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HUASTECA Y SIERRA ORIENTAL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS PROFESIONISTAS HONESTOS Y PERSONALIDADES PROGRESISTAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO

Los crímenes de lesa humanidad perpetrados el 26 de septiembre, contra estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, donde 43 jóvenes fueron detenidos desaparecidos, uno ejecutado extrajudicialmente, otro quedó en estado vegetativo y uno desollado, así como 4 civiles alcanzados por las balas del Estado. Crimen perpetrado de forma planeada y coordinada por el mando único.

Informes periodísticos de diferentes medios de comunicación y de organismos de derechos humanos no gubernamentales del país y el extranjero señalan sin excepción la activa e inocultable participación del ejército y las policías federal, estatal y municipal antes, durante y después del cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos y la consumación de crímenes de lesa humanidad en Iguala Guerrero.

La mentira histórica de los funestos acontecimientos del 26 de septiembre que el Estado mexicano fallidamente trató de imponer como la versión única e irrefutable al interior del país y en otras regiones del mundo, algunos periodistas, organizaciones de derechos humanos, personajes de la vida política, cultural, academia, organizaciones populares y el movimiento estudiantil secundaron, ya sea con conocimiento de causa o por desconocimiento de este la versión oficial que el crimen organizado y/o narcotráfico fue quién cometió los múltiples crímenes de lesa humanidad, en Iguala Guerrero hace cuatro años.

La excepción de esta cómoda y complaciente cargada política hacia el Estado, apoyando la versión oficial, la hacen organizaciones populares independientes y contados organismos de derechos humanos no gubernamentales al señalar mediante la denuncia política de manera puntual que el crimen de lesa humanidad contra los normalistas de Ayotzinapa y ciudadanos que se encontraron en el lugar de los hechos es un CRIMEN DE ESTADO CON MOTIVACIONES POLÍTICAS.

Algunas publicaciones periodísticas, documentales, investigaciones de organismos de derechos humanos internacionales y nacionales que, con diferentes estilos, enfoques y matices periodísticos o literarios, pero sin salirse de la versión ─gubernamental─ que incrimina a los estudiantes normalistas, no ayudan al esclarecimiento objetivo de la VERDAD y entorpece la exigencia de juicio y castigo a los culpables.

Tan sólo el hecho de darle cabida como una “posibilidad” a la coartada de “los guerreros unidos”, “rojos”, “ardillas” o el “quinto autobús” como los responsables del crimen diluye la responsabilidad inexcusable de agentes del Estado como los únicos perpetradores, llámeles como se les llamen o traten de encubrir con burdos escenarios, no es fundamental, y si lo es, por todo y sobre todas las cosas que, fue el Estado el responsable, sin importar quién fue la mano ejecutora.

Quitarle la patente al Estado mexicano para cometer tan abominable crimen de siete personas ejecutadas extrajudicialmente, tres de ellas normalistas y la detención desaparición de 43 estudiantes, ante lo cual es necesario reafirmar que las víctimas de estos crímenes eran activistas con un nivel o desarrollo y compromiso como militantes de la FECSM distinto al resto del contingente, por ello poner las ejecuciones extrajudiciales y detenciones desapariciones como un hecho aleatorio dentro del operativo es ceder ante la perversa pretensión de anular las motivaciones políticas, que tuvo y tiene el Estado hacía las normales rurales y la FECSM.

Evidencias fotográficas y testimoniales de vecinos del municipio, policías, vigilantes de hospitales, clínicas y la Cruz Roja publicada en diferentes medios impresos y electrónicos dan cuenta de la participación del aparato policíaco militar en el crimen de Iguala, las cuales, fueron desechadas, del mismo modo los datos del teléfono celular de Julio Cesar Mondragón que siguió funcionando desde el 26 de septiembre de 2014 al 4 de abril de 2015, las llamadas se hicieron desde el campo militar No.1 y el Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (CISEN).

Lograr la impunidad para el Estado mexicano y sus agentes en el crimen de Iguala inicia con entorpecer el conocimiento a la verdad, sin embargo, no basta con exigir su presentación con vida, ahora el juicio y castigo es indispensable, como lo es para los más de un millón de víctimas de las practicas fascistas que son política de gobierno.

Dentro de esta exponencial y creciente cifra de crímenes de Estado y lesa humanidad se encuentra la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, como la represalia del Estado contra el FNLS por exigir la presentación con vida de los dos revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La detención desaparición forzada en México es una práctica fascista transexenal, expresión del terrorismo de Estado, ante tan aberrante crimen no debe haber olvido, ni perdón, la exigencia es ¡Presentación con vida, juicio y castigo a los culpables intelectuales y materiales! consigna de la cual no escapa el jefe de Estado, es decir, el administrador del poder ejecutivo en turno.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE

¡PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY POR EL RÉGIMEN!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡AHORA SE HACE INDISPENSABLE! ¡PRESENTACIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS

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