La tecnología en manos del Estado mexicano se convierte en un arma represiva, el teléfono celular de agentes policíacos con uniforme o sin él, se equipara al fusil del militar, al tolete y gas lacrimógeno del granadero

CRÓNICA POLÍTICA

La tecnología en manos del Estado mexicano se convierte en un arma represiva, el teléfono celular de agentes policíacos con uniforme o sin él, se equipara al fusil del militar, al tolete y gas lacrimógeno del granadero

La Jornada nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos HASTA ENCONRARLOS, se traslada a la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz para continuar con la denuncia de los cientos de crímenes de lesa humanidad que se comenten diariamente en esta entidad federativa. En su paso por Orizaba quedó comprobado que la esencia del cometido de crímenes como la desaparición forzada y ejecución extrajudicial tienen una motivación económico-política, debido a que se cometen con mucha más recurrencia en aquellas regiones ricas de recursos naturales y energéticos.

Desde Orizaba nos acompaña la noticia del descubrimiento de una fosa clandestina en la ciudad de Veracruz, en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, cuya magnitud se revela con cada cuerpo que se logra exhumar. Pero no sólo por la cantidad de restos humanos que ahí se encuentran inhumados clandestinamente, sino porque en su esencia, esta fosa revela la complicidad y aquiescencia del Estado mexicano en el cometido de crímenes de lesa humanidad.

Esta fosa que ya es catalogada como la más grande de México y de Latinoamérica, fue denunciada ante las autoridades desde agosto del año pasado, las cuales la mantuvieron en resguardo; lo paradójico es que a pesar de este dispositivo de seguridad implementado para “resguardar” el lugar, en sus entrañas se encuentren cuerpo con menos de seis meses de haber sido inhumados, lo que significa que aun con la custodia de la seguridad pública, se continuó con la inhumación de cuerpos para esconder sus restos mortales.

Resulta paradójico que en algunos se dude del origen y esencia de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como crímenes de lesa humanidad, de manera inconsciente se secunda la versión oficial que todas son obra de “grupos delincuenciales” y se les tilda de conceptos como “levantones”, “ajustes de cuentas” o “en algo andaban”, con eso eluden la responsabilidad del Estado mexicano en el cometido de estos crímenes.

Las actividades en Xalapa inician con la conferencia de prensa de la sede del Congreso del Estado, lugar al que asistimos con mucha puntualidad, porque por experiencia propia hemos sabido que cuando se trata de denunciar este tipo de crímenes, en automático estas puertas se cierran para las víctimas. No nos equivocamos, inmediatamente los guardias de seguridad y otros elementos policíacos que no portaban insignias y que tampoco quisieron identificarse, nos impidieron el acceso al recinto legislativo, el motivo es porque llevábamos mantas y su trabajo era impedir que llevaran leyendas de “gobierno corrupto”.

A pesar de la insistente explicación del objetivo de la jornada, del contenido de las mantas y del motivo de nuestra presencia en esta institución, el acceso se nos seguía negando, y fue hasta que se hizo contacto con la diputada Gabriela, a quien se le haría entrega de la propuesta de Ley contra la desaparición forzada, es que logramos entrar, no sin antes extender nuestras mantas para que los oficiales de seguridad se cercioran del contenido de las mismas.

Esta actitud refleja en los hechos la indolencia de estos cuerpos se seguridad y algunos políticos de oficio que desde la comodidad de sus curules aprueban leyes antipopulares, ante el dolor que causa tener un familiar detenido desaparecido o un ejecutado extrajudicialmente, se debe añadir la revictimización, el estigma y la indiferencia de quienes se supone deben velar por los derechos populares.

En el congreso local se ha develado una discusión en torno a la restructuración de la deuda, lo cual mantiene a las fracciones parlamentarias en distintas posiciones, mientras para los allegados al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lo fundamental es acrecentar la deuda para satisfacer salarios de los cuerpos represivos, a otros, en un acto de mucha sensibilidad les apremia la necesidad de legislar en favor de los miles de víctimas del terrorismo de Estado.

Finalmente tuvimos acceso al recinto legislativo para llevar a cabo la conferencia de prensa, la sala de juntas Jesús Reyes Heroles de la biblioteca del Congreso fue la sede de esta actividad. La asistencia de los medios de comunicación es considerable, sobre todo, si se toma en cuenta que el tema de las desapariciones forzadas es una constante que acompaña el acontecer de las familias veracruzanas.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”; el colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, son quienes se encargan de dar a conocer a la prensa las motivaciones para realizar esta jornada nacional. Es su voz de denuncia y de fiel testimonio de la existencia de esta política criminal, porque todos ellos pueden exponer con sobrado detalle la forma en cómo de ejecutó una desaparición forzada y que a razón de ello hoy se encuentran aquí con su voz de exigencia de presentación con vida.

Es el Congreso del Estado la sede porque a nivel nacional existe la negativa de legislar una ley que sancione, prevenga y erradique la práctica de las desapariciones forzadas; incluso en aquellas entidades donde ya existe, hay notables inconsistencias para tipificar el hecho, a pesar que, en este sentido, se encuentra adecuadamente definido por medio de tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado.

Es significativo señalar la actitud de hostigamiento por parte de elementos encargados de la seguridad del Congreso, primero al intentar entrar y después mientras se desarrollaba la conferencia de prensa. Un oficial con arma de fuego en la cintura y otro más sin ella, se posicionaron en la puerta de la sala de justas; casi una decena de elementos que no se identificaron como periodistas, solamente “por parte del congreso”, tomaron fotografías, audio y video del evento; actitud desafiante que ningún periodista honesto asume, puesto que ellos mismos experimentaron en carne propia el hostigamiento y ejecución extrajudicial de integrantes de su gremio.

A las víctimas se otorga el trato de victimarios, lo que refleja la política de criminalización de la pobreza y protesta popular, porque mientras para unos es la impunidad e inmunidad para cometer todo tipo de fechorías, a los familiares y organizaciones que exigimos justicia, es el trato de “criminales” al posicionar oficiales armados a la puerta de los lugares donde realizamos nuestras actividades.

Esta característica se mantuvo durante el desarrollo el foro “Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos HASTA ENCONTRARLOS”, en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, en el mismo recinto legislativo.

Un hecho que nos confirmó que esta política de hostigamiento del gobierno del estado de Veracruz es permanente fue la presencia de distintos cuerpos represivos y agentes vestidos de civil en el mitin realizado en la plaza Lerdo. En cuestión de segundos, fueron más de una decena de elementos policíacos que se aprestaron a disponer de sus aparatos celulares para tomar fotografías de los que ahí nos encontrábamos.

Esta actitud de rapidez y “eficiencia” no se observa cuando se trata de investigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, como lo demuestra las lamentables conclusiones de Fiscal General del Estado, quien sin una argumentación científica se aventura a afirmar que algunos restos humanos encontrados en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe corresponden a familiares de colectivos de Querétaro.

Sin ningún temor a duda podemos afirmar que la tecnología en manos del Estado mexicano se convierte en un arma represiva, el teléfono celular de agentes policíacos con uniforme o sin él, se equipara al fusil del militar, al tolete y gas lacrimógeno del granadero. Las pruebas se encuentran en la información que de descubrió en el aparato de comunicación celular de una persona que constantemente hostigaba en nuestras movilizaciones en el municipio de Ocosingo y nuestra sorpresa fue que este elemento forma parte de toda una red de espionaje y seguimiento hacia todo el movimiento popular en el estado de Chiapas.

Lo que queda demostrado a estas alturas es que no existe argumento para sostener que los crímenes de lesa humanidad se cometen al margen de las estructuras del Estado, con pruebas cada vez más contundentes se evidencia que en cada detenido desaparecido o ejecutado extrajudicialmente se encuentra la mano del Estado mexicano en todos sus niveles.

Esta verdad que sale a flote comienza a permear en los familiares de las víctimas, porque no hay otro argumento para explicar cómo es posible actuar con tanta impunidad, cómo a estas alturas no existe ningún indiciado por el cometido de estos crímenes durante la gestión del exgobernador Javier Duarte De Ochoa, política criminal de la cual no está exenta la administración del actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

La jornada nacional avanza sin descanso, a su paso nos encontramos expresiones de solidaridad, expresiones de aliento. Convencidos estamos que es la ruta correcta, es el camino que en su conjunto, todos los explotados y oprimidos debemos caminar para lograr poner un cese a los crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)