Tinta socialista No 24. La Ley de Seguridad Interior tiene un origen de clase, es antipopular y profascista

, por  Ciudad de México , popularidad : 3%

12 de diciembre de 2017

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La Ley de Seguridad Interior tiene un origen de clase, es antipopular y profascista porque pretende legalizar el terrorismo de Estado y la militarización en el país. Su aprobación de facto en ambas Cámaras representa un zarpazo legislativo ante la crisis política que vive el régimen y falta de credibilidad del pueblo trabajador en las instituciones. El gobierno mexicano procura conducir la cotidianidad de las masas trabajadoras, las protestas y el enorme descontento popular que existe en toda la República mexicana a través de la bota militar, a la aceptación tácita de los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

Legalizar el terrorismo de Estado obedece a intereses económicos y políticos, garantizar la acumulación y centralización de capital en manos de la oligarquía nacional y del extranjero, asegurar el saqueo de recursos naturales y energéticos para su explotación; así como pretender oxigenar el régimen neoliberal con el sofisma de la lucha por la “seguridad nacional”.

Durante dos sexenios presidenciales, los gobiernos en turno, independientemente del partido político al que representen, cumplieron con la función de administrar los intereses de empresarios nacionales y transnacionales, a través de la militarización y la violencia institucional cometieron a diestra y siniestra miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, crímenes que aún permanecen en total impunidad, con la finalidad de satisfacer sus mezquinos intereses.

Resulta una aberración los argumentos de políticos de oficio para justificar dicha medida legislativa, como el de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de derechos humanos de la Secretaria de Gobernación, quien sostiene que los niveles de violencia obligan al gobierno mexicano a recurrir a las Fuerzas Armadas o que es muy conveniente hacerlo con la ley en la mano, expresan la concepción del odio de clase que destilan contra el pueblo trabajador porque las leyes e instituciones son burguesas, de donde emana un estado de derecho oligárquico que protege la propiedad privada y la explotación económica.

¿Quién genera la violencia?, ¿quién es el enemigo que dice combatir el gobierno?, la violencia institucional emana del Estado, es éste el que tiene todo el control de la violencia que se expresa en terrorismo de Estado como política de gobierno, las fuerzas armadas son los gendarmes que reprimen todo brote de descontento de las masas populares con el objeto de proteger los intereses de la clase dominante, por tanto, su permanencia en las calles es para tener mayor control de las protestas, acciones políticas de masas, denuncias políticas y movilizaciones del pueblo organizado.

Una verdad queda cada vez más nítida en todo el territorio nacional, a mayor participación de los cuerpos policíaco militares en las calles es mayor el terrorismo de Estado, mayor es el incremento de las víctimas de los flagelos represivos, incontables son las violaciones a los derechos humanos, inconmensurable la impunidad e inmunidad que prevalece hacia los responsables materiales e intelectuales.

Son vacuos los golpes de pecho y declaraciones de quienes se dicen “obligados” por las circunstancias a aprobar dicha ley, porque son estos mismos legisladores quienes guardaron un silencio cómplice mientras se desangraba al pueblo trabajador con incontables crímenes de lesa humanidad y de Estado; si desde sus curules lo único que recibe el pueblo son medidas leguleyas que hacen más profunda la herida, más taladrante la realidad de hambre, miseria y muerte por inanición.

Fueron estos representantes “populares” quienes simularon una discusión con las víctimas del terrorismo de Estado, de manera concreta con quienes tienen familiares en condición de desaparición forzada, donde se escucharía sus propuestas, sin embargo, la ley como fue aprobada, es la ley a modo del ejecutivo y de los responsables de estos crímenes.

Para el gobierno mexicano, enemigo es todo aquel que proteste y manifieste inconformidad por su política y forma de gobierno, todo aquel que considere “sospechoso”, según su lógica de “seguridad” es tratado como delincuente o narcotraficante, pruebas de ello hay muchas, sólo basta escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas, quienes señalan al ejército, la marina y a las distintas corporaciones policíacas como los autores materiales e intelectuales de estos aberrantes crímenes, con cada testimonio se comprueba que la militarización y el terrorismo de Estado se ejecuta con mayor crudeza desde hace diez años.

Un caso que ejemplifica esta actuación de las Fuerzas Armadas contra el pueblo trabajador es el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, cuya responsabilidad es del Estado mexicano a través de los diferentes aparatos represivos e instituciones, hasta el momento permanece en la total impunidad a pesar que existe sobrado testimonio que atestigua la participación de efectivos policíaco militares en el cometido de este crimen.

La realidad nos refleja que precisamente donde existen yacimientos petroleros, corredores o zonas industriales y yacimientos mineros es donde más se cometen de manera recurrente estas graves violaciones a los derechos humanos; la imposición de las reformas neoliberales, hoy hechas ley, generó protestas y acciones políticas de masas de organizaciones populares, defensores de los derechos humanos, trabajadores de la educación, entre otras, cuya respuesta gubernamental fue la represión y el terrorismo de Estado.

En todo este tiempo se registran de manera oficial más de 35 mil desapariciones forzadas, sin embargo, son muchas las que no tienen registro por temor o amenazas de los familiares de las víctimas, la estadística dice que por cada diez desapariciones forzadas sólo dos se denuncian y las demás quedan en el anonimato, por lo que son más de 350 mil las desapariciones forzadas y más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales.

Discutir una ley que de origen es profascista y perversa no tiene sentido, porque secunda la versión del gobierno mexicano de que el país necesita más “seguridad” para combatir a la tan temida “delincuencia organizada y el narcotráfico”; cómo hablar de diálogo, cuando el Estado a través de sus aparatos represivos e instituciones comete desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura contra todo luchador social, defensor de los derechos humanos, periodistas, revolucionario y pueblo en general.

Queda claro que con esta Ley se profundizará el terrorismo de Estado, con ello los crímenes de Estado y de lesa humanidad, por más que se discuta y haya supuesta apertura al diálogo su aprobación ya está establecida, por lo que a las organizaciones populares se vislumbra la necesidad de intensificar la denuncia y la organización independiente como alternativa ante las políticas represivas del gobierno mexicano.

Ante leyes de naturaleza profascista, no podemos callar ni permanecer en el anonimato, mucho menos aislarnos, la necesidad apremiante es la organización independiente, la denuncia política y las acciones políticas de masas; imbuirnos de los marcos estrechos de lucha corporativizantes sólo nos conducen al fracaso y frustración, los hechos nos dicen mucho, los detenidos desaparecidos y las ejecuciones extrajudiciales permanecen en la impunidad, no permitamos que pisoteen nuestra dignidad y bandera de lucha que es justa y legítima.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo


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