizativos que protestan o defienden sus derechos y libertades políticas; los comentarios como “conservadores”, “rebeldes sin causa”, “fifís”, “paramilitares”, “grupos de choque”, “grupos civiles armados, “delincuentes” o que “tienen esclavizadas las comunidades” son vertidos desde las estructuras del Estado, los cuales son secundados por medios de comunicación oficiosos y de su aliado, el oportunismo.

Argumentos dolosos que contribuyen a justificar el cometido de crímenes de Estado contra integrantes de organizaciones populares e independientes. Ponen el dedo inquisidor para elaborar expedientes judiciales que criminalicen la lucha popular, crean un ambiente de descalificación ante la opinión pública que en su conjunto justifique el flagelo de la represión.

El intento de neocorporativizar los esfuerzos organizativos es la verdad que explica la reorganización del oportunismo, de ahí que al interior de los sindicatos democráticos se dé un proceso de reflujo que empuja a la dispersión y atomización de las fuerzas, donde los métodos y formas oportunistas impiden la realización de acciones unificadas. Ello implica la defensa de sus víctimas directas del terrorismo de Estado.

Los argumentos vertidos por agentes del Estado para generar el estigma contra las organizaciones populares y sus integrantes ya han cobrado sus efectos. Al respecto preguntamos, ¿quiénes son los que ponen los muertos, los detenidos desaparecidos, los que son hostigados, amenazados de muerte o cateados en sus hogares?, en nuestro caso, somos objetivo de esa política de gobierno, el caso más reciente es la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Mario Moreno López, ocurrida el 18 de junio del presente año en la comunidad 20 de junio, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

Estarán contentos señores por la ejecución extrajudicial de nuestro compañero, que con sus comentarios y señalamientos dolosos hacia nuestra posición política contribuyen al cometido de estos deleznables crímenes; para nosotros no hay duda de que secundan la versión del Estado con tal de intentar detener al pueblo que impulsa la lucha por el socialismo en México.

No es la primera vez que hacen ese tipo de señalamientos contra nuestra organización, desde que nos solidarizamos con los familiares de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya para exigir su presentación con vida se nos ha estigmatizado y descalificado dolosamente en diversos espacios de lucha que se dicen ser independientes. No obstante, el criterio de la verdad está en la práctica política, en la congruencia con el decir y el hacer, así es como podemos comprobar la veracidad de sus comentarios y las intenciones políticas que defienden.

La ejecución extrajudicial contra luchadores sociales y activistas políticos muchas de las veces tienen el antecedente una campaña de linchamiento, misma que es secundada por agentes del Estado en el seno del movimiento popular. En ello estriba la labor nefasta de quienes se encargan de poner el dedo inquisidor y luego se regocijan ante el baño de sangre contra las masas trabajadoras.

Algunos incautos, ya sea por ignorancia o con conocimiento de causa, secundan las versiones del oportunismo, con ello definen determinada posición política en la lucha de clases y se colocan de lado del opresor. Hacer eco de esas versiones difamatorias es similar a secundar la versión del Estado, quien a través del oportunismo hace labor de dispersión y división en las organizaciones populares e independientes.

Las víctimas de la ejecución extrajudicial son múltiples, las distingue su condición de clase y su vida productiva. El incremento de la cifra desnuda la realidad de que la represión es política sistemática que no se circunscribe a determinados periodos de gobierno. Denunciar este hecho no tiene nada de intransigencia, significa colocar en su exacta dimensión la magnitud del fenómeno.

El resurgimiento de grupos paramilitares en ciertas regiones del país donde se desarrolló lucha popular en décadas recientes es una singularidad que se observó en los últimos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, situación que no cambia sustancialmente en la actual administración, por mucho que se empeñe la palabra de los representantes del nuevo gobierno.

La selectividad del crimen de las ejecuciones extrajudiciales es una característica que sugiere un incremento en la política represiva contra el pueblo y sus organizaciones, no hay casualidad en cada acto de esta naturaleza, existe la causalidad de la defensa de los intereses de organismos empresariales tanto del país como del extranjero.

En el crimen cometido contra nuestro compañero Mario Moreno López se encuentra el vínculo irrestricto del poder político, el económico y el paramilitarismo como ariete represivo, mediante actos de naturaleza fascista, el Estado mexicano pretende cercenar la creatividad popular ante el oprobio que genera la explotación y opresión capitalista.

La represión contra el FNLS no es un hecho fortuito, como tampoco lo son los constantes actos de hostigamiento y amenazas contra las organizaciones que formamos parte de este esfuerzo de unidad nacional. Por ello, en cada agresión lleva implícito el intento por frenar la lucha por la superación cualitativa del oprobio que emanan de las relaciones capitalistas.

El carácter selectivo de la ejecución extrajudicial se devela en la condición de las víctimas, ante ello la única alternativa es la denuncia permanente, ejercer del derecho a la protesta mediante acciones políticas de masas y brindar la solidaridad entre hermanos de clase. Ningún crimen de lesa humanidad podrá poner freno a la lucha por el socialismo en el país.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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