Ayotzinapa es un crimen de Estado, cuya autoría se encuentra en las estructuras de éste, sin que hasta la fecha se hallan presentado ante la “justicia” a los responsables materiales e intelectuales del cometido del crimen de lesa humanidad. A pesar de los dichos por el Ejecutivo federal sobre la impartición de justicia para este y otros casos de desaparición forzada, las trabas en la ejecución de órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios públicos develan la línea de investigación por la que se inclina el gobierno federal para mantener la impunidad en el crimen cometido
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