El hostigamiento es una política de gobierno que sexenio tras sexenio se comete contra el pueblo

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El hostigamiento, seguimiento y espionaje a activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y organizaciones populares es una política de gobierno que sexenio tras sexenio se comete para elaborar expedientes policíacos e incriminar la lucha del pueblo y acallar las voces de protesta. Es un mecanismo por el cual el gobierno objetiva la máxima de que el enemigo es el pueblo y sus organizaciones.

A través de esta política, el gobierno mexicano pretende hacerse de la información necesaria para configurar el perfil de la siguiente víctima de un crimen de lesa humanidad; son muchas las víctimas de esta política represiva porque desde la lógica criminal, el enemigo es el pueblo que se organiza y lucha. Es la objetivación de la criminalización de pobreza y protesta popular.

Por todo el andamiaje de mecanismos para intervenir comunicaciones telefónicas y de internet que hoy son dados a conocer, resulta inverosímil que de cada acto represivo, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y hostigamiento el gobierno mexicano se diga desconocer sobre los responsables, sin duda que él sabe ¿Quién lo objetiva?, ¿cuándo? y ¿dónde?. Es un absurdo que se muestre sorprendido, porque está claro que este tipo de programas son eminentemente contrainsurgentes suyos benefactores son los distintos Estados represivos.

Las prácticas anticonstitucionales, violatorias a los derechos humanos y la dignidad humanas de intervenir comunicaciones sólo pueden concebirse por medio de un régimen que cada vez más adquiere rasgos pro fascistas, que impone la voluntad oligárquica a través del Estado policíaco-militar, de donde las instituciones, estructuras de inteligencia y contrainsurgentes vinculadas al CISEN, inteligencia militar, entre otras son utilizadas para el espionaje, intimidación, seguimiento y hostigamiento.

La intervención de llamadas de teléfonos, los mensajes de amenazas vía correo electrónico o por teléfono, la toma de fotografías a los rostros de los que a través del micrófono realizan la denuncia en los mítines, de quienes asisten a las reuniones con los funcionarios son la forma de cómo elaboran éstos expedientes, conforman todo el entramado de espionaje contrainsurgente, que tienen sus centros de mando en las dependencias policíacas, sea locales o federales. Prueba de ello son los informes que entregan los agentes a las dependencias de las cuales forman parte.

Cada dependencia de gobierno, ya sea federal o local, exige a sus agentes un informe preciso de qué actividades se van a realizar en el movimiento popular, cuántas organizaciones van a asistir, quién va al frente y cuál va a ser su petición, e incluso se atreven a poner el tipo de “riesgo” de esa actividad que la clasifican según el color, si es amarillo no implica mucho, pero si es de color rojo es de alto riesgo. De igual manera tienen a sus agentes que les informan quién habló, quién va al frente, cuántos asistieron.

Lo anterior no es una simple descripción de hechos de un agente policíaco, en él va implícito el distintivo represivo, porque es el primer elemento para que los centros de mando definan si actúan con represión directa o sólo con la dilación, pero en ambos casos, va el sello antipopular del régimen; de lo contrario surge la pregunta, ¿es acaso para adelantar soluciones a las demandas de las organizaciones populares?
Los celulares móviles entre otros aparatos electrónicos, hoy en día se equiparan a un arma más que portan los agentes del Estado, su uso tiene propósitos distintos a la de una comunicación sana, tiene la funcionalidad coercitiva e intimidatoria al fotografiar o grabar a los ciudadanos inconformes que protestan, es el instrumento por donde se transmiten órdenes y se coordina la agresión contra todo manifestante, se almacenan y transfieren datos personales de los ciudadanos espiados y hostigados para darles un uso de dolo o criminal.

Lo anterior lo comprobamos en las conferencias de prensa que dimos en Chiapas y la Ciudad de México los días 4 de marzo y 8 de mayo del presente año. Momentos en los que se expuso la red de espionaje del CISEN e inteligencia militar que opera en la entidad chiapaneca para incriminar nuestra lucha y cometer crímenes de Estado, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en este estado e intento de ejecución extrajudicial en la Ciudad de México.

En cada actividad política que realizamos, montan todo un operativo policíaco para hostigar y tomar fotografías a los rostros directos de cada compañero, como el hostigamiento que tuvimos del CISEN, inteligencia militar y agentes del gobierno de la Ciudad de México, el día viernes 26 de mayo, en la marcha mitin del metro Polanco a la oficina del representante del Alto Comisionado para las Naciones Unidad en México; y en la marcha del 30 de mayo, al finalizar la Jornada nacional de lucha las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos! Se le pidió a un agente que nos mostrará la memoria del celular y encontramos fotografías de representantes de organizaciones y un informe de las actividades que hacemos, lo que comprueba lo que hemos dicho desde hace tiempo.

Según la lógica del gobierno mexicano, todo aquel que sea sospechoso está sujeto a investigación, sea cual fuere la forma, por tanto, todo aquel que proteste, denuncie la política de terrorismo de Estado, la violencia institucional que se vive en el país es “sospechoso”; no se trata de si lo que hacemos es público o no, se trata de una plan maquiavélico, práctica fascista para eliminar a todo aquel que no esté de acuerdo con su política de gobierno.

Esta práctica no es nueva, recordemos la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, en los años 60 del siglo pasado, quien a través de investigaciones se descubre que dependencias de inteligencia militar tenían por lo menos diez años de darle seguimiento, y cuando consideraron el momento cometieron un crimen de lesa humanidad en su persona. Por esa razón no exageramos que a través del hostigamiento crean el perfil de la siguiente víctima, los ejemplos están en el pueblo.

Las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas contra periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, luchadores sociales o revolucionarios se cometen con el antecedente de amenazas de muerte y hostigamiento, lo que devela que hacen todo un seguimiento de sus actividades políticas o de trabajo y familiares, conocen todo lo que la persona realiza, para que en el momento preciso ejecuten el crimen.

Verbigracia, la ejecución extrajudicial de los periodistas Javier Valdez, Miroslava Breach, Regina Martínez, Rubén Espinosa; la ejecución extrajudicial de familiares de víctimas de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, la activista Miriam Elizabeth, la defensora de los derechos humanos Josefina Reyes Salazar, la poetisa Susana Chávez, la activista Maricela Escobedo. No fueron hechos aislados, son actos sistemáticos y generalizados, que tienen la intención de eliminar al “incómodo” para el Estado mexicano.

Por eso no sorprende, que las fiscalías respondan a los familiares de las víctimas que no pueden dar como los autores materiales, se atreven a pedir más pistas los familiares e incluso pagan grandes cantidades en publicidad para otorgar recompensa a quien aporte “información valiosa”; una burla para las víctimas y los familiares, porque cómo van a decir que los autores materiales e intelectuales son ellos mismos, por omisión, comisión y aquiescencia.

Por la actitud que su asumen en estas dependencias, se entiende que su función es dilatar los procesos, desgastar a los familiares para que venza el cansancio y la frustración, no hay víctima que no haya recibido ese trato de las dependencias y los funcionarios, en todo el país es la misma política.

A nosotros, el pueblo organizado nos asiste la razón, organizarnos para evidenciar a través de las acciones políticas de masas y la denuncia política que el espionaje y seguimiento es práctica de gobiernos profascistas y antipopulares que tiene sustento en la Guerra de Baja Intensidad (GBI), en los manuales de contrainsurgencia imperialistas; no podemos guardar silencio, éste sólo permite el cometido de más crímenes contra el pueblo.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)