Tinta Socialista No. 64. Presentación con vida, exigencia popular ineludible

, por  Ciudad de México , popularidad : 2%

Ciudad de México a 27 de enero de 2018

Descarga aquí Tinta Socialista No. 64

La exigencia de presentación con vida es una necesidad ineludible para las víctimas del terrorismo de Estado, demanda que pasa inexorablemente por mantener estas banderas en alto independientemente de quien ocupe la silla presidencial. Son las masas trabajadoras quienes padecen en carne propia las consecuencias de los flagelos de los crímenes de lesa humanidad identificados por su condición de explotados y oprimidos.

El país atraviesa por un proceso intenso en el cambio de la correlación de fuerzas, la sucesión presidencial incidió en el devenir político donde la espiral de violencia no amaina sus efectos, por el contrario, son diversas las víctimas en los primeros días del nuevo gobierno. La ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, son nuevamente los crímenes que comienzan a dar visos de que la violencia es un fenómeno mucho más profundo, enraizado en las entrañas mismas del régimen neoliberal.

La lucha contra el robo de hidrocarburos y los lamentables hechos que derivaron de la explosión de uno de los ductos en Hidalgo, son elementos que ofuscaron los reflectores y paulatinamente la opinión se encontró imbuida en estos efectos noticiosos, donde la demanda de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y el juicio por todos los ejecutados extrajudicialmente quedó relegada a segundo plano.

El compromiso asumido durante el período de campaña hoy cobra vital relevancia porque conforme pasan los días la lista del terror aumenta en sus cifras. Existen demandas pendientes que no son desconocidas para la actual administración, algunos de los funcionarios que forman el gabinete de la nueva administración tienen conocimiento de un caso en particular que marca un hito en la historia reciente de nuestro país, el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Desde el 2007 que fue cometido este crimen de lesa humanidad contra dos integrantes del movimiento armado revolucionario quedaron claras las motivaciones políticas de éste, su militancia en el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) fue la condicionante para que en sus personas se objetivara un crimen que lacera no sólo su integridad humana, sino también su personalidad jurídica.

El actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración tuvo conocimiento puntual del caso en la anterior curul que ostentaba, por lo menos se atendieron los canales de comunicación que el protocolo institucional indica, donde el compromiso era coadyuvar a desnudar el carácter inhumano de la desaparición forzada independientemente de las motivaciones políticas o sociales del crimen.

Sobre este caso existe testimonio sustancia de evidencia la caracterización como un crimen de lesa humanidad, se encuentra la resolución jurídica, la recomendación de la CNDH y las conclusiones de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, sin embargo, ninguna autoridad presta la debida atención al mismo. Actualmente existe la promesa de atender los preceptos que emanen de instituciones encargadas de derechos humanos, así la deuda sigue pendiente.

El caso llegó a las instancias de la SCJN donde fue aceptada en la primera sala para su revisión pero que después fue desechado este recurso, lo que señala que las instituciones de justicia en nuestro país nunca estuvieron para el amparo de la integridad de las masas trabajadoras mucho menos para quienes deciden adoptar una forma de lucha según sus determinaciones ideológicas.

No dudamos que también sea del conocimiento de la ahora Secretaria de Gobernación en su paso como magistrada del Poder Judicial de la Federación, porque fue esta instancia la que emitió la recomendación 29/2014 donde ordenó la búsqueda de ambos luchadores sociales en las principales instalaciones militares.

Toda esta explicación es necesaria en cuando que se observa una intención de opacar a muchos de aquellos casos que dada la magnitud de sus alcances tiene amplias características para ser tomados en cuenta con la misma importancia que otros, no obstante, en el caso de los militantes que reivindica el PDPR-EPR existe una tendencia de omitirlo porque en él se interrelacionan aspectos que denuncian la responsabilidad del Estado mexicano en su cometido con motivaciones eminentemente políticas.

¿Quién reclama la presentación con vida de Gabriel Alberto y Edmundo? ¿Por qué sobre ellos se tiende un manto de silencio? La explicación es sencilla, el Estado y algunos medios de comunicación extendieron la estigmatización sobre sus personas debido a sus convicciones políticas, pretenden aislar a sus familiares y compañeros de lucha con subterfugios que inhiban la solidaridad incondicional.

En ningún momento existirá la intención de colocar mayor primacía entre unos casos y otros, todos en conjunto demandan ser atendidos por las autoridades gubernamentales en la condición que un crimen de lesa humanidad amerita, pero sí es menester enunciar una soterrada intención de retomar únicamente aquellos casos donde la motivación política parece mimetizarse, hasta el punto en que se les identifica con la criminalidad de determinado grupo delincuencial.

El caso de los dos revolucionarios está frente a una ofensiva permanente para conducirlo al sótano del anonimato, desde los sexenios pasados hubo una intentona permanente por escamotear la justicia y encubrir a los militares en un manto de impunidad. No sólo existió la omisión para no citar a comparecer a mandos de alta jerarquía de los cuerpos castrenses, sino que les premió para continuar en la estructura política que les procura inmunidad.

La lógica de los crímenes describe una secuencia ascendente del terror, cada uno debe ser más atroz que el anterior o escalar más alto en los índices de lo mediático para así mantener los más recientes o los “menos” comprometedores, en esta tesitura encontramos que únicamente figuran en las estadísticas oficiales aquellos crímenes con posibilidades de encuadrarlos en supuesto clima de violencia engendrado por grupos delincuenciales.

La verdad es muy concreta, las redas orquestadas por los cuerpos policíaco militares sirvieron de parapeto para objetivar la política del terrorismo de Estado. La Marina era el destacamento que presumía de pureza para el combate al multicitado crimen organizado, sin embargo, hoy se sabe que sobre ellos pesa el cometido de por lo menos 48 desapariciones forzadas sólo en el estado de Nuevo León.

No es intransigencia de parte del movimiento popular la denuncia de que mantener el Ejército y la Marina como el sostén de la política de seguridad nacional puede traer como consecuencia directa el cometido de más crímenes, la experiencia concreta señala que estos destacamentos de hombres armados persiguen los designios de los grandes empresarios, más allá de la voluntad personal de la tropa.

Si la premisa sobre la que descansa la definición de los planes para la pacificación del país es la tesis de la delincuencia organizada, significa que se mantiene el mismo principio conceptual de dio vida a la política de seguridad cuyo resultado fue el cometido de muchos de múltiples crímenes, no sólo no se trata de “no combatir a la violencia con más violencia”, sino de asegurar que sobre quienes existe testimonio de ejecutar la política de terror sean juzgados conforma a la gravedad de los crímenes cometidos.

Es loable el deseo de erradicar todos los flagelos que laceran la humanidad del pueblo trabajador, pero es un sentimiento que quedará en lo efímero en tanto no se ataque el mal desde la raíz.

Son muchas las víctimas que se encuentran a la espera de ser reconocidas en toda su integridad, en su personalidad jurídica y humanan, no sólo como números estadísticos. Las responsabilidades políticas de la actual administración van más allá del empeño a la palabra. La exigencia es puntual, presentación con vida de manera inmediata. La ruta definida para tal efecto puede tomar como premisa las recomendaciones y resoluciones de destacados organismos en materia de derechos humanos.

El anonimato de las víctimas se rompe con la acción combativa de las masas, con sus nombres en cada una de las consignas y sus rostros en las mantas hasta que el Estado presente a todos con vida. Hoy es consigna es presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; por nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; de Teodulfo Torres Soriano; de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de las más de 400 mil víctimas del terrorismo de Estado.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


Navegar por las