Tinta Socialista No 67. La desaparición forzada es una expresión del terrorismo de Estado

, por  Ciudad de México , popularidad : 3%

15 de febrero de 2019

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La desapariciones forzada es un crimen de lesa humanidad, su cometido sistemático y generalizado es expresión del terrorismo de Estado, política de gobierno que implementaron las administraciones anteriores con la intención de minar el enorme descontento social y contener la lucha de las masas organizadas, infundir el miedo y el terror en la población para evitar la adquisición de la conciencia proletaria que marque el rumbo de los derroteros históricos.

Constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos reconocidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que los Estados partes están obligados a respetar y garantizar. La privación de la libertad de la persona sólo debe ser entendida como el inicio de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte y paradero de la víctima, de ahí su carácter continuo.

En los últimos18 años el Estado mexicano perpetró esta práctica deleznable como política de Estado a través de sus diferentes corporaciones policíacas y militares, la violencia de clase allanó el camino para imposición de las reformas neoliberales, con lo cual, un ciclo de violencia se cumple para apuntalar el desarrollo económico anclado al furgón del capital monopolista trasnacional.

Bajo el ardid del combate al “narcotráfico y la delincuencia organizada”, los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto justificaron su política de seguridad nacional con la intervención de las fuerzas armadas en el supuesto combate al temidísimo enemigo interno, cuyos resultados fue el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, por ende, la criminalización de la pobreza, al señalar, según su lógica a jóvenes de entre 18 y 30 años como presuntos delincuentes o inculparlos bajo tortura de pertenecer a tal o cual o grupo delincuencial.

La denuncia de los familiares, organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares desenmascaró que la desaparición forzada no es obra de la casualidad, su cometido obedece a una política estructurada exprofeso para generar el terror, el objetivo no es otorgar un daño a la víctima directa únicamente, sino extender la incertidumbre y la zozobra a todos los miembros de la familia, comunidad, ciudad o sector social.

Es política de gobierno que contempla toda un serie de actos y medidas implementadas desde el Estado a través de diferentes instrumentos y mecanismos violentos que tienen como finalidad generar el terror en el pueblo y parálisis social, esto frente a un contexto de descontento y protesta popular. Esta política es una estrategia de contención de la creatividad e iniciativa del pueblo que lucha contra las injusticias que deja la implementación del neoliberalismo.

El carácter sistemático y generalizado en el cometido de estos deleznables crímenes explica la magnitud de las víctimas en toda la geografía mexicana, las cuales se cuantifican en cientos de miles, que por las denuncias, investigaciones periodísticas y diferentes bases de datos de organizaciones de familiares están reconocidas por diferentes metodologías, a pesar de ello, la cantidad de víctimas directas e indirectas es inconmensurable.

La intentona de la actual administración de “desaparecer a los desaparecidos” tanto en el discurso político mediático, en las estadísticas oficiales, en los medios de comunicación e incluso conceptualmente, abonan a mantener en la impunidad a los perpetradores. Las víctimas de la desaparición forzada fueron producto de la política contrainsurgente de los gobiernos panistas y priistas, en donde expresaron la saña y el odio de la clase que representaron.

La administración de Andrés Manuel López Obrador no es la que perpetró estos crímenes abominables, asimilarlo de esta manera sería mecanicista, sin embargo, al asumir la investidura del Estado mexicano tiene la obligación y la responsabilidad de investigar, dar a conocer el paradero de las víctimas, así como su destino; de lo contrario el crimen de lesa humanidad permanece, los detenidos desaparecidos persisten en calidad de víctimas directas y la responsabilidad recae sobre los representantes del Estado.

Una desaparición forzada no puede ser borrada ni en la estadística, ni en el discurso político, ni en el concepto, mucho menos por una coyuntura política por muy importante que sea, es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y en ese sentido también es parte de la memoria colectiva de nuestra historia.

Las víctimas que sobrevivieron, sus familiares y organizaciones populares o derechos humanos no pueden dejar de luchar por la verdad, hacerlo sepultaría a su ser querido, lo mantendría en el olvido y abonaría a perpetuar la impunidad; el crimen de lesa humanidad es una grave violación a los derechos humanos en el cual el perdón judeocristiano no tiene cabida, sólo hay pauta para la justicia.

En el caso concreto de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el punto de partida se encuentra en el reconocimiento explícito como desaparición forzada por motivos políticos por diferentes instituciones, en correspondencia la exigencia de presentación con vida de los familiares, organizaciones populares, colectivos, organismos de derechos humanos y asesores jurídicos, es única, la justicia, que se conozca la verdad y dar pasos concretos para resarcir medianamente el daño cometido a sus personas, sus familiares y al pueblo en general.

Insistir en este caso es con la necesidad que todos aquellos que se encuentran en similares condiciones se reconozcan en su exacta dimensión, evitar condenar al olvido a quienes sus nombres no escalaron lo mediático o que la dictadura de opinión omite con la intención de perpetuar su condición de víctimas anónimas. La lista es enorme, la herida es muy grande que no puede ser obviada con sentencias moralinas.

Un caso que nos ilustra con toda nitidez la naturaleza y objetivo de una desaparición forzada al ser detenidos desaparecidos por agentes del Estado, particularmente por elementos de la policía municipal, estatal y federal. El Estado mexicano intentó negar su participación en la privación ilegal de su libertad, acto seguido, ocultaron el paradero de las víctimas, sustrayéndolas de la protección de la ley.

Esta desaparición forzada fue ampliamente documentada por diversas instituciones de derechos humanos, por la Comisión de la Verdad de Oaxaca presidida por el padre Solalinde y, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de la recomendación 7/2009 dirigida a instancias municipales, estatales y federales, así como la resolución judicial de Poder Judicial de la Federación 29/2014; recursos jurídicos que no fueron acatados a su cabalidad por las dos administraciones anteriores, por tanto, es un crimen que no debe quedar en el olvido, mucho menos perdonar a los perpetradores ni mantenerlos en la impunidad.

Porque son más de diez años sin estar presentes con sus seres queridos, más de una década en el que tanto familiares como organizaciones populares y de derechos humanos solidarias con el caso recibieron hostigamiento, intimidación, represión y, el cometido de más crímenes de lesa humanidad, es menester que las autoridades federales expresen con certeza el compromiso con todas las víctimas del terrorismo de Estado en el país.

Para los familiares son más de diez años sin la presencia de su ser querido, diez años que el Estado mexicano modificó completamente su vida, trabajo, amistades y relaciones familiares. Experiencias que no se pueden borrar de un solo tajo, no se pueden sepultar con discursos políticos que pugnan por el perdón y la conciliación, porque eso no va a regresar diez años de ser objeto de hostigamiento y represión.

Las desapariciones forzadas por motivos políticos o sociales son un fenómeno real, inocultable e incontable por la magnitud de su cometido. Su existencia se debe a una política de gobierno que trasciende siglas partidistas y sexenios, fue sistemática y generalizada, de otra manera no se explica la magnitud de las víctimas.

Las denuncias de las víctimas indirectas, los testimonios de las víctimas directas, las investigaciones periodísticas de trabajadores de la comunicación comprometidos con la verdad y la denuncia política de organizaciones populares desenmascararon esta política deleznable que obligaron al Estado a reconocer listas y publicaciones en torno al tema.

Esclarecer cada una de las desapariciones forzadas cometidas en nuestro país significaría un paso concreto para combatir las políticas económicas que precisan de la violencia de clase. La actitud de “desaparecer a los desaparecidos” es una maniobra que pretende aterciopelar una realidad lacerante. Los pasos concretos para la transformación del país pasan inexorablemente por la solución de los problemas que se engendraron en los gobiernos neoliberales, en este caso que las desapariciones forzadas dejen de ser política de gobierno y que los detenidos desaparecidos sean presentados o en caso diferente que se conozca de la suerte que sufrieron, de su paradero y la verdad de lo sucedido.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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