Tsajal Ek No. 1: Con violencia de clase inicia el año 2019 en Chiapas

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3 de febrero de 2019

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Con violencia de clase inicia el año 2019 en Chiapas

El primer mes del año 2019 inicia con visos claros de violencia de clase en Chiapas, es una condición aparejada a la realidad que se vive en nuestro país, la expresión concreta de este fenómeno se refleja en las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, paramilitarismo y algunos escenarios represivos contra el conjunto del movimiento popular en la entidad, estos acontecimientos indican que la propuesta política de pacificación de la nueva administración transita por senderos escabrosos.

Es innegable el cometido de crímenes de lesa humanidad en la entidad chiapaneca como en el resto del país, este acontecimiento revela que los derechos y libertades políticas del pueblo son amenazadas, no obstante quienes perecen en este contexto de violencia son las masas trabajadoras, activistas políticos, defensores de derechos humanos, estudiantes.

Los diversos casos de violaciones a los derechos humanos a principios de este año, develan también la criminalización a la protesta popular. Atentar contra la vida de activistas políticos es evidencia de que el derecho a la vida y el derecho a protestar en el presente sexenio ensanchan las grietas de la incertidumbre cuando el ejecutivo federal manifestó “salvaguardar” los derechos humanos del pueblo y no reprimir.

Las cifras de los saldos en vidas del pueblo durante los primeros días del sexenio a nivel federal revelan claras tendencias de continuidad del terrorismo de Estado. Por ejemplo, se registraron en un solo día hasta 81 ejecuciones extrajudiciales en regiones específicas del país, más los casos de desaparición forzada que no cesan, son el indicativo del riesgo persistente contra el derecho a la vida del pueblo.
En Chiapas esta realidad se materializa en casos específicos. El 16 de diciembre de 2018 fueron detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente dos trabajadores de la educación integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en el municipio de Mapastepec.

El pasado 2 de enero el grupo paramilitar "Los Petules" golpeó e intentó en acción conjunta con la policía municipal del municipio de Ocosingo, desaparecer a un compañero integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). Es un botón de muestra de la persistencia del paramilitarismo contra el pueblo organizado de manera independiente y combativa.

En ese contexto, el 3 de enero fue ejecutado extrajudicialmente Sinar Corzo en el municipio de Arriaga, quien destacó como activista político e integrante del Comité Ciudadano Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra. Hecho lamentable e ilustrativo de la inexistencia de garantía real de ejercer el derecho a la protesta popular.

7 de enero, policías estatales reprimieron a estudiantes de la Normal Rural Mactumatza, quienes se manifestaban para exigir solución a sus demandas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Este hecho devela que la “cuarta transformación” para el gobierno chiapaneco prescinde del diálogo y expresa una contradicción a la retórica del ejecutivo federal respecto a la forma de solucionar las exigencias del pueblo, de no recurrir a la represión como forma de solucionar las demandas de los sectores populares.

El 10 de enero, normalistas de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek" fueron brutalmente reprimidos por policías y militares mientras ejercían su derecho a la protesta en la caceta de cobro de Ocuilapa en el municipio de Ocozocuautla. Las demandas del sector estudiantil, una vez más fueron objeto de la violencia policíaco militar.

El pasado 17 de enero detienen desaparecen a Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuyo trágico desenlace culminó con su ejecución extrajudicial. Este acto criminal contra los activistas reafirma la tesis de la incertidumbre en la que transita la defensa de los derechos y libertades políticas del pueblo y la vigencia del paramilitarismo contra el pueblo.

El 23 de enero se ejecuta extrajudicialmente a Estelina López en el municipio de Amatenango del Valle quien fue firme defensora del derecho a la tierra.
Estos hechos evidencian la continuidad del terrorismo de Estado, pese a que el gobierno aseguró que no habría represión y que disminuiría la violencia; los hechos dan cuenta de los terrenos pantanosos en los que transcurre la política de la administración actual, los acontecimientos demuestran que en la sociedad capitalista la pacificación no es un acto mecánico, mucho menos por decreto o producto de las buenas intenciones, es obra del régimen.

En ese contexto de violencia emergen las siguientes interrogantes a partir de la retórica de la nueva administración respecto a no reprimir y privilegiar el dialogo: ¿quién dio la orden de reprimir al pueblo y sus organizaciones? ¿Acaso el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas? ¿Serán los mandos policíaco-militares? O ¿quiénes? al comprender que la violencia emana del Estado y ésta es dirigida contra el pueblo estas preguntas se responden por si solas.

Los casos anteriores son pruebas concretas de que a la política de "paz y conciliación" se impone la realidad objetiva caracterizada por la persistencia de crímenes de lesa humanidad, así como la presencia del ejército en tareas de seguridad pública que significa militarización del país, medida que demuestra el riesgo tendiente de mantenerse los crímenes contra el pueblo.

Mientras no se detenga la violencia de clase contra el pueblo, las consignas de ¡alto a la represión! ¡Alto a la militarización del país! ¡Alto al terrorismo de Estado! seguirán vigentes, junto a la exigencia de juicio y castigo a los criminales de Estado.

Denunciar cada acto de injusticia es una respuesta legítima del pueblo, porque mediante esta se visibiliza el acto consciente y la necesidad de evidenciar las formas cómo la violencia de clase se ejecuta contra el pueblo, por tanto, en una sociedad capitalista decir que la violencia es mala si se combate con más violencia, es reducir el fenómeno a premisas morales, cuando ésta se aplica en función de las necesidades de la clase en el poder.

Es innegable que a la fecha existen víctimas de crímenes de lesa humanidad en la entidad como en el país, obviar este fenómeno no coadyuva a frenar lo letal y tormentoso de la violencia de clase, porque no es de humanos ser indiferentes ante el dolor de un hermano de clase. No bastan los buenos deseos si éstas no van acompañadas con: acciones políticas de masas, la denuncia política y la organización independiente con carácter combativa del pueblo.

¡Alto a la represión contra el movimiento popular!

¡Ni perdón, ni olvido!

¡Juicio y castigo a los criminales de Estado!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y
popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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