Tinta Socialista No 39. ¿Qué festejo puede tener una madre quien constantemente pregunta dónde está su hijo?

, por  Ciudad de México , popularidad : 4%

10 de mayo de 2018

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La desaparición forzada es un crimen pluriofensivo que desangra miles de hogares proletarios en toda la geografía nacional, las víctimas de este condenable flagelo se cuentan en miles, son madres, padres, hijos, hijas, hermanos… quienes son arrancados de su cotidianidad. El grito de la indignación debe rebasar los límites de la espontaneidad; la identificación en cada víctima a un hermano de clase es una necesidad inaplazable.

El diez de mayo es una fecha que se coloca como un estandarte para exigir la presentación con vida de sus seres queridos, cientos de madres salen a las calles para exigir al gobierno mexicano una respuesta clara de la suerte y paradero de sus familiares, demanda sentida por miles de familias que han sido laceradas por la violencia institucional en todo el territorio nacional. Mientras en unos hogares festejan con sus seres queridos en otros lamentan la ausencia o pérdida un miembro de la familia quienes fueron tocados por esta política deleznable.

¿Qué festejo puede tener una madre quien constantemente pregunta dónde está su hijo? ¿Cuántas flores pueden borrar de la mente las interrogantes que taladran en lo más profundo de la psique? ¿Cuántos regalos equiparan la vida de quien fue arrebatado abruptamente por la mano criminal del Estado mexicano? Para más de un millón de madres, ¡No hay nada que festejar!

No existe ninguna razón para ser partícipes de tal futileza, ninguna madre puede permanecer indiferente ante los ríos de sangre que se desbordan por la violencia institucional, ante el desangramiento de miles de jóvenes de barrios pobres, mientras las balas asesinas de los cuerpos policíacos y militares cercenan sin ningún pudor a miles de hijos del pueblo.

A unos meses de que termine el mandato de Enrique Peña Nieto los crímenes de lesa humanidad y de Estado incrementaron de manera exorbitante, la respuesta de su administración a los familiares de las víctimas es de indolencia, insensibilidad, prepotencia, demagogia, engaño y el cometido de más crímenes, como sucedió con la activista Mirian Elizabeth Rodríguez Martínez, quien fue asesinada el 10 de mayo del año 2017 en su propia casa, en San Fernando Tamaulipas.

¿Qué delito cometió esta madre para que el gobierno mexicano respondiera de tal manera?, Miriam apoyaba la búsqueda de los detenidos desaparecidos, luego de que su hija fuera arrebatada violentamente de su hogar en el año 2012, víctima de este crimen; sin ayuda de las autoridades dio con su paradero en una fosa clandestina. ¿Cuántos casos como éste encontramos en toda la geografía mexicana? Muchos, en cada familia son dos, tres, cuatro o cinco las víctimas directas, aunado a las víctimas indirectas que son muchas más.

Cuando la violencia lacera los hogares cambia radicalmente su forma de vida, como el caso de nuestra compañera Sebastiana Pérez Hernández, quien desde el 5 de marzo del año 2016 tuvo que salir de su casa para denunciar la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, su esposo y padre de sus dos hijos.

Sebastiana no habla español, es indígena hablante del idioma tzetzal, para la denuncia y exigencia de la presentación con vida de su esposo y compañero de lucha debe hacerlo con ayuda de un traductor, venció el miedo y lo transformó en combatividad e indignación para exigir a los gobiernos federal de Enrique Peña Nieto y estatal de Manuel Velasco Coello den con el paradero de Fidencio, porque son ellos los responsables de tan execrable crimen.

Rosa Morales Díaz, viuda de Héctor Sántiz López y madre de tres pequeños, uno de ellos en brazos cuando los paramilitares asesinaron y torturaron a su esposo en el año 2015, mientras realizaba una actividad política para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas.

Fecha en la que tuvo que salir de su comunidad con sus tres hijos para acudir a organismos defensores de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones para denunciar la represión de la que son objeto en su comunidad por el gobierno de Manuel Velasco Coello en el estado de Chiapas, que tiene al paramilitarismo como ariete represivo para objetivar el terrorismo de Estado.

Lucinda Maldonado, Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado son tres mujeres que desde el año 2007 exigen al Estado mexicano la presentación con vida de sus seres queridos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron detenidos desaparecidos por el gobierno mexicano en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

En todo este tiempo los familiares han luchado y enfrentado la indolencia, burocratismo y engaños de los funcionarios, así como el estigma y rechazo por la forma de lucha de sus familiares. Pese al rechazo de algunos organismos no gubernamentales de derechos humanos no desistieron y en la actualidad, por la lucha consecuente enarbolada junto con otras organizaciones populares, personalidades y defensores de los derechos humanos se les reconoce como lo que son: dos revolucionarios, víctimas del terrorismo de Estado.

La historia se repite en cada nombre, en cada rostro que ondea en las mantas. No son sólo cifras ni frases huecas sin sentido, son historias de vida, voces de lucha que el gobierno en turno pretende acallar con el cometido de crímenes de lesa humanidad. Por cada hijo hay una madre, mujeres que deambulan entre la indolencia de las instituciones, quienes quieren remediar el problema con una absurda cantidad monetaria.

¿Cuánto vale la vida de sus hijos señor Peña Nieto? ¿Qué cantidad de dinero están dispuestos a recibir señores diputados y senadores que aprobaron una mutilada ley contra la desaparición forzada? Desde las madres proletarias no hay respuesta para tales interrogantes, pero para los políticos de oficio es probable que puedan responder porque muchos ya vendieron hasta su dignidad.

El cometido de más crímenes de lesa humanidad es política de gobierno para acallar las voces de protesta, aquel que denuncia la desaparición forzada o ejecución extrajudicial de su familiar es hostigado o amenazado de muerte y así evitar que la denuncia política de los comités de familiares de víctimas y organizaciones populares evidencien la responsabilidad gubernamental en las escalofriantes cifras del terrorismo de Estado.
Los familiares conocen bien el papel de los fiscales, agentes y funcionarios, quienes asumen una actitud hipócrita, presentan un rostro sensible ante este fenómeno, pero en los hechos son partícipes en el cometido de estos execrables crímenes al ser parte de las estructuras del Estado, representa uno de los eslabones del andamiaje represivo cuya función es impedir que realice una investigación pronta y expedita.
Extenuantes trámites leguleyos y un andar escabroso entre las distintas instancias oficiales son la manifestación de la intentona institucional para otorgar protección a los perpetradores; es la consigna gubernamental no investigar y ocultar la información sobre el paradero de las víctimas, de esta manera garantiza la impunidad a los perpetradores.

La actual administración intenta relegar toda responsabilidad al temido “crimen organizado y delincuencia organizada”, con ello pretende colocar un muro infranqueable entre las familias de las víctimas, pero son cada vez más los testimonios de familiares que señalan a los cuerpos policíacos y militares como los responsables de materializar las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura, por lo que una verdad es infalible, todas son víctimas de la violencia de Estado.

El discurso oficial presentado a nivel internacional donde presenta una faceta de ser un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos, es una maniobra pueril ante la realidad de múltiples crímenes de Estado; organismos internacionales como la ONU han documentado casos donde señalan que es el país donde más violaciones a los derechos humanos se cometen, donde la tortura es generalizada, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son preocupantes.

La respuesta gubernamental siempre ha sido la misma, rechazar las recomendaciones, las investigaciones de organismos internacionales e impedir el acceso del Comité Contra las Desapariciones Forzadas al país, actitud que expresa la esencia de su política de gobierno, apuntalar la voluntad oligárquica mediante la implementación del terrorismo de Estado.

La violencia institucional es generalizada, son miles las víctimas de la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura; en su cometido existe un amasijo perverso que devela el verdadero rostro criminal de los actuales gobiernos en su condición represiva. Es una política que lacera a la madre, al padre y a todo el entorno familiar y social, razón por la cual no puede transitar por los cauces espontáneos.

Ante flagelos que laceran diariamente a las masas trabajadoras, no puede haber lugar para actitudes ambivalentes, es momento de coordinar las acciones políticas de masas las cuales descuellen en la unidad del movimiento popular contra el terrorismo de Estado. Cada madre debe unir su grito de exigencia con la voz de miles de madres más que reclaman la presentación con vida de sus hijos, porque el dolor no es común a millones de proletarios, ¡Ni perdón! ¡Ni olvido! ¡Juicio y castigo a los criminales de Estado!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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