Tinta Socialista No 41. Todos somos víctimas del terrorismo de Estado

, por  Ciudad de México , popularidad : 11%

20 de mayo de 2018

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La jornada de lucha “Todos somos víctimas del terrorismo de Estado” avanza en un contexto del incremento de crímenes de lesa humanidad, donde el discurso oficial se aferra en sostener una lucha contra la impunidad y la corrupción, sin tomar en cuenta que éstos son fenómenos inherentes al capitalismo, que emanan de un gobierno prooligarca, profascista y antipopular, por tanto, todo cuanto proponga es para fortalecer el estado de derecho burgués y perpetuar el dominio político económico de la burguesía.

Mientras exista la explotación económica y la opresión política, la violencia institucional existe en función de fortalecer el régimen neoliberal. Esta es la explicación de la relación intrínseca entre la generalización de las violaciones de los derechos humanos y la voracidad de empresarios nacionales y del extranjero.

A unos días de conmemorarse la Semana Internacional del detenido desaparecido, las cifras de este deleznable flagelo incrementan exponencialmente, no existe un freno que ponga un alto al cometido mas que la necesidad de imponer la voluntad oligárquica. Son cientos de miles de crímenes que se cuentan en todo el territorio nacional, lo que expresa la magnitud de este fenómeno.

De los 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el primer lugar en impunidad en el continente americano; en materia de seguridad, justicia y derechos humanos el país está posicionado en el cuarto lugar en el mundo con un índice de impunidad de 69.21 puntos. Cifras que develan la existencia de la política del terrorismo de Estado, apuntalado por el aparato policíaco militar donde las graves violaciones a los derechos humanos son constantes en el país.
Todos los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura o detenciones arbitrarias tienen una característica común: no hay castigo a los perpetradores; existe la protección gubernamental hacia los grupos policíacos y militares para garantizarles impunidad a través de todo el andamiaje institucional y el marco jurídico.

Para perpetuar el régimen neoliberal es necesario fortificar el Estado policíaco militar a través de la violencia institucional, el terrorismo de Estado y la modificación del marco jurídico; las dos primeras para infundir el miedo en la población e intentar someter las voces de protesta y el enorme descontento popular, la tercera para institucionalizarlas como política de gobierno, las cuales justificarán las acciones emprendidas por los cuerpos policíacos y militares, principalmente la Sedena, Semar y Gendarmería Nacional.

En palabras del ejecutivo federal, afirma que “los males del país como la corrupción y la impunidad, no se combaten con buenos deseos, sino con instituciones que garanticen el cumplimiento de la ley”. Si fueran simples males que aquejan al país con una escueta solución como antídoto se remedia el problema, sin embargo, aparentar amnesia o mostrar una imagen pulcra ante los medios de comunicación no lo exime de su responsabilidad ante las más de 300 mil víctimas de la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

¿Cómo pretende corregir algo que en casi seis años de administración no hizo? Si es el sexenio, que a decir por algunas investigaciones periodistas es el más violento, con un incremento exponencial de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura o desplazamientos forzados contra las masas trabajadoras; crímenes de Estado y de lesa humanidad que tienen patente y sello en el Estado mexicano.

Mientras oficia un discurso retórico ante medios de comunicación, la población afronta los efectos de los operativos policíacos y militares que realizan los grupo de operaciones especiales de la marina, ejército federal o gendarmería nacional; elementos de las fuerzas armadas, que en el estado de Tamaulipas en los primeros meses del presente año registró 32 quejas por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, cateos ilegales y detenciones arbitrarias.

Tamaulipas es la entidad federativa donde la CNDH emite una medida cautelar para garantizar el derecho a la vida, a la integridad jurídica y personal, así como el patrimonio de los habitantes de Tamaulipas, sin embargo, no es suficiente porque se queda en un “exhorto” de no cometer graves violaciones a los derechos humanos.

La impunidad llega a tal extremo que las propias instituciones oficiales son obligadas a emitir recomendaciones, las cuales, dado el grado de descomposición del régimen, no son acatadas o únicamente quedan en buenos deseos desde la oficialidad en resarcir medianamente el daño que se hace diariamente al pueblo trabajador.

Una medida con cierto halo de seriedad en la aspiración de poner un alto a las violaciones a los derechos humanos no debe partir de los llamados a posteriori, porque significa esperar al cometido de los crímenes para hacer sus exhortos, en lugar de analizar los sucesos donde existe evidencia que la política aplicada en la supuesta lucha contra la inseguridad lleva implícito al cometido de estos crímenes.

Todo aquel que se “cruce o tropiece” en su camino será señalado como “sospechoso”, “criminalizado” o “señalado como delincuente” para justificar la violencia y el terrorismo de Estado; que los “males” que enfrentamos en el país son producto de la violencia que genera el temido “enemigo interno”, mismo que ni la policía, Semar o Sedena pueden detener.

Las personas que “detienen” en su mayoría son gente del pueblo trabajador que por diversas circunstancias pasaron por ese lugar, los cuales, son detenidos, incriminados, obligados bajo tortura a aceptar delitos que no cometieron; los testimonios están en las familias proletarias, las colonias, comunidades, vecindades, ejidos, escuelas, universidades o trabajo, quienes a veces en susurros comentan la lamentable tragedia para intentar desahogar el dolor y la indignación que les provoca esta política deleznable.

Así como en el estado de Veracruz se evidenció por los familiares y las víctimas el modo de operar de los cuerpos policíacos, no existe diferencia alguna con lo que sucede en el estado de Tamaulipas, porque tanto familiares como organismos defensores de los derechos humanos tienen indicios de que las víctimas son trasladadas a los cuarteles de la Marina o zonas despobladas, donde a través de la tortura realizan interrogatorios para incriminarlas por delitos que no cometieron.

Ahora con la protección de la Ley de Seguridad Interior (LSI), los cuerpos policíacos y militares cometen sin recato desapariciones forzadas, allanamientos de morada, ejecuciones extrajudiciales, tortura o detenciones arbitrarias por el simple hecho de verlos, según su lógica, “sospechosos”.

Con las modificaciones al marco jurídico, todos somos sospechosos, en el transcurso del proceso se comprueba si es “inocente” o “culpable”, mientras tanto, la víctima es sometida a tratos crueles inhumanos y degradantes o humillantes, están a merced de sus verdugos: las fuerzas armadas. Por tanto, cuando el ejecutivo federal arenga que se deben fortalecer las instituciones que respeten la ley es porque cada organismo debe reforzar la política de terrorismo de Estado y garantizar la impunidad e inmunidad a los cuerpos perpetradores.

La corrupción es congénita al régimen, todo político de oficio se conduce bajo estos parámetros para escalar a puestos de dirección, representaciones políticas o ser parte del andamiaje represivo, puesto que de una u otra forma son parte de las estructuras del Estado, por tanto, no pueden escapar de las formas burguesas de hacer política y de la base que los formó en su carrera política.

La exigencia de presentación con vida es un derecho y es un tópico que sigue vigente, cada día incrementan las evidencias del cometido de estos crímenes; con el tiempo los familiares y compañeros de la víctima han roto el silencio, salen a las calles para exigir a sus seres querido y denunciar a los perpetradores, quienes en este tiempo se han dado cuenta que son los diferentes cuerpos represivos.

Salgamos a las calles y exijamos su presentación con vida, conformarnos con sus restos mortales no es suficiente mientras no se castigue a los perpetradores y se erradique esta política criminal. Ante este contexto TODOS SOMOS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO, todos unifiquemos esfuerzos para enfrentar esta embestida del régimen neoliberal.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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