Tinta Socialista No 70. Las ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales son responsabilidad del Estado mexicano

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Ciudad de México a 13 de marzo de 2019

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Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra trabajadores de la comunicación de radios comunitarias y prensa escrita, activistas políticos, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos son responsabilidad del Estado mexicano; crímenes de Estado que a poco más de tres meses de gobierno evidencian que la violencia institucional se encuentra enquistada en la entrañas del régimen y no se supera con retórica oficial.

Las autoridades aluden que la violencia disminuyó en el país, no obstante, la realidad contrasta con los dichos de funcionarios e instituciones, basta echar una mirada a las entidades federativas donde se cometen más crímenes de esta magnitud, tal es el caso de Guanajuato, Veracruz, Chiapas y Estado de México. Fenómeno sociopolítico que devela las leyes que rigen el modo de producción capitalista, las cuales para iniciar un nuevo ciclo de acumulación y concentración de capital van acompañadas de un proceso de violencia desenfrenada y terrorismo de Estado contra las masas trabajadoras.

Los crímenes cometidos contra trabajadores de la comunicación, defensores de los derechos humanos y luchadores sociales tienen un común denominador, son pueblo que por su posición crítica a las políticas de gobierno fueron sometidos a este flagelo, tal es el caso del luchador social y comunicador de una radio comunitaria Samir Flores Soberanes, quien por hacer escuchar su voz de protesta en un acto público del presidente de la República en el estado de Morelos, éste les espetó que eran “radicales de extrema izquierda” y al día siguiente fue sometido al flagelo de la ejecución extrajudicial por sujetos de corte tipo militar.

El mensaje político fue claro, generar un escarmiento para que dejen de luchar contra los proyectos económicos que benefician a una minoría en detrimento de las masas explotadas y oprimidas, de lo contrario serán sometidos a la violencia institucional; la diferencia entre política de gobierno actual con la de sus antecesores empieza a difuminarse, a menos que se denuncie a quienes son los responsables de estos crímenes de Estado.

La línea de fortalecer el Estado policíaco militar e intentar acallar las voces de protesta sigue su curso más allá de las declaraciones institucionales, señal de que la base económica se mantiene intacto de donde emana la violencia de clase. Insistimos, si desde la autoridad federal no se orquesta esta política, es preciso que de denuncie quién ordena el cometido de estos crímenes.

Las descalificaciones reflejan la intolerancia contra todo aquel que se oponga las políticas del actual gobierno, los epítetos de “conservador”, “radicales”, “extrema izquierda” o “rebeldes sin causa”, son frases que criminalizan y estigmatizan a las masas organizadas de manera independiente. En los hechos se devela un gobierno contra el pueblo organizado.

Dichos que tienen una intención, no son espontáneas ni ocurrencias, obedecen a la política de descalificar para criminalizar la protesta popular y preparar el terreno para la represión, como ha sucedido en los últimos días contra compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) quienes son víctimas de hostigamiento y amenazas por el hecho de exigir justicia para el caso de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Exigir la presentación con vida no es un delito, sostener la bandera de lucha por el juicio y castigo a los criminales de Estado no es razón para que el Estado centre su objetivo para cercenar la solidaridad. De permanecer esta actitud quedaría claro que la política gubernamental es acallar la protesta por medio del cometido de más crímenes.

La intención de la violencia institucional es clara, hacer desistir al movimiento popular de la exigencia de presentación con vida, así como juicio y castigo a los perpetradores. Hay casos donde están señalados agentes del Estado como responsables de cometer este aborrecible crimen, además de altos mandos de las fuerzas federales, policías estatal y municipal del estado de Oaxaca, por ello no es fortuito que se les quiera garantizar la impunidad por medio del terrorismo de Estado.

Esta desaparición forzada contra integrantes del PDPR-EPR es un crimen de lesa humanidad que se cometió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) extendió la impunidad hacia los perpetradores. El gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador tiene la posibilidad de resarcir medianamente la herida que causa en el pueblo pero para ello debe dejar de hostigar a quienes mantienen en alto la bandera de su presentación con vida.

Queda claro que la violencia institucional y el terrorismo de Estado no van a cesar, lo dicho desde la oficialidad sólo es maniobra discursiva que contradice la realidad, sólo basta analizar los dichos presidenciales para descifrar la esencia de sus intenciones, la cual no es velar por los intereses del pueblo trabajador sino garantizar y proteger los intereses de los grupos de poder económico y político en el país.

A más de tres meses de gobierno, el Ejecutivo federal arengó sobre los “logros obtenidos”, discurso que no aclaró la esencia de la violencia institucional y el ambiente de terrorismo de Estado que enfrentan las masas trabajadoras; en los hechos elude la responsabilidad de no permitir más crímenes tan deleznables como lo son la ejecución extrajudicial y desapariciones forzadas.

Tiempo en el que se han cometido de manera selectiva ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, hostigamiento y allanamiento de morada contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, trabajadores de la comunicación, docentes agremiados en la CNTE e integrantes de organizaciones populares e independientes.

En sus discursos matutinos, el ejecutivo federal ostenta “no voy a reprimir al pueblo, eso quedó en el pasado”, “no voy a caer en provocaciones eso es lo que quieren para que reprima, pero no les voy a dar gusto”, alocuciones que contradicen la realidad que enfrenta a diario el pueblo trabajador.

Desde el primer día que tomó protesta para asumir la presidencia de la República asesinaron a locutores de radios comunitarias, según registros de Artículo 19 son tres, aunado a 14 ejecuciones extrajudiciales contra periodistas y activistas políticos. Cifras que por sí solas evidencian la magnitud de la violencia institucional, que lejos de disminuir aumenta de manera inconmensurable.

Lo preocupante es la elocuencia esgrimida desde las instancias gubernamentales al señalar que no son ellos, lo cual contradice los hechos objetivos, porque si no es el Estado mexicano el perpetrador, entonces, ¿quién o quiénes son los que cometen tan aberrantes crímenes?, ¿por qué precisamente contra personas que hacen crítica política contra las políticas de gobierno?

Es evidente que el móvil de cada uno de los crímenes cometidos contra las voces de protesta es político, los cuales no son espontáneos u ocurrencias personales, son perpetrados con la intención de que desistan de luchar por sus demandas y abandonen las banderas de lucha independiente.

El gobierno no es ajeno a estos crímenes, es su responsabilidad garantizar lo necesario para obtener una investigación pronta y expedita. Señalar en sus conferencias matutinas que no son ellos, es ambiguo porque si no es el Estado, entonces, ¿quiénes son?, ¿no tiene control de las estructuras del Estado?, ¿acaso hay una estructura institucional que no está dentro de su control como jefe de Estado? Interrogantes que no tienen una respuesta, pero en la vía de los hechos clarifica la política de gobierno contra el pueblo organizado fuera de los marcos corporativos.

Si el gobierno federal no va a reprimir, entonces que aclare quién o quiénes son los que cometen los crímenes de Estado contra luchadores sociales, asesinatos contra trabajadores de la comunicación o defensores de los derechos humanos, porque lejos de disminuir incrementan.

Al pueblo organizado nos queda como alternativa la denuncia y acciones políticas de masas, ante cada injusticia siempre habrá una razón para luchar, ante cada acto antipopular de las autoridades hay miles de razones para seguir en la lucha. No podemos callar ni silenciar las arbitrariedades cometidas por el Estado mexicano; hacerlo sería contribuir al olvido de las víctimas silenciadas por la política gubernamental; las calles nos recuerdan que viven y aflora la indignación para NO PERDONAR NI OLVIDAR.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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