Tinta socialista No 59. La inseguridad en el país no se combate con la presencia de militares en las calles

, por  Ciudad de México , popularidad : 3%

19 de diciembre de 2018

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La inseguridad en el país no se combate con la presencia de militares en las calles, con la premura de otorgarles jurídicamente “manga ancha” para simular que la única fuerza capaz de enfrentar la delincuencia es la militar. Ésta tiene fundamento en la crisis económica y política que enfrenta el régimen, producto de la crisis estructural del capitalismo.

El encono en las discusiones respecto a la creación de la Guardia Nacional es el indicativo del amasijo de intereses que se encuentran representados dentro de las Cámaras y en el mismo partido electoral que hoy ostenta el poder político. El error común a todas estas interpretaciones del fenómeno es atribuir a fuerzas aparentemente desconocidas el origen de la violencia y descargar en la multicitada delincuencia organizada la causa de todos los crímenes cometidos en el país.

Argumentar que “es imposible cumplir con la responsabilidad de atender el problema de la inseguridad en el país con la fuerza operativa de la Policía Federal…” es una verdad a medias, porque el problema no es cuantitativo. Todas las estructuras del aparato represivo se mantuvieron en la lógica de exacerbar la violencia institucional con el objetivo de asegurar la reproducción de las relaciones de producción capitalistas.

Comprobado está que las instituciones militares son la parte medular que sostiene al régimen neoliberal, que es política de Estado generalizar la violencia con el fin de perpetuar las condiciones de pobreza y miseria en las masas trabajadoras, por ello, no es la simple insignia militar, sino toda la generalidad que acuerpa al Estado policíaco militar.

La inseguridad no obedece a manejos de corrupción en las instancias políticas o castrenses, ésta surge de los fenómenos inherentes al capitalismo que no han sido resueltos mediante medidas leguleyas, al contrario se exacerban en cada crisis recurrente expresadas en la pobreza, miseria, hambre, desnutrición, muerte por enfermedades curables o inanición, el desempleo, entre otros aspectos que laceran la vida del pueblo trabajador.

La explicación socioeconómica de la violencia nada tiene que ver con la argumentación cuasi mecánica de que todos los que nacen en la miseria tienen como único horizonte enrolarse en las filas de la delincuencia. Esta formulación maniquea manifiesta la criminalización de la pobreza y miseria, cuyo fin último es eludir la responsabilidad de Estado en el baño de sangre que intenta consumir a las masas proletarias.

Recomendar a las madres de familia que cuiden a sus hijos para que no sean “delincuentes” es un exhorto bastante desafortunado, por decir lo menos, porque la mayor violencia que viven los pobres del campo y la ciudad es producto de la desigualdad que existe en las relaciones sociales de producción, entre quien posee los medios de producción y quien sólo su fuerza de trabajo, en la inequidad social y la falta de oportunidades.

La educación no se puede ver sólo desde el punto de vista moral, pues ésta es una de las instituciones que sostiene el modo de producción imperante que a través de ella forman sujetos dóciles, aptos para ser “más competitivos” en la producción sin que cuestione al régimen. Tiene sus raíces en la estructura y superestructura capitalista que sostienen la base económica, fundamentada en la propiedad privada.

La urgencia del titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP y PC) Alfonso Durazo por modificar el marco constitucional para dar legalidad a la Guardia Nacional, independientemente del nombre que tenga, significa en los hechos la objetivación de un nuevo cuerpo represivo, que a la postre pretende dotar de un marco jurídico para el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, si antes constituía un crimen, ahora con la modificación va a ser considerado dentro de sus funciones.

No se puede generalizar ni hacer acusaciones a priori, no son las mismas características las que identifican a la presente administración con las anteriores, tampoco el momento socioeconómico, pero hay muchas razones para poner en entredicho que la benevolencia de la “capacitación” del “nuevo” cuerpo de seguridad sea la garantía para depositar la fe ciega en su efectividad para erradicar la violencia.

Los argumentos ante el Senado de que “la reforma constitucional es necesaria, porque las fuerzas armadas intervienen ahora de manera ilegal” no es nada nuevo, éstas siempre han procedido fuera del marco de la legalidad, con la simple venía del Poder Ejecutivo han operado en los últimos once años, cuyos resultados son deleznables para las masas trabajadoras, pues son cientos de miles los crímenes de lesa humanidad cometidos a diestra y siniestra por estos cuerpos policíaco y militar.

Desde hace más de una década salió el ejército a las calles para combatir a la supuesta delincuencia organizada y el narcotráfico, acontecimiento que estaba fuera de la constitucionalidad, pese a lo ilegal de las acciones militares cometieron cuantiosas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, entre otros crímenes deleznables, que al ser señalados como los autores materiales e intelectuales los quieren dotar de legalidad para justificar su presencia en las calles.

Ante este panorama, algunas interrogantes saltan a la mente ¿Cuál debe ser la diferencia entre la Ley de Seguridad Interior que se promovió en el sexenio anterior y fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la modificación a la Constitución que hoy está en ciernes para dar legalidad a la acción de los cuerpos represivos en las calles? El pueblo espera que la diferencia sea sustancial porque ese fue el compromiso de campaña, pero lo que hoy se observa es que el fenómeno no se atiende en sus causas sino en su forma.

La continuidad de la política de seguridad nacional se revela como un hecho con la nueva administración, prolongar las políticas del régimen es el objetivo o en su defecto, no hay homogeneidad en la definición que debe identificar a la nueva administración, situación que nada favorece a las masas trabajadoras porque mientras algunos depositan sentimientos esperanzadores, en otros, el flagelo de la represión se ceba diariamente.

Las discusiones en las curules de los políticos de oficio, quienes unos a otros hacen señalamientos descarados rayan en lo pueril, quienes en el Pacto por México avalaron las reformas neoliberales, cuyos efectos deleznables los soportamos las masas trabajadoras, hoy dicen ser los más dignos representantes de los intereses populares. Esta es la concreción de lo grotesco de la política institucional.

Existen experiencias muy dolorosas en el pueblo trabajador por las acciones de “seguridad” de los militares, su historial tiene un registro amplio de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, vejaciones, violaciones sexuales y tortura, sin que hasta el momento exista sentencia alguna por su responsabilidad en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

En nombre de la “seguridad a la población” se han cometido crímenes aberrantes contra el pueblo, ¿qué diferencia alguna habría con la propuesta de la nueva administración?, ¿qué garantías existen de no cometer crímenes de Estado? todas estas preguntas se encuentran en un limbo ante la indefinición de las autoridades del nuevo gobierno, puesto que a la población que dicen proteger son los ciudadanos que invierten jugosas cantidades de dinero para explotar y oprimir a las masas trabajadoras.

En los hechos expresa la crisis política del régimen para consolidar el Estado policíaco militar, el estado de derecho que defiende a una reducida minoría y continuar con la política de terrorismo de Estado; fenómeno que está más allá de un “acto de corrupción”, es decir, no son los actos moralinos los que guían la política económica de un país, sino los intereses económicos y políticos de oligarcas nacionales y transnacionales para incrementar sus cuotas de plusvalía con mayor expoliación de los recursos naturales, mineros y energéticos, mayor explotación de la fuerza de trabajo y mayor opresión a las masas trabajadoras.

Confiar en los perpetradores de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad es difícil, máxime si son protegidos con el halo de la impunidad, si en nombre de la “seguridad” son justificadas múltiples vejaciones a la integridad humana.

La necesidad apremia a consolidar la conciencia proletaria con el estudio de la realidad nacional para comprender los fenómenos que se presentan en el momento, para interiorizar en la necesidad de organizarnos por la vía independiente, consolidar organizaciones combativas para defender los derechos y libertades políticas.

Mientras la justicia no llegue a las víctimas del terrorismo de Estado, las acciones políticas de masas tienen razón de ser; mientras la pobreza y miseria azote los hogares proletarios, las movilizaciones combativas continuarán hasta dignificar la vida del pueblo que lucha por el socialismo en México.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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