La PGR abrirá mesa de trabajo para el caso de eperristas detenidos y desaparecidos hace diez años

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Por Areli Villalobos , 30 mayo, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diez años de la detención y posterior desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en el estado de Oaxaca, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a instalar una mesa de trabajo para revisar el caso.

En dicho encuentro, que se llevará a cabo el próximo 13 de junio, participarían funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y familiares y representantes legales de la víctimas.

Estos últimos propondrán a las autoridades una “ruta de trabajo” con las peticiones de las familias de Gabriel y Edmundo y los puntos de la sentencia que dictó el Tribunal noveno, en noviembre de 2014.

Sandino Rivero, abogado de los familiares, dijo que en la reunión de este martes se hicieron tres planteamientos concretos a las autoridades de la PGR: que se trasladen a los lugares donde fueron detenidos Gabriel y Edmundo (incluidas las instalaciones militares); que se citen a comparecer a altos mandos militares en funciones en 2007 (fecha de su desaparición), y que se informe a los familiares de las inhumaciones de cadáveres en los centros castrenses para la posible identificación de los cuerpos.

Sin embargo, los funcionarios de la PGR sólo se comprometieron a instalar una mesa de trabajo.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron detenidos y desaparecidos el 25 mayo del 2007 en Oaxaca.

En noviembre de 2014, un tribunal reconoció que existen pruebas para hablar de una desaparición forzada en la que se comprobó la participación de militares, cuerpos policiacos estatales y municipales, incluidos elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Por esta razón el tribunal ordenó la apertura de los cuarteles militares, la comparecencia de 28 autoridades (entre elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional) y realizar las diligencias de exhumación en instituciones militares.

“Con ello se prueba que no hablamos de hechos de desaparición comunes, si no con una desaparición forzada en el contexto de estos dos guerrilleros”, indicó Sabino Rivera.

Sin embargo, a la fecha sigue sin cumplirse la sentencia.

Según explicó el representante legal, las autoridades argumentan que, al no ser una sentencia definitiva, no están obligadas a acatarla.

Sandino Rivera menciona que la autoridad, técnicamente, tiene razón, que se trata de un tema de voluntad, por lo que si ellos quisieran, darían cumplimiento.

El abogado explica que otro problema que enfrentan tiene que ver con la legislación porque al tratarse de un tema nuevo, la ley no está preparada para este tipo de sentencia.

El encuentro entre familiares y la Fiscalía fue el resultado de la Marcha Nacional Contra la Desaparición Forzada que encabezó el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

En el mitin que partió de la Secretaría de Gobernación y culminó en la fiscalía de la PGR también se exigió la presentación con vida de desaparecidos y se denunció las violaciones a derechos humanos por parte de grupos paramilitares en comunidades tzotziles y tzentales de Chiapas.

En la marcha, que duró cerca de cinco horas, también participaron el Comité Cerezo México, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), entre otras organizaciones.

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