El gobierno simula y minimiza la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

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Ciudad de México a 22 de junio de 2019

A la opinión pública

La simulación del gobierno mexicano para atender los casos de desaparición forzada es política de Estado que empieza a develarse como una constante; funcionarios, agentes y autoridades intentan dar el trato de neófitos a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, a organizaciones populares y organizaciones defensoras de los derechos humanos para simular que sí trabajan y no actúan como lo hicieron sexenios anteriores.

La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos, crimen de Estado y de lesa humanidad, que de manera sistemática y generalizada se cometen contra el pueblo organizado y no organizado. Al ser una grave violación a los derechos humanos el Estado mexicano tiene la responsabilidad de hacer efectivos los derechos a la verdad y la justicia para las víctimas directas e indirectas.

Derechos que no están sujetos a negociación ni a condicionantes de funcionarios e instituciones de gobierno, en ese sentido, por qué funcionarios como Félix Santana Ángeles, Director General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobernación minimiza los casos de desaparición forzada, en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

El día 21 de junio del presente una comisión de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Comité Cerezo México y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) acudimos a las oficinas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), donde se debería realizar una reunión de trabajo con la titular de la dependencia, producto de los compromisos establecidos por el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez el 12 de junio de 2019.

La Lic. Karla Irasema Quintana Osuna, titular de la CNB no estuvo presente ni se aludió como enterada, ni el señor Félix Santa Ángeles, éste último por teléfono mintió a los familiares al sostener en un primer momento que “no sabía si iba a llegar porque estaba atorado en el tráfico”, y a la pregunta expresa si cumpliría con la responsabilidad que el titular de la Subsecretaría le encomendó respondió que no estaría presente, pero le iba a hablar al director de Búsquedas para que nos recibiera y diera atención a los casos porque con ellos tienen “una muy buena coordinación”.

Es irresponsable la actitud de funcionarios a quienes les designan la tarea de dar seguimiento a casos de nodal importancia, se trata de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la respuesta gubernamental es la indolencia, la indiferencia y la mentira. ¿Sobre funcionarios de esta naturaleza está depositada la responsabilidad de la “transformación” del país?

Al respecto señalamos que no es un favor el que nos hacen, es responsabilidad del gobierno mexicano atender los casos de esta magnitud, por tanto, la reunión programada para llevarse a cabo el día de ayer fue uno de los acuerdos establecidos en la reunión del día 12 de junio, donde estuvo presente el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, mismo que designó a Félix Santana Ángeles para que él personalmente diera seguimiento a los casos específicos de desaparición forzada.

Las autoridades de las instituciones encargadas de los derechos humanos de la SEGOB sostienen una política dilatoria, de desgaste y burocratismo con la intención de que las víctimas indirectas desistan de la exigencia de presentación con vida de sus seres queridos. Es indigno el trato diferenciado que dan a las víctimas del terrorismo de Estado, porque mientras con unas realizan actos que rayan en lo histriónico, para otras el trato es la omisión y la indiferencia.

Esta Política gubernamental niega el derecho a la verdad y a la justicia, actitud que los convierte, ya sea por omisión, comisión o aquiescencia corresponsables del cometido de este deleznable crimen; es importante recordar que mientras no se dé con el paradero de las víctimas y se enjuicie a los perpetradores, el crimen de lesa humanidad persiste, es continuo, donde funcionarios y agentes de la administración actual pueden ser juzgados por dilación y entorpecer los procesos para acceder de manera pronta y expedita a la justicia.

En el caso específico de los revolucionarios Gabriel y Edmundo es paradigmático por los logros obtenidos en el aspecto jurídico, político y de derechos humanos, donde existe la recomendación 7/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la resolución 29/2014 donde un juez federal reconoce que, sí se cometió la desaparición forzada, y ordena abrir los cuarteles militares, además de conformar una comisión especial de búsqueda para la localización de las víctimas directas; la sentencia del juicio de amparo 942/2013-2 donde ratifica la desaparición forzada como grave violación a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas directas e indirectas, además de señalar a agentes del Estado como los responsables materiales e intelectuales del cometido de este crimen.

Si existe amplia documentación al respecto, ¿por qué el gobierno mexicano atenta contra su propio estado de derecho y es omiso a la sentencia que emite un tribunal federal?, en varias ocasiones se les ha entregado amplia documentación y se les ha expuesto la situación del caso, hecho que hasta el momento han ignorado, ¿acaso es por la militancia política y la forma de lucha que impulsan los dos revolucionarios para que se les trate con el desdén gubernamental?

Con su silencio, indolencia e insensibilidad, conducen a concluir que no todas las víctimas merecen la atención institucional, criminalizan la protesta al negar el derecho a la justicia. Ninguna persona y bajo ninguna circunstancia merece ser sometida al flagelo de la desaparición forzada.

Las prácticas burocráticas persisten en la actual administración o por lo menos se observa que depositan la confianza en funcionarios que no tienen la mínima responsabilidad para con las víctimas del terrorismo de Estado. La indolencia, dilación y desgaste es el distintivo que caracteriza a los funcionarios que se jactan de decir que no son como los gobiernos anteriores, pero en los hechos reproducen la misma política que extiende la impunidad a los responsables de tan execrables crímenes.

La exigencia es la misma, PRESENTACIÓN CON VIDA YA, castigo a los responsables materiales e intelectuales de los cientos de crímenes de lesa humanidad cometidas en todo el territorio nacional; mientras los derechos a la verdad y la justicia sean escamoteados, el desdén gubernamental sea la respuesta, mayores serán las razones ejercer el derecho a la protesta, para incentivar la acción política para denunciar y desenmascarar que el flagelo de la represión aún desangra al pueblo mexicano.

El titular del gobierno federal insiste en que no habrá impunidad, delega responsabilidades a funcionarios subalternos para atender los casos, pero en esencia los familiares siguen en las mismas. El respeto político distingue a las organizaciones del movimiento popular, pero éste no debe ser confundido con ignorancia o debilidad. La prudencia es fiel consejera y ante el desdén gubernamental, la acción política de masas en las calles permanecerá.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

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