La Subsecretaria de Derechos Humanos de SEGOB desprecia a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial

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Ciudad de México a 5 de junio de 2019
A la opinión pública

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) condena enérgicamente la política dilatoria de desgaste e indolencia del Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación contra los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

El día de hoy 5 de junio de 2019 acudimos el Comité de Familiares de detenidos desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, el Comité Cerezo México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Comité Monseñor Romero, a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), a una reunión programada con el Lic. Alejandro Encinas Rodríguez por la C. Leticia Ramírez Amaya, directora de Atención Ciudadana; no obstante, en la oficina nos informan que no tenía conocimiento de ello, por eso no se encontraba el titular de la dependencia.

Después de una hora y media de espera, reciben a la comisión y no hizo acto de presencia el titular de la dependencia, sólo estuvieron presentes la Dip. Josefina García Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, el C. Neftalí Granados González, asesor de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población de SEGOB, los cuales no tienen capacidad de respuesta a nuestras peticiones de VERDAD Y JUSTICIA respecto a los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, acto indolente para los familiares de las víctimas, organizaciones populares, defensores de los derechos humanos y asesores jurídicos, quienes nos retiramos de la mesa indignados ante tal política de gobierno.

Es importante destacar que afuera de la dependencia se acercaron varios elementos de la policía federal, unos vestidos de civil y otros con uniforme, las insignias que portaban decían Comisión Nacional de Seguridad (CNS), sujetos que en todo momento nos tomaron fotografías a los que estábamos presentes. Esa Práctica es cuestionable para un gobierno que alardea ser del “pueblo y para el pueblo”, “que “va a respetar los derechos humanos”, y que “no va a perseguir ni reprimir a nadie”, de lo contrario, ¿por qué tanta fotografía?, ¿para qué las quieren?, ¿a quién le llega este informe gráfico? Cuestionamientos que no responden, pero ponen en evidencia las intenciones gubernamentales contra el pueblo que se organiza por la vía independiente.
Nicanor Hernández Castillo, uno de los agentes policíacos que nos tomó fotografías -* Nicanor Hernández Castillo, uno de los agentes policíacos que nos tomó fotografías

La reunión se programó el 30 de mayo del presente año, en la marcha mitin que realizamos del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde en la puerta principal de Palacio Nacional salió la C. Leticia Ramírez Anaya y se comprometió a programar una reunión de trabajo con el Lic. Alejandro Encinas. Misma que confirmó sería el 5 de junio a las 12:00 horas en las oficinas de la Secretaria de Gobernación. Hecho que faltó a la verdad al no tener seriedad con las víctimas y organizaciones populares presentes.

La realidad se hace presente, desde el mes de enero se entregaron varias solicitudes de audiencia con el Lic. Alejandro Encinas, mismas que son del conocimiento al Lic. Félix Santana Ángeles, director General de Estrategias para a Atención a los Derechos Humanos de la SEGOB. Funcionario que tiene conocimiento de los casos y existe la negativa de tener acercamiento con los familiares de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 para que la administración actual haga lo necesario para presentarlos con vida.

Silencio institucional que expresa una política de gobierno para retardar los casos donde política y jurídicamente está comprobada la responsabilidad de los militares en el cometido de desapariciones forzadas. Tal es el caso jurídico de Gabriel y Edmundo donde recientemente el Juzgado Cuarto de Distrito emite la sentencia de amparo 942/2013-2 en la que se ordena realizar sin limitaciones diligencias para su búsqueda en cualquier instalación militar, no obstante, persiste la simulación, el silencio y la opacidad para atender este caso paradigmático en el país.

Los otros casos donde también se le entregó documentación fue sobre el intento de ejecución extrajudicial contra cinco compañeros en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2015; la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz el 5 de marzo de 2016; y, la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz el 28 de febrero de 2017; crímenes de Estado cometidos por el Estado mexicano como respuesta a la exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios Gabriel y Edmundo. Los casos de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y del activista político Teodulfo Torres soriano son de su conocimiento, aun así asumen una actitud mezquina de desprecio.

Actitud política que no se diferencia de las administraciones anteriores de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, hombres del régimen que nunca les importó la exigencia de los familiares y organizaciones populares para exigir la presentación con vida de sus seres queridos, así como juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

La actual administración le da continuidad a esta política dilatoria y de desgaste ejecutada en sexenio anteriores, de lo contrario, ¿por qué se niega a atender este caso emblemático?, ¿acaso es por su condición de revolucionarios que se les quiere condenar al olvido?, nos queda claro que la actual administración de sus buenos deseos no resolverá las demandas de verdad y justicia, mientras no desmantele el Estado policíaco militar y retire a los mandos responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

«El trato que le dan a los familiares de las víctimas es indignante, mucho más aún de un gobierno que dice respetar los derechos humanos y públicamente dice que atenderá a todas las víctimas de la violencia desenfrenada para hacerles “JUSTICIA”. No obstante, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque su discurso está fuera de la realidad que vivimos las masas trabajadoras.»

La criminalización de la protesta popular y a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada continúa en esta administración, desde que empiezan a tomar fotografías a los familiares, anotan sus nombres y características de cada uno, así como hacerlos esperar más de una hora es parte de la revictimización de los familiares y las víctimas; política deleznable, donde los elementos policíacos entregan los informes a sus superiores para después elaborar los expedientes que justifiquen la represión o el cometido de crímenes de lesa humanidad. Actitud política que no es desconocimiento del ejecutivo federal.

Mientras esta política persista, las razones de luchar para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos sobran; mientras la injusticia se haga presente las banderas de lucha son abrazadas por el pueblo organizado fuera de los cauces corporativos del estado. No desistiremos en la exigencia de justicia, hasta que los criminales de Estado sean castigados.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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