Tinta Socialista No. 58. La desmilitarización del país es una necesidad inaplazable

, por  Ciudad de México , popularidad : 2%

11 de diciembre de 2018

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La creación de un nuevo cuerpo de seguridad nacional significa la continuidad de la militarización del país, es el aplazamiento para “tiempos mejores” la necesidad de resarcir medianamente el daño que esta política causó al pueblo y pospone la solución a una demanda popular manifiesta en las calles.

La evidencia que señala a las instancias militares la responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad es vasta, en todo el territorio nacional existen cientos de testimonios que desenmascaran la esencia represiva de estas instituciones, al extremo que desde los representantes gubernamentales pretendieron esgrimir el vulgar argumento de que era porque estaban “muy estresados”.

En la exigencia de justicia para las víctimas no hay lugar para sentimientos obcecados ni de venganza, cada personaje con la investidura de agente del Estado en cualquiera de sus formas debe responder por sus actos y responsabilidades en la ejecución del terrorismo de Estado, por lo que no es un asunto personal que pueda resolverse con la indulgencia por parte de las victimas hacia sus victimarios.

No hay garantía de que la larga noche de terror que vivió el pueblo mexicano en los sexenios marcadamente neoliberales termine. Existen rasgos muy sutiles que distinguen a esta nueva administración de las anteriores, pero en la generalidad, cada gobierno que asume el escaño mayor del gobierno mexicano crea nuevos cuerpos de seguridad que a la postre son los responsables de ejecutar la violencia institucional contra el pueblo.

Las reservas que otorga el pueblo son muchas, y muchos son también los deseos de que las cosas sean diferentes, lamentablemente en el desarrollo socioeconómico y político los deseos personales resultan insuficientes. ¿Con qué seguridad puede afirmarse que los integrantes de la nueva institución de seguridad nacional no sigan en la misma ruta que sus antecesores?

La Policía Militar ya estuvo a cargo de la seguridad en el estado de Veracruz, donde la incidencia para reducir los altos índices de inseguridad fue mínimo. El año que termina fue uno de los más sangrientos en esta entidad, misma que dicho sea de paso, se encuentra en el centro de ambiciones oligárquicas y que son estos grupos empresariales quienes azuzan a la violencia para amasar sus fortunas.

La Policía Federal y la Gendarmería Nacional tienen en su haber incontables crímenes, los más connotados son la represión masiva y selectiva en Nochixtlán, Oaxaca; la ejecución extrajudicial en Tanhuato y Apatzingán en el estado de Michoacán. Sin duda que existen muchos otros que pasan inadvertidos ante la ola creciente de múltiples crímenes de lesa humanidad, los cuales son ocultados con el ardid del combate al crimen organizado.

La continuidad de la militarización y por ende del terrorismo de Estado no estriba únicamente en mantener a militares de tropa en las calles, con el cambio de uniforme o insignia oficial, es ante todo la política que sustenta las medidas que se emprenden ante la creciente espiral de violencia, en las concepciones ideológicas que fundamentan la política de seguridad nacional que redunda en la creación de nuevos cuerpos policíacos.

El militar es pueblo, mucha verdad encierra esta sentencia, sin embargo, ¿cómo entender que en algún momento no les inmuta cometer crímenes contra los que debería reconocer como hermanos de clase? La respuesta mecánica es que se debe a la corrupción, no obstante, saltan más interrogantes, ¿hay certeza de la infalibilidad de la tropa que es convocada a estas tareas de seguridad nacional?
La explicación a todo este embrollo de preguntas las encontramos en la concepción ideofilosófica respecto a la corrupción ungida en el seno mismo de las estructuras de poder. Entre más alta sea la jerarquía en las burocracia burguesa, mayor es el vínculo de corruptelas que une a mandos castrenses, políticos de oficio de toda laya y empresarios voraces.

Los cuerpos especiales de hombres armados creados por con el propósito de conservar el estatus quo de una sociedad dividida en clases, para sostener las relaciones de producción basadas en la explotación del hombre por el hombre por el poder, difícilmente podrán salirse de ese marco, porque toda su formación y razón de ser estriba en defender a la sociedad capitalista y la propiedad privada.

El régimen es en esencia violento y no solamente se expresa en la represión y los miles de muertos por balas. Miles de trabajadores sobreviven con salarios miserables mientras un puñado de empresarios amasan cuantiosas fortunas tan solo unos segundos; decenas de miles de personas mueren por enfermedades curables. Violencia son los salarios onerosos de algunos funcionarios mientras el pueblo se debate en la inmundicia y la precariedad social.

La solución para acabar con la violencia va más allá de la creación de nuevos grupos de policías o militares, mucho más allá de acabar con la corrupción y, por muy complejo que parezca, los pasos con mucho mayor significado sería empezar con el juicio y castigo a los perpetradores del baño de sangre en el que las administraciones anteriores pretendieron ahogar el descontento popular.

Si los militares de tropa quieren redimirse ante el pueblo deben dar a conocer toda la cadena de mando por la cual se vertían las ordenes de cometer los crímenes de lesa humanidad, esclarecer la jerarquía de mando por la cual ordenaron actuar en complicidad con los distintos cuerpos policíacos para objetivar la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

Si el peso de la responsabilidad es mucha, es momento de conocer la manera en que actuó la coordinación de distintos cuerpos policíacos y elementos del ejército para cometer la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo de 2007 en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca; la verdad implica conocer las motivaciones políticas que orillaron a perpetrar el crimen, asimismo, señalar al que dio la orden de trasladarlos al campo militar número 1 y cuál fue su destino.

No se trata de hacer una defensa a ultranza de los militares en el sentimiento mesiánico de que son pueblo, tampoco de generalizar la participación de los elementos de tropa en el cometido de crímenes de lesa humanidad, las sentencias son en función de las medidas que se adoptan en materia de seguridad que se objetiva en la ejecución del terrorismo de Estado y el carácter represivo que hasta este momento ha caracterizado al Estado mexicano.

Desgastar la energía de las instituciones en el seguimiento a criminales de Estado es un argumento que carece de validez y en los hechos reduce el clamor de miles de víctimas a un simple acto de resignación para voltear la mirada hacia adelante. La justicia debe ser tal que en su aplicación debe considerar la delimitación precisa de cada personero de la cadena represiva.

La justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad no llega con declaraciones llanas, la solución pasa inexorablemente en poner fin a la política que extendió a militares en las calles y que permitió la generalización de las violaciones a los derechos humanos con un incremento de manera exorbitante.

Eliminar la serie de conceptos que endosan a la delincuencia organizada, la generalización de la violencia significa colocar el fenómeno en su justa dimensión. Esta argumentación da sustento a la creación de nuevos cuerpos policíacos, por lo tanto, nada esperanzador se advierte con estas medidas gubernamentales.

La violencia tiene origen desde la clase que detenta el poder, son los grupos empresariales quienes empujan a la generalización de ésta para salvaguardar el estado de cosas que garantiza la reproducción de sus intereses, por ello, las nuevas policías que surjan al amparo de este poder difícilmente podrán responder a distintos intereses que no sean los de la oligarquía.

La movilización combativa es la única garantía para no ser víctima de la represión, el desarrollo de formas metodológicas que se antepongan creativamente a los flagelos represivos. No quitar el dedo del renglón en la denuncia de los responsables del baño de sangre que padeció el pueblo en los anteriores gobiernos y ante el cometido de nuevos crímenes aun con la investidura de un gobierno “diferente”.

No más militares en las calles es la consigna; alto al terrorismo de Estado es la exigencia popular; no a la Guardia Nacional que expresa la nueva insignia de los cuerpos represivos.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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