Respuesta a la CEDH por el caso de nuestro compañero Rodolfo García Gómez

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Venustiano Carranza, Chiapas a 27 de marzo de 2018

C. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)

Con fundamento a nuestro derecho de réplica, el presente documento tiene el objetivo de responder al informe que este organismo de Derechos Humanos expone en el oficio Núm. CEDH/VGEAAM/1518/2017-G, dirigido a nuestro compañero C. Rodolfo García Gómez, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), éste obra en el expediente número CEDH/741/2017, por el caso de nuestro compañero.

El informe de la CEDH plasma los dichos del informe presentado por la Licenciada Alma Rosa Cariño Pozo, Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado y los del Licenciado José Francisco Mantecón Kronthal, jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estos dichos hacen referencia de manera dolosa al caso de nuestro compañero Rodolfo quien, a juzgar por la práctica de la Fiscalía, los elementos policíacos, fiscales ministeriales y las propias instancias de derechos humanos, el proceso jurídico del caso fue nublado por una serie de irregularidades al debido proceso, previo a su detención, durante y antes de liberar al compañero, tal como lo expusimos en las misivas publicadas el 9 de octubre de 2017.

Los dichos son falsos y representan una muestra de la criminalización de la protesta popular, sostenemos esta afirmación, por las siguientes razones:

En el informe se dice de la “coautoría” de nuestro compañero Rodolfo en el lamentable asesinato de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, “(…) derivado de un enfrentamiento entre pequeños propietarios y habitantes del Ejido Guadalupe Victoria contra Habitantes del Ejido Cruzton”, en este dicho se manifiesta el dolo, la criminalización contra nosotros y lo falseado de los hechos, éstos no corresponde con lo acontecido, son señalamientos irresponsables, en ellos yacen la intención del gobierno chiapaneco para justificar más actos de represión.

Licenciada Alma debe documentarse adecuadamente, el gobierno del estado y sus subalternos, además de esta instancia conocen ampliamente el caso de nuestros compañeros; mencionar que fue derivado de un “enfrentamiento” demuestra la esencia represora del Estado y la forma en cómo preparan los argumentos para las carpetas incriminatorias.

¿Acaso indagó ya cómo los supuestos propietarios se coordinaron con los pobladores de Cruzton, o del hostigamiento de estas personas hacia nuestros compañeros o los casos de tortura cometidos por éstos previo al 24 de septiembre de 2017 acompañados de un grupo de personas armadas? De todos estos, también tienen conocimiento las autoridades del municipio de Venustiano Carranza.

La licenciada afirma que la detención de nuestro compañero se realizó con “apego conforme a derecho”, es decir, existían ordenes de aprehensión autorizadas por los jueces de control Región Dos, con las cuales “legitimaban” la detención de nuestro compañero.

Resulta sencillo desde la lógica formal comprender el argumento de la detención “fue apegada conforme a derecho” porque mediante este argumento es fácil evadir responsabilidades y limpiar la imagen de las instancias implicadas, pero a luz de los hechos, son responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos de nuestro compañero.

El verdadero objetivo es pretender desechar todos los antecedentes de este caso que culminaron con la detención arbitraria de nuestro compañero, nos referimos concretamente a las pruebas presentadas a este organismo de Derechos Humanos por los constantes actos de intimidación, hostigamiento, amenazas por parte de la policía, ejército y un grupo de Cruzton contra los compañeros de Nuevo Guadalupe Victoria desde el 2015.

El 25 de septiembre de 2017 la Fiscalía General Especializada en su portal de internet, afirmó que restituyó 230 hectáreas de tierra en la comunidad Guadalupe Victoria mediante desalojo, este fue el argumento utilizado para justificar el mega operativo policíaco el 24 de septiembre de 2017 en el que intentaron desalojar de sus tierras a nuestros compañeros, detienen arbitrariamente a Rodolfo, entre otros acontecimientos contra la humanidad de los compañeros.

Ahora afirma la licenciada Alma Rosa que no existe una orden de desalojo o ¿sus superiores no le informaron a cabalidad? Planteado así, está claro entonces, que las tierras pertenecen a los compañeros, y lo sucedido el 24 de septiembre fue el pretexto para reprimir a una comunidad organizada en defensa y lucha por la tierra.

Para intentar esconder esta contradicción, la licenciada Alma expone que el mega operativo del 24 de septiembre fue hecho para conservar la seguridad y la paz social de los habitantes, por la presencia de personas armadas, pero preguntamos ¿cuál seguridad y paz? Porque cuando llegan los policías, el hostigamiento, la complicidad del gobierno municipal y estatal con el grupo de Cruztón contra nuestros compañeros no es conservar la paz, mucho menos cuando vivimos en condiciones de pobreza y miseria.

Cuando hablan de la presencia de policías porque existen personas armadas, con este dicho lo único que afirma es su complicidad con esa gente, reafirma lo que hemos denunciado y fue de su conocimiento tanto la Fiscalía y como este organismo de derechos humanos, sólo recuerden los hechos denunciados el 10 de mayo de 2017, denunciamos la presencia de personas armadas quienes pusieron cercas de alambre, destruyeron árboles, detuvieron a dos campesinos y los torturaron.

Incluso el día 24 de septiembre cuando detienen a nuestro compañero Rodolfo, los cuerpos policiacos actuaron en coordinación con el grupo de habitantes de Cruzton y los supuestos propietarios, es un secreto a voces, ¿o es que ya se les olvidó? Para nosotros fue clara la actuación de la Fiscalía contra nuestros compañeros.

En el afán de incriminar y tratar de ocultar lo inocultable, la licenciada Alma, afirma que las personas armadas son de nuestra organización, esto representa una afirmación totalmente irresponsable, incriminadora y sin fundamentos, de la cual pedimos a este organismo de Derechos Humanos tome medidas, porque afirmar algo así, sin pruebas, indica la pretensión de cometer más crímenes de lesa humanidad en la región, específicamente contra Nuevo Guadalupe Victoria, que es lo mismo al FNLS.

Una vez más sostenemos que nuestro compañero fue objeto de tortura física, psicológica y de tratos degradantes e inhumanos durante su detención y al interior del CERESO 10, por ejemplo, mientras realizábamos una mesa de diálogo con las autoridades, al compañero Rodolfo lo cambiaron de celda, lugar donde un sujeto apodado el “gordo” le pidió 30 mil pesos, amenazó con hacerle daño si no lo entregaba, además fue obligado a realizar trabajos forzados y fue golpeado por este sujeto.

Licenciada, pregunte a sus superiores si interrogaron a los policías responsables de someter con lujo de violencia a nuestro compañero al momento de su detención, más específico aún, al policía quien coloca su rodilla en el cuello del compañero al tiempo que fue encañonado. O bien, de los toletazos propinados al compañero en el abdomen y la espalda por dos policías.

Qué decir Licenciada, cuando las autoridades carcelarias del CERESO 10 permitan a “el gordo” decir y hacer para golpear a nuestro compañero, con vendajes en la mano para evitarle lesiones visibles a su cuerpo.

Si el Perito Médico Legista concluyó que “(…) no presenta huellas de lesiones microscópicas recientes en su anatomía.” Esto prueba el dolo con el cual argumentan un hecho de esa naturaleza, porque el concepto de tortura no se reduce a lesiones microscópicas, sino a todo trato cruel, inhumano y degradante, esto alcanza la tortura psicológica, con esto, ahora resulta que las instancias judiciales son las víctimas y no nuestro compañero, un absurdo igual que cínico.

¿O es que las autoridades del CERESO o los superiores del médico legista se les olvidó pasar el testimonio del compañero donde manifestó los dolores a la altura del abdomen, cuello resultado de su detención arbitraria? ¿para ustedes no cuenta los golpes, palabras obscenas con la intención de quebrantar la humanidad física y psíquica de nuestro compañero mientras duró su condición de preso y rehén político? La respuesta del perito lo afirma.

Con una conclusión pseudocientífica de ese tipo, pretenden minimizar el concepto de tortura, es una evidencia que la tortura es política de gobierno, es planeada desde las estructuras del Estado, ¿o esperaban a nuestro compañero con traumatismos o lesiones internas graves en su anatomía para conceptualizarlo como tortura? Lo cierto en todo esto, es la responsabilidad del ejecutivo estatal y sus estructuras en el cometido de este nefasto acto represivo.

El cinismo de las autoridades se evidenció cuando a la comisión negociadora del FNLS y a la esposa de Rodolfo nos ofrecieron arraigo domiciliario en una casa en la ciudad de Comitán, con los argumentos de que tendría más comodidad y estaría más tranquilo, con estos dichos, reafirman los tratos degradantes del que fue objeto nuestro compañero.

Nos preguntamos, ¿comodidad? Las evidencias prueban que en diversos reclusorios son pocos quienes cuentan con ese privilegio, lo cual habla de la corrupción de las autoridades carcelarias y el Estado, o bien los reclusos son considerados mercancías para lucrar con ellos y satisfacer intereses mezquinos en quienes recae la administración de las cárceles en México.

¿Estar más tranquilo? Menuda desfachatez de los funcionarios públicos, esto demuestra quiénes son los responsables de los diversos casos de tortura en las cárceles del país, para el caso específico de nuestro compañero está más que dicho, hablar de tranquilidad va implícito el hecho de aceptar la tortura cometida contra nuestro compañero Rodolfo.

El deslinde hecho por el Subinspector Rigoberto Infante Ruiz, comandante de la policía estatal preventiva del sector XVI, en Venustiano Carranza, de no haber participado en algún operativo en la comunidad de Guadalupe Victoria, representa únicamente un intento por deslindarse de su responsabilidad en los hechos.

Las autoridades de Venustiano Carranza, fungen como protectores de la impunidad, porque cuando detuvieron al compañero primero fue trasladado a la Fiscalía en ese municipio y después al CERESO 10 en Comitán, eso prueba que las autoridades del municipio tuvieron conocimiento del hecho represivo del día 24 de septiembre.

Por todo lo anterior:

Quedan demostrados los artilugios legaloides para criminalizar la organización independiente del pueblo, específicamente, la actitud de los políticos de oficio es orientada por la legalidad burguesa para defender la propiedad privada más no la justeza de las demandas del pueblo.

Es absurdo que las autoridades pretendan limpiar una imagen desgastada cuando ellos son responsables en la violación sistemática contra los derechos humanos del pueblo en su pretensión de pasarse por víctimas, esto prueba la política de Estado de revictimizar a las víctimas para evadir su responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Los señalamientos dolosos, irresponsables con los dichos presentados de la Fiscal es una evidencia más de que los infundios tienen su génesis en el Estado, porque mediante éstos se propagan en el ambiente para denostar y criminalizar la organización independiente del pueblo, para justificar la represión masiva y selectiva del pueblo organizado y no organizado.

El desistimiento de las acusaciones contra nuestro compañero Rodolfo y su libertad, aclaramos, no se debió a un acto fortuito del gobierno chiapaneco, éste fue resultado de la denuncia política y las acciones políticas de masas; esto evidenció la condición de preso y rehén político de nuestro compañero, el conjunto de arbitrariedades, injusticias y violaciones a los derechos humanos contra nuestra organización.

Ante las calumnias de las autoridades contra nuestra organización, lo único que se pretende es cometer más violaciones a los derechos humanos contra nuestros compañeros, por lo que pedimos que en la medida de sus posibilidades este organismo de derechos humanos, coadyuve a frenar el hostigamiento policiaco-militar en la comunidad de Nuevo Guadalupe Victoria.

¡Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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