Tinta Socialista No 56. La transición hacia un nuevo gobierno y la lucha de las organizaciones independientes

, por  Ciudad de México , popularidad : 12%

28 de noviembre de 2018

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La transición de una nueva administración federal está en ciernes, son variados los matices que presenta, pero en esencia se advierte la continuidad de las relaciones capitalistas por muy difuminadas que se intenten presentar. La permanencia de los militares en la calles, la creación de nuevos cuerpos represivos, la conformación de un cuerpo empresarial de asesores… son algunos de los aspectos que definen a un gobierno con pocas miras de ser diferente.

La promesa del cambio logró persuadir a amplios sectores del pueblo, a algunos círculos intelectuales y analistas, sin embargo, a días de concretarse la toma de posesión del nuevo gobierno, son muchas dudas las que se presentan y que son discutidas en distintos foros improvisados, es decir, en la vida diaria del pueblo trabajador.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) fue una medida que permitió a muchos saborear un pequeño triunfo, no obstante, es preciso determinar qué fue lo que permitió desarrollar tal medida y creer ingenuamente que el peso decisivo fue la consulta ciudadana. Existen intereses de peso que mueven los hilos de la política y no son precisamente las necesidades populares.

Es de dominio público la incesante labor política que realizaron los diferentes grupos de poder económico en momentos previos a que se diera a conocer la cancelación del NAIM, medida que hasta el momento aún está en la promesa. Dicha labor permite asegurar que independientemente de la cancelación, los intereses de la cúpula oligárquica están asegurados, porque son distintos los proyectos de desarrollo que la nueva administración trae en planes.

Existen necesidades mucho más apremiantes que la construcción de nuevas rutas aeroportuarias, a las cuales, la respuesta gubernamental no queda muy clara o no es la que corresponde con la gravedad del problema. El perdón y el olvido para los crímenes de lesa humanidad es una respuesta evasiva que revictimiza a los familiares y a las víctimas directas. Independientemente de los matices que hoy son manifiestos, esta propuesta original conduce a determinar a una política indolente.

No es nuestra intensión entablar discusiones estériles, está claro que existen muchas particularidades que permiten distinguir y diferenciar a la administración que próximamente entrará en funciones, son muchas las promesas realizadas que de ser cumplidas se verían reflejadas en las condiciones materiales del pueblo, sin embargo, deja mucho que desear en cuanto a la necesidad apremiante de terminar con el terrorismo de Estado.

Hay infinidad de testimonios que apuntan a las fuerzas armadas como los principales ejecutores de la política de terrorismo de Estado, ya sea de manera directa o de forma indirecta con la creación exprofeso de grupos paramilitares. ¿Algún mando militar o marino puede presumir su uniforme impecable en el cometido de crímenes? Resulta muy difícil de suponer que se pueda encontrar la excepción a la norma.

Tiene algo de razón la tesis de que el militar es pueblo uniformado, pero cuál sería la explicación de que en todos estos años de supuesta guerra contra el narcotráfico ninguno de ellos ha levantado la voz del baño de sangre que esta política criminal cobra al pueblo mexicano.

La explicación es mucho más sencilla, los cuerpos policíaco militares son creados exprofeso para reprimir, para ensañarse contra las masas inermes. De qué otra manera se puede explicar la saña y el odio con el que se dirigen contra organizaciones populares, contra familias enteras indefensas. La esencia está en la política de seguridad que ve al pueblo como el enemigo potencial que puede decidirse a tomar las riendas de su destino.

Una de las exigencias populares en estos últimos 18 años es el regreso de los militares a sus cuarteles, quienes con la anuencia del ejecutivo federal y bajo el argumento de combatir al “narcotráfico y a la delincuencia organizada”, cometieron a diestra y siniestra crímenes de Estado y de lesa humanidad en todo el territorio nacional; las denuncias hechas por los familiares de las víctimas ante organismos defensores de los derechos humanos ponen en evidencia la sistematicidad y generalidad de esta política criminal, cuya patente es el Estado mexicano.

Hoy con la nueva administración esta política de militarización va a continuar, con un matiz que la distingue de las tres anteriores, conformar un cuerpo de seguridad, denominado Guardia Nacional castrense, donde las Secretarias de la Defensa Nacional y de Marina van estar al frente y éstas bajo el mando directo del presidente de la República. Aunque expliquen que los mandos de este cuerpo policíaco salgan de las escuelas militares, son parte de la columna vertebral que protege y sostiene el Estado policíaco militar, por ende protegen los intereses político y económico de la clase en el poder.

Por lo visto, la estructura del Estado policíaco militar no se modifica, la transformación de la que se habla en la nueva administración consiste en fortalecer jurídicamente las acciones militares y con ello legalizar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad; aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya invalidado hace unos días la Ley de Seguridad Interior, con esta propuesta no se modifica la esencia del contenido de dicha ley: otorgar mayor poder a las Fuerzas Armadas, así como garantizarles impunidad e inmunidad.

La creación de nuevos cuerpos represivos obedece a las exigencias del capital nacional y del extranjero, de obtener mayores cuotas de plusvalía; aunque desde la nueva administración las intenciones sean buenas, no pueden escapar de la lógica capitalista, sobre todo por el papel que tiene México en la división internacional del trabajo, el cual, es de sumisión, funcional y servil al imperialismo, principalmente el norteamericano.

Mientras no se combata la esencia que produce pobreza y miseria; mientras los cuerpos policíacos y militares permanezcan en las calles y los crímenes de lesa humanidad persistan en el puntero; las acciones políticas de masas combativas y la lucha independiente tienen razón de ser, tienen vigencia, en tanto, no sean resueltas las necesidades históricas del proletariado.

Avanzamos cuando arribamos a formas cualitativas de organización, cuando construimos conciencia proletaria y contagiamos al pueblo de la justeza de nuestra lucha; las calles son del pueblo y es éste el que debe salir a exigir sus derechos y libertades políticas.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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