Urgen adecuación a ley de desaparición

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IVONNE REYES / MARTHA A. GUZMÁN

En ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos pidieron a los diputados federales la aprobación de la ley en la materia y la de desaparición de personas cometida por particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”, integrado por 49 colectivos, urgió a los legisladores a dar curso al dictamen de la minuta aprobada en abril pasado por el Senado de la República y dotarla de recursos para su implantación.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió que se acepte la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pues un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país debe recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado.

Sin embargo, integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México acusaron que, de aprobarse cómo está, la legislación no permitirá un cambio real.

“La ley general que pretenden imponer no permitirá ver un cambio real de la situación que hoy se vive en México a consecuencia de la impunidad que prevalece desde hace más de 40 años”, expresó Zita Loyo, integrante del comité Cerezo.

Por ello, anunciaron que acudirán el próximo 7 de septiembre a la Cámara de Diputados para presentar las adecuaciones que consideraron necesarias, las cuales permitan un acceso integral a la justicia.

Entre los puntos que piden a las autoridades someter a debate, destacan se incluyan artículos que aludan a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pues a decir de Héctor Cerezo, el espíritu de la ley radica en que es el crimen organizado quien comete las desapariciones, por ende, “la parte de la responsabilidad del Estado en el tema de las desapariciones está casi ausente”, recriminó.

Tales modificaciones también mencionan la necesidad de establecer la responsabilidad para todos los involucrados en desapariciones y no sólo para los responsables materiales de este delito; pues acusaron al Estado Mexicano de negarse a juzgar a los autores intelectuales, pasando por alto el mandato de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

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