Tinta Socialista No 25. Con la Ley de Seguridad Interior el Estado policíaco militar se fortalece

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23 de diciembre de 2017

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La ejecución extrajudicial del periodista Gumaro Pérez Aguinaldo en Acayucan, Veracruz es crimen de Estado y de lesa humanidad, botón de muestra del terrorismo de Estado que ejerce el gobierno mexicano contra todo opositor a sus políticas neoliberales, en esta ocasión por ser un trabajador de la comunicación fue arrebatado violentamente de sus familiares y amigos, no obstante, es una práctica profascista recurrente que se ejecuta contra todo el pueblo trabajador, sin importar si está organizado o no.

México ocupa el segundo lugar en el mundo en ejecuciones extrajudiciales contra los trabajadores de la comunicación, según se desprende de algunos datos estadísticos de fuentes oficiales, hecho que encierra en sí mismo la magnitud de la enorme herida que causa el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado, pero lejos de ser una política exclusivamente contra los trabajadores de la comunicación, es el indicativo de la generalización de estos crímenes contra todos los sectores populares.

La ejecución extrajudicial es un crimen en esencia deleznable, pero sus efectos se convierten aún más lacerantes cuando se cometen con total saña e impunidad desde las corporaciones policíacas y militares. La forma de operar de estos grupos paramilitares, independientemente de la nomenclatura criminal con la que se presenten, expresa la esencia contrainsurgente de la política militarista del gobierno mexicano.

Este acontecimiento tristemente célebre manifiesta con toda elocuencia la verdadera intención de ejecutivo federal y estatal en el cometido de crímenes de esta naturaleza. No se trata de arrebatar la vida a una persona del pueblo, el objetivo es dar una muestra del “escarmiento”, es decir, el mensaje es el terror, por esta razón los autores materiales de este crimen se apersonan en el festival navideño donde le arrebatan la vida frente a su hijo y todos los asistentes.

Lamentablemente este crimen no es la excepción, por el contrario, en todo el territorio nacional escenas de similar naturaleza se repiten a diario y son las propias autoridades estatales y federales quienes tienden el manto de impunidad e inmunidad sobre los perpetradores.

Muchos analistas argumentan que es peligroso ejercer el periodismo en México, sin embargo, ¿únicamente el periodismo resulta peligroso su ejercicio en nuestro país?, desde luego que no, verlo de esa manera es aislar el fenómeno en su esencia, focalizarlo sólo en el sector de los trabajadores de la comunicación, porque esta política es ejecutada contra todo luchador social, defensor de los derechos humanos, periodista, activista político, revolucionario y pueblo que no está organizado, lo que refleja es el odio de la clase que detenta el poder contra el pueblo trabajador que considere, según su lógica, “peligroso” o “sospechoso”.

Las cifras no mienten, son miles los detenidos desaparecidos, miles los ejecutados extrajudicialmente, seres humanos que fueron arrancados violentamente de sus hogares por militares, policías federal, estatal, municipal y grupos paramilitares, corporaciones policíaco militares, que con toda impunidad e inmunidad que les brinda el Estado mexicano, ejecutan el terrorismo de Estado en todo el país.

Con la Ley de Seguridad Interior (LSI), el Estado policíaco militar se fortalece porque legaliza la ejecución de crímenes de Estado y de lesa humanidad, resulta pueril decir que con esta ley se va a militarizar el país, porque desde hace diez años esta condición es un hecho en toda la geografía mexicana, la diferencia estriba en que con esa norma, el ejército mexicano, la marina y la gendarmería nacional, tienen marco jurídico para que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y todos los crímenes de lesa humanidad sean legales, se les brinda la cobertura amplia para cometerlos a discreción.

Ejemplos hay muchos en todo el territorio nacional, uno de ellos es el estado de Veracruz, lugar que muestra de manera fehaciente la condición nacional en cuanto a esta política nacional. Las fosas clandestinas encontradas con cientos de restos humanos de personas son la expresión de múltiples crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, cometidas por los grupos paramilitares en complicidad con los cuerpos policíaco militares, quienes actúan con la aquiescencia de los gobiernos local y federal.

En esta entidad federativa gobierna Miguel Ángel Yunes, quien a inicios de su gobierno prometió al pueblo trabajador acabar con la violencia, sin embargo, ésta incrementó exponencialmente; las desapariciones forzadas en la entidad son incuantificables, por ende las ejecuciones extrajudiciales, el ejemplo más reciente es la ejecución extrajudicial del periodista, quien fue ultimado frente a su propio hijo en una actividad escolar, con todo descaro y cinismo cometen los crímenes de lesa humanidad.

Resulta absurdo seguir con el mito del fantasma de la delincuencia organizada, el pueblo conoce claramente que es el Estado mexicano el que comete las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y crea las fosas clandestinas. Cientos de testimonios se suman a sostener esta verdad, que la política del terrorismo de Estado tiene patente en el gobierno federal y servilmente secundan los gobiernos estatales y municipales.

Un hecho que se suma a esta larga lista del terror es la ejecución extrajudicial del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, en el estado de Guerrero, quien fue detenido desaparecido, torturado y ejecutado extrajudicialmente, junto con su esposa y suegra; crimen de Estado y de lesa humanidad que permanece en la total impunidad.

El caso del profesor Manuel Mendoza, militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el estado de Chiapas, quien desde hace unos meses es hostigado y amenazado por corporaciones policíacas para que desista de luchar por la defensa de educación pública, científica y gratuita para el pueblo trabajador. Hechos como estos son la evidencia palpable de que los crímenes tienen sello de clase y se dirigen contra aquellos que se distinguen por ser consecuentes luchadores sociales, por defender su fuente de trabajo son tratados como si fueran los peores criminales.

El año 2017 se encuentra en la recta final, mientras que los políticos de oficio aseguran su existencia con bonos estratosféricos para estas fiestas de consumo, para el pueblo trabajador el halo de muerte y terror se extiende, la violencia institucional arrecia sus efectos, de donde se desprende que la alternativa no es la esperanza ciega a un porvenir mejor con el avanzar del calendario, se necesita ante todo la actitud combativa de las masas.

Termina un año más, la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya permanece en la total impunidad, diez años de que el Estado mexicano cometió el crimen; diez años de consignas combativas y acciones políticas de masas para exigir su presentación con vida; diez años de reprimir y cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad contra las organizaciones solidarias que abrazaron esta demanda; diez años de no olvidar y no perdonar a los criminales de Estado.

No callemos ante los crímenes de lesa humanidad, no olvidemos a los hijos que son arrebatados violentamente de nuestros hogares, cada uno de ellos son la expresión del terrorismo de Estado, por más que promulguen los políticos de oficio leyes burguesas que atentan contra la dignidad humana, ésta nunca se pierde, al contrario se manifiesta en las calles, en las colonias, en las avenidas hasta resonar los ventanales de las instituciones, no descansaremos HASTA ENCONTRARLOS, ¡vivos los llevaron, vivos los queremos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo


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