solicitud de intervención

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Huasteca y Sierra Oriental, febrero de 2019

LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, MIGRACIÓN Y POBLACIÓN
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE:

Las comunidades indígenas de la sierra oriental agrupadas en la organización Campesinos Unidos de la Sierra Oriental, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (CUSO-FNLS), se dirigen respetuosamente a usted para saludarle y de la misma manera solicitarle su intervención, a medida de sus atribuciones, a las instancias correspondientes del Estado mexicano para la solución definitiva de la problemática agraria enfrentada en esta región del estado de Hidalgo y Veracruz que se ha tornado violento y cobrado vidas de nuestros hermanos campesino-indígenas.

En la Sierra Oriental, que comprende la región huasteca de Veracruz e Hidalgo, la vida de las comunidades y pueblos indígenas —en su mayoría analfabetas y monolingües— ha estado inmersa en la exclusión de los derechos humanos fundamentales, objetivada en una sanguinaria violencia sistemática como forma de despojo de sus tierras comunales y/o ejidales, como su único patrimonio familiar-comunitario.

Despojados de sus tierras y de la libertad, vejados por la tiranía caciquil e institucional; en las décadas de los 70 y 80 se levantan para recuperar por la vía de los hechos lo arrebatado. Lucha popular organizada de manera independiente que alcanza su máxima expresión con la conformación de la organización indígena campesina, Campesinos Unidos de la Sierra Oriental (CUSO).

Durante este proceso los pueblos organizados resisten de forma organizada desalojos, persecuciones, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas, a la par, conformaron Nuevos Centros de Población y ampliación de ejidos o bienes comunales.

El origen de CUSO se desarrolló en el contexto histórico que surgen otras organizaciones hermanas como la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas (OIPUH) y Comités Agrarios del Norte de Veracruz e Hidalgo “Emiliano Zapata” (CANVHEZ) que más adelante fue conformado el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) que, a su vez, confluyó en el proyecto nacional Movimiento Democrático Independiente (MDI), hoy Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

La ofensiva gubernamental siguió su curso a través de organizaciones oficialistas como la Confederación Nacional Campesina (CNC), Central Campesina Independiente (CCI) y paramilitares como la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECH) y Antorcha Campesina, que con el aparato policiaco militar, fungieron como brazos ejecutores de los crímenes de Estado contra militantes de los pueblos organizados.

Acciones criminales enmascaradas como supuestos enfrentamientos intercomunitarios y entre los pueblos, pero en realidad fue una cacería de activistas y representantes de las organizaciones populares con el objetivo de provocar una lucha fratricida para justificar el ilegal asentamiento permanente del ejército en la sierra, que actuó como protector y aliado del paramilitarismo caciquil.

Dinámica de terror y crímenes de lesa humanidad ejecutados por el poder burgués local con la anuencia y apoyo del Estado que abarcó una amplia región de municipios de la sierra: Yahualica, Ilamatlán, Tianguistengo, Huayacocotla, Zontecomatlán, Tezcatepec, Xochiatipan, entre otros, dirigida contra los pueblos organizados en CUSO.

Caciques y los tres niveles de gobierno, por el grado de ignorancia y desclasamiento de algunos miembros de los pueblos, utilizaron como pistoleros o integrantes de bandas paramilitares quiénes junto con el instrumento policíaco militar cometieron más de 300 ejecuciones extrajudiciales, decenas de desapariciones forzadas y centenares de familias víctimas de desplazamiento forzado; crímenes de lesa humanidad y de Estado que hasta hoy siguen en la impunidad.

En la actualidad, a los Núcleos de población ejidal que mantienen la posesión de la tierra de manera pública y permanente, recuperada legítimamente en las décadas del 70 y 80, son despojados con violencia por las familias caciquiles de antaño y nuevos grupos que emergen al amparo de los primeros y el Estado.

Represión, abuso de poder y el cometido de crímenes de lesa humanidad son una deleznable y recurrente práctica del Estado junto con sus aliados, como es el caso del pueblo de Pachiquitla, municipio de Xochiatipan, que pertenece a la organización priista Antorcha Campesina, ha despojado grandes extensiones de tierra para su “gente” con anuencia de las dependencias gubernamentales a los pueblos de Tenamastepec y Crisolco del municipio de Yahualica, Hidalgo; y de Huitstipán del municipio de Ilamatlán, Veracruz.

La comunidad en mención también ha perpetrado las mismas acciones de despojo contra poblaciones circunvecinas, que no denuncian por temor a represalias. Para llevar a cabo los planes de despojo, la población antorchista, utiliza la violencia y como instrumentos legales a los gobiernos municipal y estatal; las residencias de la Procuraduría Agraria de Veracruz e Hidalgo y los tribunales agrarios como tutela oficial para la consumación del abuso de poder e impunidad.

En el caso del nuevo centro de población ejidal Crisolco municipio de Yahualica, Hidalgo, desde su constitución ha padecido la violencia de Estado de manera sistemática mediante el aparato policíaco militar y paramilitar. En la actualidad se recrudece con el intento de despojo de más de 71 hectáreas por la comunidad de Pachiquitla del municipio de Xochiatipan, Hgo., en contubernio con el gobierno municipal representado por Manolo Gutiérrez Hernández y las instituciones estatales encargadas de impartición de justicia.

La nueva oleada de violencia contra Crisolco ha cobrado víctimas; detención y tortura del campesino indígena-nahua Celerino González Reyes el pasado 12 de noviembre de 2018 por una turba de habitantes de Pachiquitla, con la participación de policías municipales y estatales; ejecución extra judicial del campesino indígena-nahua Manuel Martínez Bautista el 24 de diciembre de 2018; además, hostigamiento judicial basado en acusaciones prefabricadas contra integrantes de esta comunidad que se ha tornado en un incierto proceso agrario para el pueblo de Crisolco, que se desarrolla en el Tribunal Unitario Agrario distrito 43 sede en Tampico, Tamaulipas.
Estos crímenes fueron denunciados de manera puntual por los familiares y vecinos de la comunidad mencionada, sin embargo, las autoridades encargadas de investigar y castigar a los responsables sólo tratan de cansar a los familiares en la maraña burocrática con la intención de hacerlos desistir en su exigencia de justicia.

La misma condición de abuso de poder e impunidad enfrenta la comunidad de Huiztipán municipio de Ilamatlán, Veracruz, que fue despojada de 400 hectáreas por los antorchistas de Pachiquitla mediante el cometido de ejecuciones extrajudiciales. Para legitimar dicha acción los gobiernos municipal y estatal e instituciones del sector agrario, realizan una reunión donde acuerdan notificarle a la comunidad de Huiztipán que deben acatarse a la resolución de entregar el 50% de su tierra.

No conforme con el despojo de las 400 hectáreas a Huistipan, de parte de Pachiquitla actualmente le quiere arrebatar 6 hectáreas más con los mismos métodos y con la anuencia de las autoridades municipales y del sector agrario para llegar a la consabida “negociación” del 50 por ciento.

Un caso más de despojo es el que se pretende ejercer contra los pobladores de Techimal, Tianguistengo, Hgo., quienes son presionados y amenazados por funcionarios de la presidencia municipal y la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo para el cumplimiento del “acuerdo reparatorio” que favorece a los caciques locales Nativerio Villegas Mercado e hijos, radicados en Yatipán, Tianguistengo, Hgo.

Como antecedente, los integrantes de esta comunidad el pasado 16 de mayo de 2018 fueron obligados a firmar el “acuerdo reparatorio” donde establece que de manera voluntaria dejarán el predio “Tepeuitsica” el 31 de diciembre de 2018 para que el supuesto dueño pueda hacer uso del predio.

Los casos expuestos someramente se han denunciado y documentado en diferentes momentos, de los cuales se anexan los respectivos documentos girados en las diversas dependencias gubernamentales y medios de comunicación.

Por lo anterior expuesto las comunidades abajo firmantes exigimos:

1. La restitución de nuestras tierras, arrebatadas de manera violenta por el pueblo de Pachiquitla, con aquiescencia del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
2. El juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra los integrantes de nuestras comunidades.
3. Eliminación de toda carpeta de investigación contra nuestros compañeros.
4. El respeto de nuestros derechos humanos, constitucionales y agrarios, así como, el respeto a la libre organización y a la vida interna de nuestras comunidades.

COMBATIVAMENTE

¡ZAPATISMO Y SOCIALISMO! ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
CAMPESINOS UNIDOS DE LA SIERRA ORIENTAL

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
CUSO-FNLS

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