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Tinta Socialista No 82. La militarización en el sur del país es la continuidad de la política de desarrollo con el sofisma de la seguridad nacional

Martes 11 de junio de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 11 de junio de 2019

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La militarización de la parte sur del país con elementos de la Guardia Nacional es la continuidad del desarrollo económico bajo el sofisma de la seguridad nacional, política de gobierno que se materializó en el terrorismo de Estado desde hace 12 años por las administraciones panista y priista bajo el pretexto de combatir a la “delincuencia organizada y al narcotráfico”; ahora con una administración morenista, se le da continuidad a esta política con el argumento de combatir los “altos índices delictivos y el flujo de migrantes”.

Administraciones con representaciones diferentes en el Ejecutivo federal, pero tienen un denominador común, la defensa de los intereses de determinados grupos de poder económico del país y el extranjero, conclusión que refuerza la tesis que de las entrañas del régimen no puede emerger el digno representante de los intereses populares.

El despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera de México con Guatemala obedece, obedece a la exigencia del imperialismo norteamericano para extender su frontera hasta la parte sur del territorio nacional, por otro, a la política contrainsurgente del gobierno mexicano para proteger los intereses político y económico del capital nacional y del extranjero a través de la militarización en las principales zonas económicas donde se priorizarán proyectos de desarrollo regional, como El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor transístmico.

La migración no es un fenómeno nuevo, su origen se encuentra en las condiciones degradantes a las que son condenados los pueblos dependientes del imperialismo, cuyas contradicciones inherentes se hacen más evidentes en los momentos de crisis estructural; las manifestaciones de la pobreza, la miseria, la violencia institucional, la hambruna, desplazamientos forzados, explotación y opresión son las que expulsan a las masas trabajadoras de sus lugares de origen a buscar el supuesto sueño americano para ser explotados como fuerza de trabajo en el corazón del imperialismo.

La administración de Andrés Manuel López Obrador hace tiempo anunció la desaparición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), porque supuestamente no cumplen con la función para la que fueron creadas, aunque pareciera favorable, en los hechos se le da continuidad a ese proyecto económico bajo el disfraz de Proyectos de desarrollo regional, los cuales, tienen la misma función y objetivos de las ZEE, impulsadas en la administración de Enrique Peña Nieto.

Una de las prioridades del gobierno mexicano es industrializar la parte sur del país, eso incluye inmovilizar el enorme descontento popular, acallar las voces de protesta y contener el flujo migratorio con la presencia de militares en las calles, independientemente del nombre que se le asigne, en los hechos es la salida del ejército a las calles, con la diferencia de que ahora tienen venia legal para cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad.

No es casual que el Secretario de Seguridad Ciudadana y Protección, Alfonso Durazo argumente que el estado de Chiapas tiene carácter prioritario” por su alto “índice criminal” y por la migración centroamericana que, según su lógica, “tiene como consecuencia problemas de inseguridad pública”. Declaración que criminaliza a los explotados y oprimidos independientemente de su nacionalidad y de su organización política.

Si no se va a criminalizar, ¿por qué del actuar de agentes de la GN se reduce en increpar a quien sospeche de migrante con amenazas e insultos? Sólo al pobre, al desarrapado con “rasgos” ser sospechoso es víctima de tales abusos, lo que señala que la política de estigmatizar a la pobreza es un hecho inmanente.

Falta a la verdad el Canciller Marcelo Ebrard cuando señala que “no se va a militarizar la frontera ni criminalizar” son explicaciones de más, el hecho de que desplieguen seis mil agentes de la Guardia Nacional a esa entidad federativa es con el objetivo de fortalecer las regiones donde existen intereses del capital monopolista transnacional, no se olvide que, desde administraciones pasadas, el territorio chiapaneco fue concesionado para la extracción de minerales.

Si no se va a militarizar, ¿para qué tanta explicación en las conferencias matutinas del Ejecutivo federal?, lo que se observa en la vía de los hechos difiere de lo que argumenta el canciller, pues a todas luces se observa que es el resguardo militar de la parte sur del país. No es casualidad que vayan a abrir tres cuarteles militares en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque.

El desplazamiento de la Guardia Nacional a zonas industriales, puertos marítimos y corredores comerciales para el flujo y trasiego de mercancías es una exigencia de la oligarquía nacional y del extranjero para preservar sus intereses económicos e iniciar un nuevo proceso de acumulación y concentración de capital.

Esta corporación militar se conformó con la intención de combatir al “narcotráfico y la delincuencia”; política que, en sexenios anteriores desde la declaración de guerra contra el narcotráfico trajo consigo innumerables casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde los detenidos fueron pueblo trabajador, acusados falsamente de pertenecer a grupos de criminales.

Las declaraciones que hace el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas son indignantes, una burla a la inteligencia humana, al afirmar que “el arribo de la Guardia Nacional viene a fortalecer sin duda los derechos humanos, porque viene a trabajar para combatir la violencia”, cuando es claro que sobre los elementos que hoy conforman este cuerpo policíaco-militar pesan las denuncias de los crímenes cometidos durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La inseguridad y la violencia institucional no se combaten con el despliegue de más agentes militares. Por más que intenten ocultar la práctica represiva de las fuerzas castrenses, el pueblo no olvida quiénes son sus verdugos, independientemente del nombre que le asignen, son los responsables de transgredir constantemente los derechos y libertades políticas de las masas trabajadoras.

Luchar contra esta política criminal es una necesidad, como lo es desarrollar conciencia política para ubicar quiénes son los enemigos del pueblo trabajador, salir para ser dominados y explotados no es la alternativa porque no se quita de raíz la base económica que sostiene el modo de producción capitalista, por eso la necesidad de organizarnos para luchar contra el enemigo común de la humanidad: el imperialismo.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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