A cuatro meses del crimen del Estado exigimos juicio y castigo

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 27 de junio de 2017

A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A las víctimas del terrorismo de Estado
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general

A cuatro meses del crimen del Estado exigimos juicio y castigo

A cuatro meses de la tortura y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz no hay avances en el proceso judicial, ni siquiera existen líneas de investigación para dar con los responsables materiales e intelectuales.
Desde que se cometió el crimen de Estado contra nuestro compañero, el gobierno mexicano a través de sus funcionarios e instituciones actúo con negligencia, dilación y burocratismo para no tener acceso una investigación pronta y expedita; política de gobierno que refleja la existencia de un Estado policíaco-militar.

Está probado que la justicia no llega los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, las leyes están hechas para proteger y garantizar la impunidad e inmunidad a los perpetradores. Los papeleos y trámites desgastantes, los argumentos dolosos de los fiscales a los familiares, la indolencia y prepotencia sólo reflejan la política de gobierno antipopulares con prácticas fascistas.

La impunidad es una política de gobierno que está presente en todos los crímenes de lesa humanidad, la falta de castigo, apostar al olvido y al desgaste son aspectos presentes en esta política, que no permite conocer la verdad de los hechos, ni llevar a cabo un proceso judicial que permita someter a juicio a los responsables materiales e intelectuales.

En cada desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento forzado esta la mano ejecutora del Estado, no hay duda en la ejecución de cada uno de estos crímenes de lesa humanidad, sólo basta escuchar los testimonios de los familiares y las investigaciones que han hecho organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como periodistas donde documentan la participación de las fuerzas armadas en el cometido de estos aborrecibles crímenes.

El estado de Chiapas no está exento de esta política, cada caso denunciado ante las fiscalías no muestran ningún avance en los hechos, un caso que nos ilustra muy claro esta situación es el de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz, porque a cuatro meses de su ejecución extrajudicial no hay líneas de investigación, ni siquiera tienen asentado científicamente cuál fue la causa de su muerte, la razón es porque no se le hizo la necropsia, que por ley corresponde.

Los fiscales encargados de llevar el caso, actúan de manera prepotente con los familiares, los obligan a firmar documentos sin explicarles qué contienen, a pesar de que saben que son monolingües y no hablan el español, ni se preocupan por hacer las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

La omisión y dolo con la que actuaron peritos y autoridades locales tanto de la Fiscalía en Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas son para proteger a los perpetradores, que en la vía de los hechos confirman la mano siniestra del Estado con la cual se obstaculiza la justicia, en los hechos expresan que la impunidad es política de gobierno hacia las víctimas de los crímenes de Estado.

Con la indolencia de las instancias locales como federales en materia de justicia respecto al caso de nuestro compañero Humberto, demuestran la consigna de Estado, porque no se conforman con arrebatar la vida de un niño que luchó al lado de su pueblo por la tierra, por los intereses del pueblo, por el socialismo en México, sino que ahora se pretende premiar con la impunidad a los responsables materiales de tan abominable crimen.

Un crimen que se persigue de oficio, por tratarse de la ejecución extrajudicial de un menor de edad, de origen indígena y por ser integrante del FNLS, las autoridades lo han tratado como un hecho menor, con esa actitud menoscaban el derecho a la vida, atenta contra el derecho legítimo del pueblo a defender sus intereses ante un Estado que obra a punta de balas asesinas y represión.

El caso de nuestro compañero demuestra otro ejemplo de la violencia institucional, del terrorismo de Estado contra nuestro proyecto político, por solo mencionar unos casos, el de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, por desaparición forzada el 5 de marzo de 2016; el intento de ejecución extrajudicial contra cinco compañeros en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2015; las amenazas de muerte y el intento de desaparición forzada contra jovencitas del ejido El Carrizal Leidi Rodríguez Sántiz y Viviana Sántiz Gómez el 20 y 13 de marzo de 2017 respectivamente; el intento de desaparición forzada contra la compañera María Sántiz López el 9 de agosto de 2016; el asesinato político del compañero Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015; entre otros.

En todos esos casos la respuesta del gobierno mexicano es el hostigamiento policíaco-militar, espionaje a través de red de informantes del CISEN e inteligencia militar, obstrucción de la justicia, dilación, omisión, misma actitud que asume con el caso de nuestro compañero Humberto. Es evidente que el Estado se comporta de manera parcial en favor de los perpetradores.

Por lo anterior, solicitamos junto con los familiares de la víctima la realización de un peritaje independiente para tener la garantía absoluta al acceso a la verdad y a la justicia, por esa razón, el día de hoy se realiza la exhumación del compañero Humberto en el ejido El Carrizal a través del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para develar con métodos técnico-científicos lo que sucedió con el compañero Humberto.

Una caravana viene en camino del Ejido Carrizal al SEMEFO de Tuxtla Gutiérrez para estar al pendiente de la exhumación, que son los días 27, 28 y 29 del mes.
El peritaje estará acompañado del Lic. Jorge Nava, en representación de la oficina del alto comisionado de la organización de las Naciones Unidas en México (ONU); de Héctor Cerezo, integrante del comité Cerezo México, acompañado del movimiento sueco por la reconciliación (SweFOR).

Informamos al pueblo en general, a las organizaciones populares, a los organismos defensores de los derechos humanos a que estén atentos al desarrollo de las actividades del Equipo Argentino de Antropología Forense, de las diversas actividades políticas de masas que el FNLS realizará en la exigencia de justicia y se garantice de principio a fin la labor de los peritos.

Responsabilizamos a Enrique Peña Nieto representante del Ejecutivo Federal, a Manuel Velasco Coello gobernador de Chiapas, a Raciel López Salazar representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJECH), al Mando Único de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los peritos, de cualquier integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, defensores de los derechos humanos que se solidarizan con esta causa.

Combativamente

¡Justicia por el compañero Humberto Morales Sántiz!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos del país!
¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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