La judicialización de las demandas de los egresados normalistas es una forma de imponer una política en materia educativa que respalde el fortalecimiento del capitalismo en nuestro país, además de ser una medida represiva para castigar la voluntad de lucha del sujeto político consciente que busca coadyuvar en la transformación de las condiciones de vida del pueblo trabajador, de ahí que el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso sean violentados para mantener bajo prisión a todo hombre y mujer consecuente con sus ideales de lucha.
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