Tinta Socialista No 16. La desaparición forzada, crimen de lesa humanidad sin investigación ni castigo

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Tinta Socialista No 16

La desaparición forzada es un fenómeno inocultable en el país, por más que quiera el Estado mexicano maquillar las cifras y ocultar a las fuerzas policíaco-militares como los responsables de objetivar el terrorismo de Estado, éstas son evidenciadas y señaladas por los familiares de las víctimas y el pueblo como los partícipes directos de los cientos de miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

En cada testimonio que se da a conocer se desenmascara la mano criminal del gobierno mexicano, no hay lugar en el país sin ser cuestionado por esta política, pese a la magnitud del fenómeno, desde las instituciones existe el empecinamiento de extender el halo de impunidad para los perpetradores y no para establecer un marco jurídico que sancione y enjuicie a los autores materiales e intelectuales de estos aberrantes crímenes.

Es más fácil discutir sobre “lavado de dinero”, “corrupción”, “prepararnos para el 2018” que hablar sobre las personas detenidas-desaparecidas; en algunos medios de comunicación hablan de garantizar el proceso jurídico a las personas, pero ¿Por qué a los detenidos-desaparecidos, no les garantizó ese proceso?, ¿por qué los sometieron a ese flagelo? La respuesta es sencilla, las leyes burguesas están hechas para garantizar impunidad e inmunidad a los responsables del baño de sangre en el pueblo mexicano.

Razón por la que ningún militar, funcionario o policía son juzgados y sancionados por los crímenes de Estado y de lesa humanidad. Hacerlo sería evidenciar la responsabilidad del gobierno mexicano en las más de 300 mil desapariciones forzadas, que el clima de terror tiene un sello de clase, porque a todas las víctimas las identifica su condición de pobreza, de pertenecer a las masas trabajadoras.

La urgencia de aprobar una Ley sobre Seguridad Interior, está intrínsecamente relacionada con el terrorismo de Estado en nuestro país, porque esta medida legislativa es con la intención de garantizar la total impunidad a las fuerzas federales, en los hechos legaliza el Estado policíaco-militar y con ellos el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, cuyos saldos deleznables campean en todo el territorio nacional.

No nos sorprende los comentarios de las fuerzas federales “con ley o sin ley seguiremos en las calles”, porque en estos diez años, desde que inició el supuesto combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, sólo han impuesto su ley, y está es, el terrorismo de Estado y los crímenes de Estado y de lesa humanidad. Los intereses que dicen defender son los de la oligarquía nacional y del extranjero.

Estos argumentos son la comprobación de que en nuestro país se impone de manera paulatina un Estado policíaco-militar, es la manifestación más nítida de la militarización no sólo de las calles, sino de toda la vida pública. En los hechos es la expresión de la violencia institucional con el objetivo de apuntalar una oleada represiva y una ofensiva neoliberal que devela un panorama aún más adverso para el pueblo mexicano.

En una desaparición forzada participan varios agentes y funcionarios, no son actos esporádicos o aislados, desde el que planea la acción, considerado como el autor intelectual, hasta el que las ejecuta, como el responsable material, ambos son el binomio que objetiva las desapariciones forzadas en México, quienes con el actual estado de derecho tienen total discrecionalidad para cometer dichos crímenes.

Hay una política de gobierno de no investigar los casos de desaparición forzada, ni sancionar a los responsables. La ley General Contra la Desaparición Forzada que fue aprobada en el Senado y que próximamente se discutirá en la Cámara de diputados no lleva el sentir de las organizaciones populares, familiares de las víctimas y organismos defensores de los derechos humanos, por lo tanto, es la ley del ejecutivo federal, es una ley a modo para garantizar la impunidad.

Esta ley no contempla un mecanismo integral con capacidad de búsqueda inmediata; no contempla un registro confiable, específico de víctimas de la desaparición forzada; no investigará a los autores intelectuales, dejaría sin investigación y castigo a los responsables superiores en cadena de mando; no permitiría la reclasificación de los casos, aun cuando existan pruebas para considerarlos una desaparición forzada.

En la actualidad existen serias dificultades para que los familiares de las víctimas sepan el paradero de las víctimas, se investigue el caso y se castigue a los responsables; ahora con una ley como la que pretenden aprobar sería garantizar un marco jurídico a modo, que no permitiría conocer la verdad de los hechos, no investigaría ni castigaría a los autores materiales e intelectuales y no abonaría en lo absoluto a la erradicación esta práctica deleznable.

No se trata de aprobar una ley porque no hay otra más, no debemos perder de vista quién es el responsable del baño de sangre en el que está sumergido el país, de la violencia institucional y el terrorismo de Estado, de las constantes violaciones a los derechos humanos, éste tiene nombre y apellido: el Estado mexicano, sus instituciones y aparatos represivos, ellos son los responsables de las miles desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México, por lo tanto, la lucha se debe mantener en esta tónica y no asumir posiciones derrotistas de que es mejor “algo que nada”.

En cada nombre que es víctima de este flagelo hay una familia, una historia y una vida; es doblemente perverso que quienes luchan por conocer la verdad y la presentación con vida sean criminalizados, sobre ellos pende el riesgo latente de cometerse más crímenes de similar magnitud, por lo que es una necesidad de organizarse antes de ser víctimas y si ya se es víctima, el llamado es a no desistir hasta conocer la verdad.

Existe una paradoja en el movimiento popular y de víctimas del terrorismo de Estado, ante la cual no pueden existir medias tintas, o se está de parte de las víctimas y el loable derecho a conocer la verdad o se avala la ley el ejecutivo federal que garantiza impunidad; la respuesta no se encuentra en explicaciones superfluas ni en caprichos personales, es preciso detenerse con objetividad para determinar los alcances de la misma.

Una ley que no represente el sentir de las víctimas, de sus familiares y del pueblo trabajador, es una ley que debe ser desconocida, identificada como una medida leguleya para extender la impunidad y condenar al anonimato las miles de víctimas de estos lacerantes crímenes.

No permitamos que nos arrebaten la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, la exigencia de juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos aberrantes crímenes; no deben quedar en la impunidad, por más que pasen los años, no debemos olvidar ni perdonar.

En el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido no olvidamos ni perdonamos la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, la de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz, la de Teodulfo Torres Soriano y la de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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