Tinta Socialista No 60. La violencia institucional emana desde las entrañas del Estado mexicano

, por  Ciudad de México , popularidad : 1%

24 de diciembre de 2018

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El año 2018 está por terminar y el clima de violencia de Estado no cede. Cualquier rincón del país es fiel testigo de la generalización de los crímenes de lesa humanidad. El ascenso de un nuevo gobierno al ejecutivo federal marcó la pauta de la coyuntura nacional, no obstante, las promesas de campaña no se ven materializadas en los cambios sustanciales que requiere el país.

Mantener intacta la estructura del Estado policíaco militar, sostener la base material que genera la miseria y pobreza, amparar el desarrollo económico en la propiedad privada, son condiciones que difícilmente podrán redundar en mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador independientemente de los buenos deseos. Esta es la explicación de la insuficiencia de los avances del nuevo gobierno y el reacomodo de los grupos de poder político.

Los cambios que demanda la realidad mexicana no dependen de buenos deseos, de la voluntad unipersonal de personeros de burocracia política, el verdadero poder lo detentan los monopolios, es la dictadura del capital amasado en unas cuantas manos lo que designa el acontecer nacional y esta es la situación que priva en el país y no hay manera de ocultarlo.

La violencia que vivimos en el país millones de mexicanos no obedece a entes externos todopoderosos y presentes en todo el territorio nacional; ésta es una política de gobierno emanada desde las entrañas del Estado mexicano para imbuir terror en el pueblo organizado y no organizado con el propósito de perpetuar el régimen existente, de asegurar la reproducción de capital y su acumulación en una minoría oligárquica.

La intensificación del terrorismo de Estado como política de gobierno coincide con el reconocimiento de la crisis económica capitalista, por ello, es una de las medidas gubernamentales para intentar paliarla a consta de la sangre del pueblo trabajador, política de Estado que desde hace once años intensificó la administración de Felipe Calderón Hinojosa con la supuesta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Bajo ese pretexto se impuso los denominados operativos conjuntos que paulatinamente allanaron el camino de la militarización de toda la geografía mexicana. Esta política eufemísticamente conceptualizada de “seguridad nacional” profundizó la violencia y el terrorismo de Estado contra el pueblo trabajador, principalmente contra trabajadores de la comunicación, revolucionarios, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, luchadores sociales y organizaciones populares.

La llegada de la nueva administración al poder político está circunscrita en la ininterrumpida ejecución de la violencia institucional, situación que lacró considerablemente a millones de hogares proletarios. Una cantidad incuantificable de víctimas de múltiples crímenes de lesa humanidad cuya cifra fuera reconocida en más de un millón por quien ahora ocupa el escaño máximo del gobierno federal.

¿Qué fue lo que hicieron mal las administraciones anteriores y que hoy intenta corregir el nuevo inquilino de Los Pinos en política de seguridad? Amparar todas las labores de seguridad nacional a los militares y marinos es una constante que hasta hoy demostró lo fatídico de esta política. No es la corrupción o la infiltración del crimen organizado, es la génesis y funcionalidad del Estado mexicano sostener a una minoría oligárquica con el puntal de la violencia.

La explicación del clima de violencia en gobiernos anteriores la encontramos en la necesidad empresarial de asegurar las fuentes de materia prima, así encontramos la generalización de crímenes en el estado de Michoacán, cientos de ejecuciones extrajudiciales en la costa, sierra y tierra caliente de la entidad michoacana, lugar de importantes yacimientos minerales de uranio, titanio y acero.

En Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas son entidades federativas que enfrentaron esta política deleznable donde cada cuatro horas era detenido desaparecido un ciudadano o arrebatado violentamente de sus hogares; que posteriormente se descubrió que en esa zona es donde se tiene definido la zona productiva denominada “Cuenca de Burgos” para la extracción de gas shalle. Algunos arquetipos expresan la violencia emanada desde y para el Estado mexicano.
La administración de Enrique Peña Nieto le dio continuidad a la violencia y el terrorismo de Estado, sin cambio alguno exacerbó esta política criminal; descaradamente entregó a empresas internacionales la riqueza social y garantizó las condiciones necesarias para acumular y concentrar el capital.

Este sexenio es considerado como el más violento en la historia de nuestro país, con millones de víctimas del terrorismo de Estado, expresados en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, vejaciones, tortura, más de un millar de fosas clandestinas y más de un millas de personas desplazadas de sus lugares de origen.

Prácticas fascistas que tienen su origen en el gobierno mexicano, en sus instituciones, en sus corporaciones policíacas y militares, en sus entrañas, las cuales, siguen una política porque defienden intereses de clase: los de empresarios nacional y extranjero.

La violencia y el terrorismo de Estado tienen su origen en lo económico y por ende político, ahí donde los cuerpos policíacos y militares cometen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o masacres está un yacimiento minero, energético o natural; ahí donde emanan las fosas clandestinas se encuentran los corredores industriales para el traslado de mercancías; ahí donde infunden miedo y terror son reservas naturales para la imposición de proyectos ecoturísticos o establecer Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Son once años de violencia y terrorismo de Estado, a las cosas hay que conceptualizarlas con su nombre para identificar las causas que lo originan, de lo contrario sólo veremos la forma más no la esencia del fenómeno político, de tal manera que las buenas voluntades resultan insuficientes.

Algunos políticos de oficio señalan que vivimos una “grave situación de inseguridad y violencia” y una “crisis de derechos humanos”, no obstante, si lo vemos desde esa lógica, atacaremos los efectos más no la naturaleza que lo engendró; sería de ingenuos creer que estos fenómenos sociales son provocados por enemigos internos, porque la violencia y la inseguridad son emanados desde las entrañas del Estado mexicano.

La delincuencia organizada y el narcotráfico son organizados desde y para el gobierno mexicano, ¿cómo nos explicamos que con toda la tecnología, recurso humano y material con que dispone el Estado no puede combatir a un supuesto enemigo todopoderoso? Si es el único con capacidad logística, técnica y de recurso para dar con cada uno de los responsables.

Donde muchos ven una grave situación de violencia e inseguridad nosotros vemos una crisis económica y política en las estructuras del Estado mexicano, de la cual, no han podido salir, porque desde éste está organizado el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que ahora vemos es el reacomodo de las fuerzas políticas.

Más que crisis de derechos humanos, lo que vemos es terrorismo de Estado, política contrainsurgente, que desde hace once años se ejecuta en el país contra el pueblo organizado y no organizado para contener el enorme descontento social y acallar las voces de protesta.

Señalar que la policía ha sido “utilizada o abandonada” es una verdad a medias porque los elementos policíacos son los que materializan el terrorismo de Estado, no actúan por sí solos o por demencia, son entrenados para contener cualquier descontento popular o detener según su lógica a cualquier “sospechoso” que “atenten” contra los intereses del régimen.

Para el gobierno mexicano los “sospechosos” son el pueblo trabajador, aquel que ven en zonas marginadas o aquel que protesta para exigir sus derechos y libertades políticas; razón por la que en las víctimas no vemos a un hijo de burgués u oligarca, es el odio de la clase que detenta el poder contra las masas trabajadoras.

No es que hayan heredado esta política criminal la nueva administración, porque algunos políticos de oficio que hoy dicen ser defensores del pueblo, en su pasado avalaron las políticas neoliberales, a través del pacto por México y hoy cínicamente arengan que no están de acuerdo.

El pueblo no olvida los cientos de crímenes de lesa humanidad, los millares de fosas clandestinas, los desplazados de sus lugares de origen, los cuales, no cesan continúan e incrementan las cifras de víctimas de esta política deleznable. La alternativa es la organización independiente, por más cuerpos policíacos que conformen la explotación económica y opresión política va a continuar, por ende la violencia institucional y el terrorismo de Estado.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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