Tinta Socialista No 23. El Congreso de la Unión es el instrumento leguleyo que avala mediante leyes el terrorismo de Estado

, por  Ciudad de México , popularidad : 5%

4 de diciembre de 2017

El dictamen aprobado en la cámara de Diputados sobre la Ley de Seguridad Interior es una muestra legible de la imposición del Estado policíaco-militar, que desde hace once años opera bajo la careta de la lucha contra “el narcotráfico y la delincuencia organizada”; tiempo que registra de manera exorbitante miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército, la Marina y las distintas corporaciones policíacas en el país.

Crímenes que son responsabilidad de los políticos de oficio por avalar leyes que legalizan la represión y el cometido de graves violaciones los derechos humanos. Los mismos que apoyaron el Pacto por México para imponer las reformas neoliberales al pueblo trabajador, son los que ahora legalizaron las acciones de las fuerzas armadas para cometer desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura como “método de investigación”.

El Congreso de la Unión es el instrumento leguleyo mediante el cual se aprueban leyes que justifican y avalan el terrorismo de Estado como política de gobierno, la supuesta discusión es una cortina de humo para justificar la democracia burguesa porque la decisión de avalar o no un Ley no depende de los representantes de la curules, sino de los intereses del capital nacional y del extranjero, ellos sólo son un apéndice de su dominio para mantenerlos en el poder.

Las fuerzas armadas son la columna vertebral que sostiene al régimen de explotación económica y opresión política, obedecen a su mando superior el presidente de la República, por lo tanto, no están para proteger los intereses del pueblo trabajador sino para garantizar la acumulación y concentración del capital, la “paz” de la que hablan es la que permita mayor explotación para el burgués sin descontento ni protestas populares.

En estos once años han operado a diestra y siniestra contra todo aquel que consideren, según su lógica “sospechoso” o “delincuente”; independientemente del marco jurídico actúan con toda impunidad e inmunidad que les otorga el Estado mexicano. Las únicas leyes que conocen y obedecen son las que garantizan la “dominación” y “sometimiento” de todo luchador social, defensor de los derechos humanos, activista político, periodista, revolucionario y pueblo trabajador que “infrinja” las leyes enmarcadas en el estado de derecho oligárquico.

Algunas estadísticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos evidencian el terrorismo de Estado que se vive en el país, el registro oficial data de más de 35 mil personas detenidas desaparecidas; diez mil casos más aumentaron durante estos cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que indica que en lugar de disminuir las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales aumentaron de manera exponencial.

Cifras oficiales que intentan ocultar la esencia del terrorismo de Estado porque las fosas clandestinas con cientos de cuerpos se siguen evidenciando, lo que indica que el cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no se detiene, continúa la ejecución de estos crímenes aberrantes.

Pedir la participación de la “ciudadanía” en la discusión de la Ley, así como la de organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos sólo permite avalar la política criminal del gobierno mexicano; lo mismo que sucedió con la Ley Contra la Desaparición Forzada, donde organizaciones de víctimas de este flagelo participaron en la discusión y a fin de cuentas aprobaron la ley del ejecutivo que no permite sancionar a agentes de alto rango ni establecer un registro confiable de personas víctimas de la desaparición forzada.

La solución no está en mayor capacitación de las corporaciones policíacas, en los hechos lo que se pide es mayor represión, más ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas contra el pueblo trabajador; tampoco es que el gobierno mexicano fallo en su política, por el contrario, ésta describe una ruta de agudización para continuar con el terrorismo de Estado hasta consolidar el Estado policíaco militar que se ampara bajo un estado de derecho burgués.

Avalar una Ley de esta magnitud previo a la contienda electoral del 2018, es con el propósito de allanar la represión ante el posible descontento y protesta populares producto de la crisis política del régimen, donde el descrédito de la democracia electoral crece de manera sistemática, aunado a las pugnas interburguesas para erigirse como los mejores representantes de la voluntad oligárquica.

El terrorismo de Estado es real, los crímenes de lesa humanidad y de Estado campean por todo el territorio nacional, la denuncia sobre los cuerpos policíaco militares en objetivar la violencia institucional crece alarmantemente; todos estos aspectos son la expresión de la imposición de un Estado policíaco-militar que hoy cuenta con el aval legislativo, situación que demanda incentivar la creatividad de las masas populares en la organización, movilización y denuncia política.

En las calles denunciemos a cada uno de los políticos de oficio que avalan mediante leyes burguesas el terrorismo de Estado; con dignidad, combatividad y acciones políticas de masas desenmascaremos la política criminal del gobierno mexicano, quien le apuesta al olvido de las más de 350 mil desapariciones forzadas y más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales.

A diez años de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y a más de un año de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz exigimos su presentación con vida, así como juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este aberrante crimen.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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