Tinta Socialista No 78. Imprescindible la presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de todos los detenidos desaparecidos

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Ciudad de México a 14 de mayo de 2019

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El próximo 25 de mayo se cumplen 12 años de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo, tiempo en el que se evidenció política, jurídica y en materia de derechos humanos la participación del Estado mexicano en el cometido de este múltiple flagelo; crimen de lesa humanidad continuo e imprescriptible por lo que la actual administración está obligada a realizar las diligencias correspondientes para PRESENTARLOS CON VIDA y ejercer la JUSTICIA para enjuiciar a los perpetradores.

La exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos es una demanda muy sentida por los familiares de las víctimas, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos. Demanda política enunciada por los familiares de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya desde el 25 de mayo de 2007, momento en el que el gobierno mexicano perpetró el crimen de lesa humanidad en su perjuicio.

Ya pasaron 12 años desde que se cometió este crimen deleznable, tiempo y espacio en el que dos administraciones extendieron la impunidad a los responsables de su cometido y revictimizó a sus familiares. Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto negaron la grave violación a los derechos humanos contra las víctimas Gabriel Alberto y Edmundo efectuada por agentes del Estado mexicano.

La sentencia final emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México a la demanda de amparo 942/2013-2 en favor de las víctimas y de sus familiares no es fortuito, en este logro jurídico va implícita la persistencia, la combatividad, la solidaridad y la coordinación de varios esfuerzos organizativos para denunciar en lo político, jurídico y derechos humanos la responsabilidad material e intelectual del gobierno mexicano en este caso de desaparición forzada en nuestro país.

La continuidad del cometido de crímenes de lesa humanidad fue un hecho innegable en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) y Enrique Peña Nieto (EPN), quienes en lugar de facilitar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas para que obtuvieran una investigación pronta y expedita, intentaron amedrentarlos con el hostigamiento, la amenaza y cometido de más crímenes para cercenar la denuncia y la movilización.

El terrorismo de Estado es la política gubernamental que desangró a millones de familias mexicanas, su carácter transexenal fue la evidencia de que no importa la sigla partidista de quien ocupe la silla presidencial, el cometido de estos flagelos se mantiene incólume en tanto la militarización sea la premisa para sostener la política de “seguridad nacional”.

Hostigamiento, intimidación, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, intento de ejecución extrajudicial, intento de desaparición forzada son la respuesta de los gobiernos anteriores ante la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos; esta situación se ejerció con mayor intensidad en el sexenio de EPN por exigir que acatara la resolución 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado de la Federación.

No podemos ver por separado el asesinato político de nuestro compañero Héctor Sántiz López; la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; el intento de ejecución extrajudicial de cinco compañeros en la Ciudad de México, donde el perpetrador les espetó “se sienten muy chingones”; la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz de 13 años de edad, y un serie de atropellos más contra nuestra por exigir JUSTICIA y PRESENTACIÓN CON VIDA de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo.
Crímenes perpetrados por agentes del Estado y grupos paramilitares en un contexto de denuncia y acciones políticas de masas por exigir cese a la política del terrorismo de Estado, hecho que lleva implícito la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel y Edmundo y la de todas las víctimas de este crimen de Estado.

El gobierno mexicano es el responsable material e intelectual del cometido de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, esta verdad es imposible ocultar ante la existencia de miles de testimonios que señalan a alguna corporación policíaca de cualquier nivel, donde espetan a sus víctimas que “…se nos puede olvidar dónde te vamos a dejar”, en franca amenaza de cometer un crimen de lesa humanidad.

A cinco años de haber emitido la resolución 29/2014, la Juez María Dolores Núñez Solorio concede la resolución del juicio de amparo 914/2013 a favor de las víctimas directas, donde ordena a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) “permitir la entrada a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad para buscar a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez…”; fallo que sienta un precedente histórico en materia jurídica y política para los casos de desaparición forzada porque pide ejercer acción jurídica contra una de las instancias que no se quiere tocar ni con el pétalo de una resolución que es el ejército mexicano.

En muchos casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, el ejército mexicano es señalado por las víctimas directas e indirectas, incluso por algunos organismos oficiales de derechos humanos como los responsables de materializar los crímenes de lesa humanidad, de imponer la violencia y el terrorismo de Estado en toda la geografía mexicana, no obstante, es el aparato represivo que actúa bajo el amparo y la protección del gobierno mexicano.

En varias ocasiones el gobierno mexicano ha señalado ante los medios de comunicación que va a esclarecer los casos de desaparición forzada, incluso destinó un tope ilimitado de recursos para que las instituciones encargadas de ello hagan lo correspondiente conforme a la ley en materia de derechos humanos; no obstante, en el caso de los luchadores sociales no hay indicios de acercamiento para cerrar la herida conforme al derecho penal internacional y a lo establecido en organismos internacionales de derechos humanos.

No hay transformación en un país si el manto de impunidad encubre a los perpetradores de múltiples crímenes de lesa humanidad, empieza por investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales, intelectuales y beneficiarios de esta práctica fascista, asimismo, se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de las víctimas, familiares, asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de derechos humanos y populares que acompañan cada uno de los casos.

Juzgar y sancionar a los perpetradores es una deuda histórica que tiene el Ejecutivo Federal con todos los familiares de víctimas de crímenes tan deleznables como lo es la desaparición forzada, hasta el momento no existe registro de que algún alto mando policíaco militar sea sancionado y juzgado por graves violaciones a los derechos humanos.

Hacerlo lleva implícito el reconocimiento de este crimen, el desmantelamiento de las estructuras policíacas, militares y paramilitares responsables de objetivar crímenes de Estado y de lesa humanidad, de lo contrario, sería corresponsable y la impunidad permanecerá como política de gobierno, no sólo en este caso sino en los cientos de miles cometidos en administraciones anteriores, que si bien es cierto el actual gobierno no los cometió, pero al ser representante del Estado mexicano asume la responsabilidad de terminar con estos flagelos y hacer justicia.

Argumentar que nos heredaron un país con violencia e inseguridad no contribuye a ver el fenómeno en su esencia, sólo se describe la forma, pero la raíz queda intacta al no señalar el hilo conductor de esta política de terrorismo de Estado, la cual es emanada desde las entrañas de éste para mantener los intereses políticos y económicos de la clase que detenta el poder.

Mantener a elementos de la SEDENA, SEMAR y Policía Federal en las estructuras policíacas es un indicativo de que las graves violaciones a los derechos humanos permanecerán y la impunidad será la continuidad de las políticas que cometieron sus antecesores.

La exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel y Edmundo no cambia, al contrario, se fortalece con mayor ahínco; cada espacio público, aula académica, calle es una tribuna para la denuncia, movilización o acción política de masas combativas.

Invitamos a cada madre, hermano, hermana, hijo o esposo en igual condición a no callar ni olvidar, que la indignación invada el pensamiento y la combatividad se transforme en acción para exigir VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS.

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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