La impunidad en México: El caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz

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Escrito por Redacción
Jueves, 18 de Mayo de 2017 14:38

“Ningún golpe es mortal, sino se le teme a la muerte.”

El 25 de mayo de 2007, dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) se encontraban a las 5 pm en la cercanía del Hotel el Árbol, donde se ejecutaba un operativo conjunto de diferentes instancias de seguridad. Fueron aprehendidos por fuerzas estatales y federales cerca del centro histórico de Oaxaca. A partir de ese momento, ya no se supo más de ellos. La organización insurgente a la cual ambos pertenecían el PDPR-EPR, desde sus primeros comunicados, denunció de qué se trataba de un caso de desaparición forzada por motivos políticos.

El caso de la desaparición de los dos eperristas es simbólico, muestra la continuidad de las prácticas contrainsurgentes en nuestro país y evidencía al gobierno mexicano por su falta de voluntad política al obstruir el acceso a la verdad y la justicia. Es un ejemplo de la demagogia institucional, pero sobre todo representa la fragilidad de los Derechos Humanos en nuestro país.

Como parte de la política contrainsurgente, además de la desaparición forzada, el Estado mexicano emplea medios de comunicación para estigmatizar a las víctimas y diluir el costo político de la impunidad; utiliza el miedo para que familiares, personas u organizaciones solidarias no se sumen a la denuncia de la desaparición forzada, particularmente por el perfil armado e insurgente de su militancia. Intentando con ello, aislar la denuncia y apostar al olvido, como elemento de la impunidad.

Son 10 años de búsqueda incansable por parte de sus familiares, enfrentados a las murallas de la de impunidad, ante la visible colusión entre las diferentes estructuras policiaco-militares para llevar a cabo la detención-desaparición.

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son luchadores sociales desaparecidos por las fuerzas del Estado mexicano debido su actividad política. Son parte de los cientos de desaparecidos en México, que en busca de mejores condiciones de vida, han sido objeto de delitos de lesa humanidad.

LA DESAPARICIÓN DE LOS GUERRILLEROS

Según consta en el dossier sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez realizada por el Comité Hasta Encontralos y la representación legal:

“Entre los días 24 y 25 de mayo del año 2007, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fueron desaparecidos forzadamente los señores EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, quienes posteriormente fueron reivindicados por el grupo insurgente denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) como integrantes de esa organización armada. En diversos medios de comunicación nacional y local se expresó que los agraviados habían sido detenidos en un operativo conjunto entre las fuerzas del orden municipal y estatal, la entonces Agencia Federal de Investigaciones –hoy Policía Federal Ministerial-, la entonces Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal-el Ejército y la Armada de México”

De acuerdo con la información que en su momento publicaron medios de comunicación nacionales, “se ha podido establecer que los detenidos durante el transcurso de la semana en que ocurrió su desaparición fueron traslados a las instalaciones de la prisión militar ubicada en el Campo Militar Número Uno, perteneciente a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Según los comunicados del grupo insurgente: “La detención-desaparición de nuestros compañeros fue obra del Estado mexicano, independientemente de la estructura, cuerpo policíaco o militar que en concreto lo haya realizado, nos encontramos con la aquiescencia del Estado”. Agregan, “por experiencia y por los pocos sobrevivientes que enfrentaron esta condición de desaparición forzada, conocemos y sabemos que a los detenidos-desaparecidos por motivos políticos, en específico a los pertenecientes al movimiento revolucionario se les mantiene en esa condición en el Campo Militar Número Uno”.

Ante esta situación, el 24 de Abril del 2008, el PDPR-EPR emitió un comunicado donde propuso la creación de la Comisión de Mediación con el Gobierno Federal para el diálogo y el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de ambos militantes. Al momento de su creación, la comisión estuvo conformada por Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, el obispo emérito Samuel Ruiz, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz, y Juan de Dios Hernández Monge.

Las simulaciones de detenciones de un par de funcionarios y supuestos involucrados, fue el resultado de la eficacia de la PGR. Algunos personajes que eran señalados como responsables desaparecieron o jamás entraron en proceso. Los constantes intentos del gobierno por distraer la atención, por esconderse tras la mentira, se hicieron evidentes cuando empezaron a asegurar que “estaban muertos” o que “habían encontrado sus cuerpos” con el fin de obstaculizar y frenar la investigación.

Al menos dos años tuvieron que pasar para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación en la que reconociera que lo sucedido era una desaparición forzada, esto como resultado de la presión de la COMED y otras organizaciones solidarias para hacer evidente lo inocultable. Fue cuestión de meses para que la COMED se desintegrará ante la falta de voluntad política del gobierno mexicano. La reintegración de esta comisión reinició en el 2010.

Uno de los últimos intentos por hacer caer el caso en el olvido fue cuando la PGR exhumó cuerpos del panteón Puerto Escondido de Oaxaca asegurando que allí se encontraría Edmundo Reyes Amaya. Debido a la desconfianza de los familiares hacia los peritos de la PGR, fue necesaria la colaboración del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF). En ese momento, se descubrió que el gobierno intentó entregar restos falsos a la familia con tal de acabar con el asunto.

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