Tinta Socialista No 50. El gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser juzgado por los crímenes de Estado y de lesa humanidad en su administración

, por  Ciudad de México , popularidad : 5%

07 de septiembre de 2018

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Enrique Peña Nieto está por concluir su mandato, el cual es considerado por organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares como el más violento de la historia reciente de nuestro país, represor, antipopular y proempresarial; administración que en todo momento estuvo alejada de los intereses populares y definió su papel de clase para favorecer los intereses político y económico de una reducida minoría de potentados.

El 6º informe de gobierno siguió los protocolos demagógicos, con un guion de elogios pre elaborados de la cúpula empresarial y una enumeración de hechos que favorecieron los intereses político y económico de una minoría; discurso maquillado con eufemismos y frases rimbombantes que intentaron justificar la profunda crisis económica que devino en una crisis política del régimen con mayores índices de pobreza y miseria, mayor desempleo y millones de víctimas del terrorismo de Estado.

Un sexenio que deja en el país saldos deleznables para las masas trabajadoras, con más de mil fosas clandestinas en toda la geografía mexicana, más de 350 mil detenidos desaparecidos, más de 250 mil víctimas de ejecución extrajudicial, tortura y miles de desplazados de sus lugares de origen producto de la violencia exacerbada en todo el territorio nacional.

Administración que durante seis años manifestó su desinterés de atender las demandas y necesidades más sentidas del pueblo trabajador, por el contrario, en todo el sexenio existieron sobradas muestras de la condición servil a los intereses de empresas monopolistas nacionales y del extranjero, favoreció a las transnacionales y empresarios que fincan sus mezquinos intereses privados en detrimento de las masas trabajadoras.

No existe diferencia sustancial en su administración con la de sus antecesores Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada, cada uno cumplió con el mandato de imponer el Estado policíaco militar, consolidarlo a través del estado de derecho e imponer de facto las reformas neoliberales, hoy hechas ley. En esencia representan los mismos intereses de clase y cada uno correspondió a determinadas exigencias empresariales.

El supuesto combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico fue el eje rector para “mejorar” la seguridad de los mexicanos, hace seis años argumentó recuperar la paz del país, atender a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y emprender una cruzada nacional contra el hambre, era una necesidad primordial de su gobierno, alocución que quedó en frases hueras porque la paz a la que llamó fue mayor violencia institucional y terrorismo de Estado, las víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos no fueron escuchadas, al contrario, se cometieron sobre su humanidad los más aberrantes crímenes.

El programa La Cruzada Contra el Hambre fue sólo un eslogan publicitario, en esencia no combatió la necesidad alimentaria que subsiste en el pueblo. No queda duda que instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) lucran con la miseria que lejos de combatir este fenómeno social incrementó en miles de hogares; según datos oficiales las estadísticas de pobreza a final del sexenio es de 53 millones de mexicanos y 60 millones no lograron superar las cifras pobreza; datos que expresaron a un gobierno alejado de las necesidades del pueblo trabajador.

En materia de seguridad no trajo la paz para los millones de mexicanos, en su lugar, reforzó los cuerpos policíaco-militares con la creación de la Gendarmería Nacional facilitó el despliegue de éstos en todo el territorio nacional con el argumento de combatir a los grupos del narcotráfico. En esencia lo que trajo consigo fue el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, la creación de chivos expiatorios y la elaboración de historias falsas para justificar el despliegue de militares y marinos en las calles.

Sostuvo el terrorismo de Estado como política de gobierno, de manera sistemática y generalizada cometió a diestra y siniestra desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados, cuya cifra real al cierre de gobierno es exorbitante.

Los crímenes de Estado y de lesa humanidad incrementaron de manera exponencial en toda la geografía mexicana, la prueba fehaciente de múltiples crímenes de lesa humanidad fue el hallazgo de cientos de fosas clandestinas, principalmente en los estados de mayores zonas industriales, rutas de traslado de mercancías y puertos marítimos, como ejemplo de ello está la reciente fosa clandestina encontrada en el estado de Veracruz, donde hallaron 166 cuerpos, 200 prendas de vestir y 114 identificaciones, un botón de muestra que expresa los casos aterradores cometidos en esta administración peñista.

No se pueden olvidar los casos de ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ayotzinapa, con el argumento de que los caídos pertenecían a determinada “banda delictiva”. Bajo ese ardid miles de personas fueron víctimas de esta política abominable, que al ser señaladas como “delincuentes” pretendieron justificar la actuación de los cuerpos represivos para no ser juzgados por graves violaciones a los derechos humanos.

Tampoco se debe dejar en el olvido a los trabajadores de la comunicación que fueron ejecutados extrajudicialmente por ejercer su oficio periodístico, a los luchadores sociales, revolucionarios, activistas políticos y defensores de los derechos humanos que fueron trastocados por esta ola de violencia, a los miles de jóvenes que fueron arrancados violentamente de sus hogares, cada uno expresa el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

El reforzamiento de la seguridad con mayor presencia militar en las calles e instituciones públicas incrementó el cometido de crímenes aberrantes contra las masas trabajadoras, en algunos casos comprobados por los propios familiares de las víctimas, que los perpetradores eran los propios elementos militares o de la marina.

La proliferación e institucionalización de los grupos paramilitares fue la particularidad de este sexenio, fueron el brazo ejecutor para imponer el terror en aquellos lugares donde había yacimientos minerales, zonas industriales, rutas y puertos marítimos para el traslado de la mercancía, quienes en coordinación con las fuerzas armadas cometieron de forma generalizada desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamientos forzados.

En materia de derechos humanos a nivel internacional, el gobierno de EPN fue evidenciado por cometer graves violaciones a los derechos humanos y por impedir la entrada del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU para testificar los miles de casos cometidos en el país; eso habló de un gobierno represor que procuró la impunidad en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad.

La impunidad fue la patente de su administración, en todos los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y detención arbitraria, la actitud de escamotear la justicia fue una constante en las instituciones, en todo momento la política fue proteger a los perpetradores, pese a que eran evidenciados por los familiares de las víctimas.

Hoy amparado en la coyuntura actual, pretende justificar los saldos deleznables de su administración, la cual está marcada por las miles de víctimas del terrorismo de Estado, por la represión contra los trabajadores de la educación para imponer la reforma educativa, por los asesinatos de periodistas, por los miles de trabajadores despedidos y por la enorme inflación en la que sumergió al país por favorecer el capital transnacional.

No olvidemos lo que dejó su administración, los rostros de las víctimas que fueron trastocados por el terrorismo de Estado, la impunidad, indolencia y burocratismo con la que atendió a los familiares de las víctimas y evadió cada uno de los crímenes cometidos bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Enrique Peña Nieto pasa a la historia como un personero que profundizó la política neoliberal a través de la violencia institucional, con el cometido de crímenes de lesa humanidad se pretende apuntalar un proceso de despojo violento de la riqueza natural y energética. Un gobierno nefasto para las masas trabajadoras que incrementó las cifras de pobreza y miseria en el pueblo mexicano.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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