COPODDH expresamos su condena enérgica por la ejecución extrajudicial del compañero Mario Moreno López

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Chiapas, México a 21 de junio de 2019

A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación
Al pueblo en general

Con fundamento en los artículos 1°, 6° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH), manifestamos lo siguiente:

Expresamos nuestra condena enérgica por la ejecución extrajudicial del compañero Mario Moreno López, acaecido el día 18 de junio de 2019, quien fue originario del ejido 20 de Junio, del municipio de Venustiano Carranza, luchador social y defensor del derecho humano a la posesión de la tierra. Crimen de lesa humanidad y de Estado contra el pueblo que se organiza por la defensa de sus derechos y libertades políticas.

Manifestamos, también, nuestra preocupación por este acontecimiento deleznable. Es otro ejemplo de que el derecho a la vida se escamotea a diestra y siniestra ante un gobierno que dice respetar los derechos humanos, quien no se cansa de secundar la retórica del titular del Ejecutivo federal. Es lamentable que un gobierno que dice ser para los más desprotegidos del pueblo, se atreva a derramar la sangre de la clase trabajadora.

No se pueda hablar de pacificación cuando se violan gravemente los derechos humanos, esencialmente, si se trata de cercenar el derecho a la existencia humana, como el ocurrido contra nuestro compañero. Hablar de paz cuando se priva de la vida a un campesino pobre solamente expresa el carácter inhumano de un gobierno que no escatima recursos cuando de reprimir, asesinar y violentar cada derecho humano se trata, demagogia pura la respuesta gubernamental ante un pueblo que se organiza por sus necesidades.

Mario Moreno López, es compañero integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) una organización que entre sus demandas contempla el derecho a la propiedad social de la tierra. La ejecución extrajudicial cometida de manera premedita y planificada en contra del compañero Mario Moreno es la manifestación de un gobierno que no le importa desangrar a los campesinos a modo de satisfacer los intereses de quienes detentan el poder.

La crudeza de este crimen no es un hecho aislado del contexto de violencia institucional imperante a lo largo y ancho del país. Chiapas es un botón de muestra, de cómo se materializa el carácter selectivo de los crímenes de lesa humanidad; la violencia de Estado se dirige contra quienes ejercen su derecho a disentir, de este modo se criminaliza el legítimo derecho a la manifestación de ideas y organización.

Es degradante la celeridad con la que se cometen crímenes de lesa humanidad en la entidad. Este fenómeno es el indicativo soez de que la violencia emana del Estado, el silencio cómplice de las autoridades es una evidencia de la actitud permisiva y reflejo de la política del régimen por mantener el terrorismo de Estado no sólo en el sureste mexicano sino en el resto de la República.

No existe instancia gubernamental de derechos humanos que sirva a los intereses del pueblo, en la práctica éste pasa a ser instrumento que abona y perpetúa la impunidad en el país, mientras un elemento del pueblo organizado por un ideal contrario a este régimen de explotación y opresión es víctima de un crimen de lesa humanidad y de Estado, su silencio es aún más profundo. Más denigrante aún, que éstos hagan presencia en los actos represivos para dar fe y respaldo de las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno chiapaneco.

Un gobierno del “pueblo” no debe tolerar ni una expresión disidente a su gobierno.
La objetivación verídica de este hecho político estriba por un lado en las múltiples manifestaciones de descontento popular desplegado en diferentes regiones de Chiapas, el más reciente la represión brutal contra manifestantes a la altura de autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal contra habitantes del municipio de Ixtapa.

La persistencia de los grupos paramilitares en diferentes regiones de Chiapas es otra prueba de cómo el gobierno chiapaneco pretende callar las voces de protesta y evitar el desarrollo de la organización independiente del pueblo. La presencia de paramilitares en la región Altos, Norte, Selva y Los Llanos (Venustiano Carranza) es un indicativo del inminente riego del cometido de crímenes de lesa humanidad.

A este fenómeno se endosa la intensificación de la militarización en la entidad. La presencia de la guardia nacional más que un aliciente para la seguridad del pueblo, constituye un riesgo para la integridad física y psicológica de los sectores populares, su despliegue obedeció al pretexto de “detener el flujo migratorio”, sin embargo, esta medida policíaco militar le es inherente la ejecución de la violencia contra el pueblo trabajador.

El gobierno chiapaneco no escatima el uso de las fuerzas represivas cuando se trata de callar toda expresión de protesta legítima, un ejemplo tras otro evidencia la continuidad de la represión como política de gobierno en esta administración. Un hecho a destacar de este fenómeno es que el titular del Ejecutivo chiapaneco mantiene la misma actitud que su antecesor, porque criminaliza, reprime y estigmatiza la lucha por exigencia de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.

Otro rasgo de su gobierno es la combinación del autoritarismo y la demagogia, una y otra vez insiste en que su administración está en apego a los designios del gobierno federal. Éste último no escatima retórica en anunciar su fiel inclinación al respeto de los derechos humanos, sin embargo, la realidad se manifiesta con crudeza, la ejecución extrajudicial de nuestro compañero es una prueba; lo que vivimos en Chiapas es la radiografía de cómo se imponen los intereses empresariales aparejados con violaciones graves a los derechos humanos.

Este contexto nos expresa que la política de pacificación y de respeto a los derechos humanos solamente se objetiva en el discurso, porque en los hechos transita por terrenos fangosos y los saldos hasta la fecha son el aumento de los crímenes de lesa humanidad en la entidad. Las vidas humanas sustraídas de sus seres queridos por la violencia institucional nada tienen que ver el respeto al derecho a la vida del pueblo.

Para concluir, exigimos lo siguiente:

  1. Se investigue de manera pronta y expedita para enjuiciar y castigar con los responsables de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Mario Moreno López.
  2. Se garantice la integridad física y psicológica de los compañeros de la comunidad 20 de Junio, organizado en Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
  3. Al titular del Ejecutivo federal detenga la represión y hostigamiento contra el FNLS.
  4. Detener toda amenaza o expresión de violencia institucional hacia
    organizaciones populares independientes, organismos defensores de derechos humanos y personalidades solidarias con las causas de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado y con las demandas justas del pueblo.

Al pueblo, organizaciones populares, organismos independientes de los derechos humanos no demos un paso atrás en la defensa de los derechos humanos del pueblo, luchar por aquellas que hoy es borrada con sangre de activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, luchadores sociales y pueblo trabajador en general. Ni una víctima más contra el pueblo.

Fraternalmente

¡Unidos y organizados a ejercer y defender los derechos humanos!
Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

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