Tinta socialista No 53. El discurso de Enrique Peña Nieto es desmentido con el hallazgo de fosas clandestinas en Veracruz y cadáveres en Jalisco

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28 de septiembre de 2018

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La generalización de los crímenes de lesa humanidad cada vez es más evidente en toda la geografía mexicana, resulta difícil ocultar las evidencias sobre la responsabilidad del gobierno en el cometido de éstos; por más que arengue sobre la “estabilidad” del país, los hallazgos de fosas clandestinas con cientos de restos mortales y el traslado de cadáveres en cajas frigoríficas desmienten el discurso demagógico de la administración de Enrique Peña Nieto.

La fosa clandestina encontrada en El Arbolillo, municipio de Alvarado, Veracruz con más de cien restos mortales evidencia la sistematicidad en el cometido de múltiples crímenes en esta entidad federativa en particular; en general expresa la magnitud del fenómeno en toda la República mexicana, donde los últimos años incrementaron las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas y los desplazamientos forzados.

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el año 2017 es considerado el más violento de los últimos 21 años en la historia de México con 25 mil ejecuciones extrajudiciales; cifras que enuncian el baño de sangre en el que está inmerso el pueblo trabajador.

Las fosas clandestinas expresan la prueba fidedigna del cometido de múltiples crímenes de Estado, donde la víctima es detenida desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente; crímenes de Estado y de lesa humanidad que revelan el ambiente de terrorismo de Estado que viven miles de familias en el país.

En el caso de Veracruz, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en un principio se negó a hacer público el descubrimiento de la fosa clandestina hallada en El Arbolillo, pero, por la insistencia de los familiares y algunos periodistas se dio a conocer; esto comprueba que cada vez más las víctimas indirectas vencen el miedo y enfrentan a las autoridades para hacer pública una prueba que testifica la responsabilidad del gobierno estatal y federal.

Las instituciones gubernamentales en lugar de facilitar el acceso a una investigación pronta y expedita, entorpecen las investigaciones a través de una política dilatoria, negligente e indolente; desde el momento en que hacen público el catálogo de prendas inhumadas en la fosa lacera y profundiza aún más la tensión y angustia a las que son sometidas las víctimas indirectas; el hecho de estar permanentemente con la zozobra de no tener a su ser querido las pone en un estado psíquico de incertidumbre en el momento que surge el hallazgo de nuevos cementerios clandestinos, al pensar que tal vez esté ahí su ser querido.

Esa condición hiriente revictimiza a las víctimas. Las instituciones y funcionarios juegan con los sentimientos de los familiares al obligarlos a trasladarse de un estado a otro para tomar muestras de ADN e investigar si corresponde con los restos inhumados. Ésta es una de las características de la administración actual, dilación y negligencia para atender los casos de desaparición forzada.

Miles de familiares transitan de institución en institución para tener alguna pista o dato de su ser querido, la respuesta de las autoridades siempre es la misma, aún no sabemos nada, necesitamos que nos den más pistas para avanzar en la investigación, actitud perversa e indolente ante el dolor y angustia de las víctimas indirectas.

El derecho a la verdad no implica identificar las prendas a través de un catálogo como lo establece la Comisión Nacional de Búsqueda, quien en atención a los protocolos establecidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), argumentaron que con la finalidad de “conocer la verdad” hacen público el catálogo de prendas.

Conocer la verdad implica dar con el paradero de la víctima, ¿saber quién se lo llevó y a dónde?, ¿qué le hicieron?, ¿qué instituciones participaron?, ¿cuántos elementos participaron?, preguntas que surgen a los familiares de las víctimas sin que obtengan una investigación pronta y expedita.

La indolencia es lo que caracteriza a los funcionarios, es la actitud que asume la actual administración, pues, en seis años de gobierno no escuchó el reclamo de las víctimas indirectas de presentar con vida a sus seres queridos, mucho menos enjuició y castigó a los perpetradores, al contrario, los cobijó con el manto de la impunidad, razón por la que hasta el momento no hay ningún elemento de corporaciones policíacas y militares detenidas por el cometido de estos abominables crímenes.

Hacer público el trato que dan los Servicios Médicos Forenses a los cadáveres expresa la actitud indolente de los funcionarios, pero también, manifiesta la política de gobierno a nivel nacional con las miles de víctimas del terrorismo de Estado. Hacinar los cuerpos, uno tras otro como si fueran bolsas de basura es una expresión de la revictimización por no dar el trato conforme a ética profesional.

El hecho de encontrar cajas frigoríficas con restos humanos manifiesta la magnitud de la violencia institucional que impera en toda la geografía mexicana; datos oficiales señalan que en todo el país hay 35 mil restos humanos sin identificar, lo que nos indica que la violencia descomunal no cesa, lejos de disminuir incrementa.

¿Con qué confianza vemos pasar un tráiler en esas condiciones?, ¿Cuántos transitan por toda la geografía mexicana?, si eso se descubrió en el estado de Jalisco es un indicativo de que todo el país está en las mismas condiciones; estos hechos espeluznantes nos conminan con mayor tesón a exigir juicio y castigo a los criminales de Estado.

En varias entidades federativas las morgues utilizan cajas frigoríficas para almacenar los cadáveres de personas sin identificar, ya sea que son restos humanos inhumados en fosas clandestinas o tocados por la violencia envilecida. En ambos casos reflejan los múltiples crímenes de lesa humanidad a la que son sometidas las víctimas directas: la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial; es indignante que el país esté inmerso en un baño de sangre, donde la vida se busque con la muerte y la impunidad cobije a los perpetradores.

El silencio que guardan funcionarios y políticos de oficio respecto al tema deja mucho que desear, un indicativo de la desenfrenada violencia y el terrorismo de Estado en todo el territorio mexicano, sobre todo, los dos últimos años.

En todos los casos está evidenciada la mano criminal del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto está a unos meses de terminar su mandato, pero eso no lo exime de su condición de responsable por los miles de víctimas que genera esta política de gobierno, ahora más que nunca debemos exigir juicio y castigo, no perdonar ni olvidar a cada una de las víctimas directas que fueron trastocadas por este flagelo.

Es una necesidad inaplazable continuar la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos; exigir alto al terrorismo de Estado, necesidad de primer orden para erradicar esta práctica fascista que mucho daño ha causado al pueblo trabajador; sin las víctimas no avanzamos, sin justicia la impunidad impone su verdad, no olvidemos, no perdonemos, exijamos juntos con acciones políticas de masas combativas JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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