Tinta Socialista No 68. Criminalización de la pobreza y protesta popular, premisa que define la política de seguridad nacional

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Ciudad de México a 26 de febrero de 2019

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La criminalización de la pobreza y la protesta popular se convierte en el aspecto nodal de donde se define la política de seguridad nacional, existe la pretensión de encuadrar el fenómeno de la violencia generalizada a aspectos de índole moral, omitir deliberadamente las raíces socioeconómicas de las condiciones paupérrimas de existencia de las masas y señalar con dolo que los índices delictivos tiene su génesis en la mala educación que brinda una madre a sus hijos.

La descomposición social que genera el régimen es una realidad insoslayable, el modo de producción capitalista conduce al explotado a una condición de extravío, no se reconoce como ser humano ni reconoce a otros como de su misma especie. El proceso productivo fincado en la explotación enfrenta al hombre con el hombre, ve en su semejante a un contrario que compite con él por ser explotado.

Negar la base económica que sostiene al capitalismo no suprime de facto las relaciones de producción oprobiosas, las conjeturas moralinas no aminoran los efectos perniciosos de décadas de implementación del neoliberalismo, por lo tanto, el mal que afecta a todos los mexicanos no es de orden moral, sino producto de la política económica impuesta desde gobiernos anteriores y que por el momento no son atacadas de manera puntual.

El gobierno actual esgrime su política de seguridad sobre bases poco fiables, reduce el clima de crímenes a la corrupción moral de individuos que delinquen porque extraviaron el camino del “bien”, no obstante, esta definición sólo se atiene a la forma mas no a las causas. Pacificar el país con la creación de nuevas corporaciones policíacas o con el fortalecimiento de las ya existentes significa mantener una política represiva a pesar de los variados y sutiles matices.

Las cifras de ejecutados extrajudicialmente en los primeros días de gobierno son la prueba irrefutable de que la violencia de clase va más allá de los deseos personales, ésta se encuentra imbuida en las entrañas mismas del régimen que es difícil erradicarla por decreto. Lejos de pretender justificar lo injustificable y endosar todo crimen a la multicitada delincuencia organizada, el compromiso institucional debería ser la realización de una investigación pronta y expedita.

Es desatinado que el Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas sostenga que las policías comunitarias “se han convertido en grupos paramilitares al servicio de la delincuencia organizada”, esta definición carece de sentido porque no puede existir la definición de paramilitar colocada al margen del Estado, por lo tanto, si él considera que ésta es la característica que identifica a estos grupos, implícitamente reconoce que hay un vínculo con las estructuras del gobierno mexicano.

Los conceptos para definir un determinado fenómeno no son simples fomentas de los cuales se pueda hacer un uso discrecional, cada uno de ellos explica y condensa de manera muy concreta determinada circunstancia política, económica o social, por lo que señalar subrepticiamente los fenómenos abona a la criminalización de la pobreza y la protesta popular.

Sí existen los grupos de autodefensa cuyo actuar es eminentemente paramilitar, pero estos nada tienen que ver con los esfuerzos populares por garantizarse seguridad como comunidades. Quienes actuaron bajo la táctica del paramilitarismo fueron las denominadas “guardias comunitarias o autodefensas” en Tierra Caliente Michoacán, de las cuales muchas fueron incorporadas a la nómina institucional.

Uno de los líderes de ese “movimiento social” logró granjear la simpatía del nuevo gobierno, en muchos de los discursos le fueron lanzados elogios al “valiente” ciudadano que sí enfrentó al narcotráfico de frente, mientras tanto, el pueblo que lucha de manera independiente fuera de los marcos burocráticos del Estado mexicano se le vilipendia y descalifica con el objetivo de tender la estigmatización.

Los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) actuaron sobre la premisa de crear el enemigo interno para justificar la imposición del terrorismo de Estado en todo el territorio nacional, sobredimensionaron el negocio del mercado de la drogas porque esto le favorecía sostener su política de desarrollo sobre el fetiche de la seguridad interna. Ésta fue la esencia de las denominadas autodefensas michoacanas, quienes en su actuar a través del tiempo se evidenció que estuvieron estructuradas, financiadas y dirigidas desde y para el Estado mexicano.

Es falso que la violencia emane de las masas trabajadoras, es absurdo siquiera pensar que un código moral será capaz de recuperar el rumbo perdido de millones de mexicanos. La violencia emana del régimen, es la voracidad oligárquica objetivada en crímenes de lesa humanidad y de Estado, es la imposición de los designios del capital por medio del terror sobre la sangre del pueblo trabajador.

La política de criminalización de la pobreza es cada vez más palpable, constantes operativos en el transporte público es el indicativo de la visión maniquea del origen la criminalidad común, del origen en la pobreza económica que conduce a la pobreza cultural y que paulatinamente degrada al ser humano al grado que se convierte en presa de un círculo vicioso.

La delincuencia común es real, existe y no hay posibilidades de negarla, pero al énfasis no se debe hacer en el ataque a la forma, sino observar verdaderamente la esencia. El hecho de que los “focos rojos” delictivos se encuentren en los cinturones de miseria de las grandes ciudades es el indicativo de la relación intrínseca con las condiciones materiales de existencia, las cuales son única y exclusivamente responsabilidad de los gobiernos que fincan el porvenir de empresarios a costa de la vida del pueblo trabajador.

Los salarios de hambre, la muerte por enfermedades curables, la miseria… son condiciones objetivas que condenan a las masas trabajadoras a situaciones cada vez más deplorables, éstas son las que conforman el caldo de cultivo para la perversión humana, pero en estos bajos instintos afloran como el reflejo a espejo de la burguesía, es aquí donde llegan a su éxtasis los bajos instintos, el robo, la doble moral, la corrupción, la prostitución… son males inmanentes a las clases explotadoras.

¿Qué burgués puede presumir capital bien habido? Ninguno, el proceso de acumulación y centralización lleva implícito el hurto, la usura, el fraude. La moral burguesa todo lo pervierte, lo inmoral lo vuelve moral, legaliza el robo y al hombre lo torna extraño a sí mismo, al grado que sólo se siente humano, únicamente en sus funciones estrictamente naturales, cuando se acicala como bestia de trabajo.

La pobreza no es producto de la corrupción moral, es fruto de la iniquidad que genera el capitalismo y su régimen neoliberal. No se observan visos de un cambio en lo inmediato de las políticas económicas, por lo tanto, una mejora en las condiciones de vida será postergada para “mejores tiempos”.

No es criticismo lo que esbozamos, son argumentos sustanciales con fundamento en un sistema de conceptos que parten del materialismo filosófico. Nuestra fuente teórica no parte del eclecticismo ideológico, los proletarios tenemos una ciencia que sirve de faro teórico y práctico en la lucha por la superación cualitativa del régimen.
Sostener que la creación de la Guardia Nacional es un paso más a la militarización no es por una terquedad o antipatía para el actual ocupante de la silla presidencial, es porque las premisas de las que parte son erróneas con fundamento en la diversas acepciones de la ideología burguesa, de tal suerte que aunque de palabra se declare la lucha contra el neoliberalismo, es el poder del capital el que sale fortalecido.

Los únicos que no ven amenazada su vida ni sus negocios son ese reducido grupo de empresarios nacionales que ya ven garantizadas sus tasas de plusvalor, el régimen les asegura onerosos “negocios” a costa del erario público. Firmas monopólicas son las intermediarias para echar a andar el plan de desarrollo económico con lo cual una nueva etapa de centralización de capital está en ciernes.

Criminalizar la pobreza y la protesta popular es una política que ya fue esbozada por los gobiernos anteriores, ante ello el pueblo tiene el derecho de escalar en los preceptos metodológicos para hacer frente a nuevas oleadas de represión sistemática. Las víctimas de crímenes de Estado en los primeros días de gobierno ya aumentaron las cifras heredadas de administraciones anteriores por lo que la regla devela continuidad.

No es intransigencia, tenemos el derecho de defender nuestra concepción ideo-filosófica. Si desde la vocería oficial se vilipendia al conjunto del movimiento popular con vituperios y descalificaciones, son las organizaciones populares las que no caerán en la provocación y la estrechez en el análisis, desarrollaremos lucha ideológica con madurez y transparencia, la prudencia política no debe ser considerada como sinónimo de debilidad.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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