Tinta Socialista No 55. El gobierno de Silvano Aureoles Conejo es antipopular, represivo y proempresarial

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Ciudad de México a 22 de octubre de 2018

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A casi tres años de gobierno, Silvano Aureoles Conejo mostró su careta antipopular, represiva y proempresarial en el estado de Michoacán. Personero del régimen que bajo discurso de “devolver la tranquilidad a los michoacanos” y “estabilizar la economía de la entidad”, condujo a la entidad a niveles nunca vistos de miseria, pobreza, represión política, crímenes de lesa humanidad y de Estado.

La represión contra toda manifestación de protesta y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado es un distintivo de la actual administración perredista, actitud que lo coloca en similares condiciones a los gobiernos panistas y priistas, con lo cual, la distinción y discurso de “izquierda” queda en el desván del olvido.

Crímenes de Estado y de lesa humanidad registrados en una administración perredista, que se coloca en igualdad de condiciones con los gobiernos de derecha y ultraderecha como los responsables del baño de sangre en el que pretenden ahogar al pueblo de Michoacán; pasa a la historia como uno de los más sanguinarios, en la memoria colectiva del pueblo permanecerá como un gobierno que utilizó el Estado policíaco militar para ejecutar el terrorismo de Estado.

El gobierno de Michoacán y las siglas que lo representan constituyen la prueba irrefutable de la debacle en la que se encuentra el partido que en su momento fuera símbolo de la identificación progresista. El limbo en el que se encuentra en su existencia como fuerza electoral, es la manifestación de su distanciamiento sistemático de las demandas populares.

Desde un inicio se plegó a los designios del ejecutivo federal y de la cúpula empresarial para garantizar los intereses políticos y económicos de éstos; bajo el discurso de “izquierda democrática” impuso la reforma educativa, ejecutó el terrorismo de Estado, fortaleció las academias de policías, creó la Policía Michoacán y aceptó el Mando Único, con el objetivo de asegurar prebendas y cotos de poder; todo para congraciarse con el gobierno federal priista.

En Michoacán son conculcados los derechos a la libre manifestación de ideas y a la protesta por considerarlas, según su lógica, “violentas”, que “afectan a terceros” y porque “provocan” un escenario donde “no hay gobernabilidad”; argumentos que justifican la represión contra las organizaciones populares, magisteriales, estudiantiles y comunidades indígenas.

De las promesas que hizo en la toma de protesta, el 1 de diciembre de 2015, sólo son cumplidas aquellas que buscan garantizar la seguridad económica y política de empresarios del país y del extranjero; los demás aspectos referentes a salud para todos los trabajadores, acabar con la pobreza, la corrupción, y garantizar un gobierno transparente y honesto para los michoacanos quedaron como frases hueras, demagogia pura a la usanza de gobiernos neoliberales.

Las cifras de la administración que encabeza hablan por sí solas, la deuda pública de la entidad aumentó el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 33 millones de pesos; a nivel nacional es considerado el décimo estado más endeudado del país, con un índice de pobreza de 53.3 por ciento, lo que equivale a 2 millones 566 mil ciudadanos pobres, es decir, la mitad del total de la población.

Fuentes periodísticas e investigadores registran que Michoacán está entre los primeros cinco lugares del país más violentos, con miles de desapariciones forzadas, cientos de detenciones arbitrarias y más de 3 mil 560 ejecuciones extrajudiciales, cifra que lejos de disminuir, aumentó con el actual gobierno.

La criminalización de la protesta es política de gobierno, donde a través de los medios de comunicación oficiosos, el actual gobierno emite discursos descalificativos y tendenciosos para abrir las puertas a la represión y al cometido de crímenes de lesa humanidad. Ejemplos hay muchos, uno de ellos, el caso del estudiante de Tiripetio Gael Solorio, quien recibió un balazo cerca de la boca por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Michoacán, donde el Subsecretario de Seguridad Pública Carlos Gómez Urrieta argumentó en los medios de comunicación “esos no son estudiantes son delincuentes”.

Política represiva dirigida contra todo sector organizado, a los trabajadores de la educación, organizados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), los criminalizó y descalificó por manifestarse contra la reforma educativa, por la exigencia de una educación gratuita, científica y popular, así como el derecho al trabajo; la objetivación de esta política es a través de despidos injustificados, retención de pagos por varios meses, detenciones arbitrarias donde algunos fueron golpeados y vejados, al grado de condicionar su libertad para conculcar el derecho a la protesta.

Uno de los crímenes de Estado más destacados en su gobierno fue la masacre cometida contra los habitantes de la comunidad indígena de Arantepácua, donde la policía Michoacán ingresó a la comunidad, con prepotencia allanaron viviendas, accionaron sus armas, cometieron detenciones arbitrarias y asesinaron a comuneros; graves violaciones a los derechos humanos registradas en la memoria colectiva del pueblo organizado trabajador para no olvidar, mucho menos perdonar a los responsables materiales e intelectuales de estos abominables crímenes.

Responsabilidad existe en el ejecutivo federal como en el gobernador de la entidad por imponer a sangre y fuego las políticas neoliberales, el Estado policíaco militar y el estado de derecho burgués. Utilizan su aparato represivo para contener a través del terrorismo de Estado las voces de protesta y todo brote de inconformidad.
La punta de lanza de la represión es el Subsecretario de Seguridad Pública Carlos Gómez, quien con autoritarismo, prepotencia, arrogancia y abuso de autoridad reprime y comete a diestra y siniestra violaciones a los derechos humanos; su acción es con la protección y consentimiento del ejecutivo estatal.

En sus arengas señala que los “violentos”, según su lógica, son los luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, todo opositor a la política de gobierno estatal. Las alocuciones de este personaje denotan el papel cancerbero que ocupa en la actual administración, en cada acción política del pueblo organizado está presente con su cuerpo represivo para contener la protesta y el descontento popular.

En nuestro caso, no somos ajenos a esta política represiva, el pasado 10 de octubre fueron reprimidos por la Policía Michoacán nuestros compañeros en la Plaza Melchor Ocampo y la Notaria 97 de Morelia, Michoacán; donde fueron encapsulados por más de cien elementos policíacos y detenidos arbitrariamente alrededor de 80 compañeros, entre ellos comuneros, artesanos, estudiantes, profesionistas, trabajadores de la educación, niños, personas mayores de edad, mujeres embarazadas y una compañera víctima del atentado del 14 de abril de 2014.

Con golpes, jalones, agresiones físicas y verbales fueron trasladados a los separos de la Procuraduría del estado, donde fueron incomunicados, torturados psicológicamente y se les obligó a realizar actos vejatorios; en el caso de las mujeres, las obligaron a quitarse su ropa y a realizar sentadillas como si fueran los peores delincuentes.

Silvano Aureoles Conejo, los mandos policíacos, funcionarios de su administración e instituciones son los responsables de la represión ejecutada contra las organizaciones populares, estudiantiles y magisteriales en el estado de Michoacán; como pueblo no debemos olvidar el rostro y nombre de estos personajes, la memoria colectiva es importante porque permite registrar cada acto de violencia institucional para denunciarlos y señalarlos como lo que son: criminales de Estado.

No se les olvide a estos personeros del régimen que ante tales arbitrariedades siempre habrá pueblo decidido a denunciar y realizar acciones políticas de masas; con mayor ahínco se debe exigir juicio y castigo por ser los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos que cometen contra el pueblo organizado y no organizado del estado de Michoacán.

La razón nos asiste, mientras la pobreza y miseria azote las familias proletarias, mientras las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales incrementen la lista de víctimas directas e indirectas; mientras existan gobiernos prepotentes, autoritarios, represivos y antipopulares, la denuncia y acciones políticas de masas tienen razón de ser.

Callarnos ¡Jamás!, el silencio fortalece a los perpetradores y abona a la impunidad; desmovilizarnos ¡Nunca!, hacerlo es renunciar a nuestros ideales, derechos y libertades políticas; salgamos a las calles y hagamos de cada arbitrariedad una bandera de lucha, que las consignas y acciones políticas de masas retumben los ventanales gubernamentales para desenmascarar a los criminales de Estado. ¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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