Tinta Socialista No. 74. El respeto de los derechos humanos es incompatible con la creación de nuevos cuerpos policíaco militares

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Ciudad de México a 10 de abril de 2019

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La centralidad de los derechos humanos en la política del nuevo gobierno es incompatible con la creación de nuevos cuerpos policíaco-militares, todo organismo de hombres armados constituye una corporación represiva aunque en el papel expresen lo contrario. No se trata de una simple retórica criticista desde el movimiento popular, existen elementos de prueba, sobran en todo el territorio nacional que comprueban la responsabilidad gubernamental en el cometido de crímenes de lesa humanidad.

La visita de la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a nuestro país significa una loable labor desde las instancias internacionales por coadyuvar en el establecimiento de la justicia para casos de violaciones a los derechos humanos, no obstante, los compromisos que asuma el titular del Ejecutivo federal deben rebasar los límites de la acción discursiva y materializarse en la vía de los hechos.

La ACNUDH reconoce que existen las acciones importantes que adoptó la nueva administración hacia casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado reciente, sin embargo, aún hay muchos en esta condición que son omitidos de los reflectores mediáticos y de la atención institucional. En el período que va del presente sexenio el cometido de crímenes no cesa, por el contrario, la estadística establece un considerable aumento de la violencia institucional.

En México se ejecutó la política del terrorismo de Estado en los sexenios anteriores cuyo saldo de víctimas es incuantificable, en la estadística oficial están registradas 40 mil víctimas de desaparición forzada, 26 mil cuerpos humanos sin identificar, la existencia de más de un millar de fosas clandestinas en todo el territorio nacional y un número incalculable de personas víctimas de desplazamiento forzado.

Los números en abstracto indican un pormenor de la magnitud de los crímenes de lesa humanidad ejecutados sistemáticamente en los gobiernos predecesores, sin embargo, las víctimas son mucho más que un cálculo frío. Todas ellas pertenecen a un hogar, tienen una vida, un nombre, un rostro y apellido.

Son más de 350 mil las víctimas directas de tan atroces flagelos, cada una de ellas arrancada de manera abrupta de una cotidianidad y un seno familiar, por lo que la cifra de víctimas indirectas es inconmensurable. No se trata sólo de axiomas matemáticos, es ante todo la necesidad de establecer en su exacta magnitud la dimensión de esta execrable realidad.

La ausencia de muchos casos de desaparición forzada de personas en la estadística gubernamental indica el intento de desaparecer a los detenidos desaparecidos, el pretexto para endosar a “particulares” el cometido de estos abominables crímenes y con ello extender la impunidad sobre los cuerpos policíaco militares como autores materiales de los mismos.

Las disculpas y medidas judeocristianas por el cometido de crímenes no ponen fin al flagelo que lacera millones de familias mexicanas, son actos que quedan en las buenas intenciones y el buen gesto que nunca recibieron las víctimas y sus familiares, no obstante, la herida sigue abierta y la justicia no llega para todos quienes padecen estas lacerantes condiciones.

Pedir disculpas por casos del pasado y el compromiso por crear comisiones para develar la verdad de los casos del presente es una actitud que debe materializarse en búsqueda de todos los detenidos desaparecidos sin excepciones. La investidura de representante de Estado le otorga facultades para buscar los mecanismos de resarcir medianamente el daño causado a los mexicanos, de lo contrario, endilga responsabilidades políticas y jurídicas debido a la imprescriptibilidad y el carácter continuo de los crímenes de lesa humanidad.

El caso Ayotzinapa es mantenido en la cima de las opiniones, es verdad que es uno de los casos más ilustrativos del sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo, no es el único caso, en esa misma administración se cometió la desaparición forzada del activista Teodulfo Torres Soriano y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, entre otros más. La experiencia dolorosa de las madres y padres de los 43 estudiantes son similares con las que se cuentan en miles en cada hogar que es tocado por este execrable flagelo.

Es inadmisible que por comodidad o por dolo el concepto que tipifica adecuadamente el fenómeno empiece a ser degenerado a una contracción sintáctica al concepto de “desaparición”, existe un abismo conceptual y político que marca una distancia respecto a la desaparición forzada, por lo tanto, no es un asunto de simple semántica o terquedad conceptual.

El gobierno federal busca el aval de otras instituciones en sus pretensiones de imponer un nuevo cuerpo policíaco militar en labores de seguridad pública, no obstante, el nombramiento del comandante de la Guardia Nacional y el equipo de “expertos” que lo acompañan en las “tareas de seguridad” son hombres y mujeres ungidos en el régimen, a juzgar por su “amplio” currículum en las mismas instituciones represivas.

La sentencia de que “no se puede avanzar hacia el futuro sin esclarecer las sombras del pasado” debe tener punto de partida en juzgar los crímenes cometidos en las administraciones anteriores y no extender la indulgencia a quienes fueron los encargados de objetivar la represión a través de crímenes execrables.

Esclarecer el cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos significa mantener presente la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, nada tiene que ver con la discrecionalidad para presentar restos mortales de seres humanos y concluir que la suerte de la víctima fue la ejecución extrajudicial sin saber quiénes fueron los responsables.

Sin duda que la elaboración de “falsos atajos” se tasan en miles de víctimas, porque la salida que elaboraron los gobiernos anteriores fue la creación o adecuación de nuevas policías en las calles, aunado a la militarización de toda la vida política del país. Resulta difícil otorgar el beneficio de la duda a las nuevas siglas policíacas que emergen cuando en su esencia se encuentra elementos que son señalados como los artífices de múltiples crímenes.

Señalar a la policía federal, la marina y el ejército como los responsables de objetivar el terrorismo de Estado no es una mera especulación ni tiene punto de partida en la individualidad de sus integrantes, es ante todo la observación en su conjunto como cuerpos de hombres armas cuya función es generalizar el terror en el supuesto combate al crimen organizado.

En el movimiento de víctimas no hay el sentimiento de frustración ante las expectativa que pudo generar las promesas del cambio, paulatinamente la claridad se hace presente para dilucidar que si la justicia es escamoteada desde las instancias gubernamentales, la ruta metodológica es mantener la acción política de masas para exigir el juicio y castigo a los responsables.

El titular del gobierno federal está en condiciones distintas para resarcir el daño causado a millones de familias, tiene la investidura para dar los pasos concretos para hacer llegar la justicia a cada una de las víctimas. No basta con negar una y otra vez que él no sea el responsable de los crímenes cometidos en lo que va de su mandado, sino en garantizar investigaciones pronta y expedita para cada caso de esta naturaleza.

Existen víctimas pendientes en la agenda institucional, sigue sin responder a la interrogante, ¿qué va a suceder con aquellos casos que son omitidos en la estadística oficial? ¿Cuál es el trato hacia los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; para con nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; Teodulfo Torres Soriano; las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Lauro Juárez; Francisco Paredes Ruiz; Carlos René Román Salazar; Gabriel Gómez Caña…?

No olvidamos, no perdonamos, por cada uno de ellos la exigencia se mantiene presente ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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