La violencia institucional en Chiapas persiste.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 09 de febrero de 2026

A la opinión pública

LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN CHIAPAS PERSISTE

La persistencia de la violencia institucional en la entidad chiapaneca se observa en carreteras, calles y barrios populares, fenómeno asociado con el supuesto combate a la delincuencia organizada, medida que no esta fuera de la política de seguridad que impulsa el Ejecutivo federal.

El discurso oficial en torno a la política de seguridad pública está fincado en el supuesto combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, pretexto recurrente para reforzar la militarización y el despliegue de fuerzas policíacas en la entidad y el avance en materia legislativa de carácter profascista y antipopular.

La ley aprobada por el congreso local en Chiapas en materia del uso de armas que faculta a las corporaciones policíacas en el uso de armamento de alto poder, es indicativo de que el Estado avanza en la consolidación del estado de derecho para brindar mayores prerrogativas y facultades a las fuerzas policíacas.

Los testimonios de los diferentes sectores populares señalan como responsables materiales de la violencia son las corporaciones policíacas, la Guardia Estatal y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes han incurrido en actos intimidatorios, delincuenciales, abuso de poder, violación a los derechos humanos y constitucionales, así como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Son promotores de la descomposición social, parte activa en la comercialización de enervantes, extorsión, siembra de pruebas incriminatorias, tráfico de personas, sujetos que destacan en el mundo del mercado negro.

El discurso oficial en relación a la pacificación es insostenible, por ejemplo, la violencia se acentúa en la cordillera de la Sierra Madre de Chiapas que se conecta con la región Valles. En dichas regiones se disputa el control de rutas comerciales para el mercado negro entre los grupos de poder económico y político que estan asentados en esa extensión territorial.

La paz en Chiapas es declarativa, en los medios de comunicación el gobernador alardea que la política de seguridad ha dado resultados positivos, sin embargo, el pueblo y las víctimas de la violencia son el testimonio que contradice esa versión. El aumento de la militarización y el despliegue de fuerzas policíacas, se traduce en violaciones graves a los derechos humanos.

La política de seguridad pública de Eduardo Ramírez Aguilar tiene como objetivo generar terror en la población para evitar que se organice, los cuerpos desmembrados y colgados en puentes y “levantones” son parte de una realidad casi cotidiana en las regiones donde se focalizan los índices de violencia.

Los grupos paramilitares en su careta de grupos delincuenciales es parte de la política gubernamental que tiene por objeto materializar las prácticas de terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales crecen allí donde estos entes extraoficiales actúan con la cobertura de policías y militares.

La presencia policíaca se busca imponer en aquellas regiones que tiempo atrás manifestaron su rechazo, ahora por medio de la coerción, condicionamiento de programas gubernamentales, y la amenaza de ser víctimas de estas mismas corporaciones.

A pesar de que no todos los casos de represión y violencia contra el pueblo son dados a conocer en los medios de comunicación, el número de víctimas crece, muchos de ellos salen a flote a través de plataformas digitales que dan cuenta del sadismo, la forma arbitraria de proceder, las medidas autoritarias, los tratos inhumanos y degradantes de las corporaciones policíacas.

La promoción del gobernador y su gabinete de seguridad, de una entidad pacificada con el acto de presencia en lugares turísticos, no es sinónimo de ausencia de violencia, sino la labor política que hacen los funcionarios para complacer a las cámaras empresariales ligadas al negocio del turismo y la necesidad de garantizar el flujo de mercancías.

En Chiapas no existe paz como se quiere proyectar, con las detenciones de supuestos delincuentes menores y funcionarios de gobierno, es la manifestación de la continuidad del reacomodo de los grupos de poder local y nacional que buscan posicionarse para la próxima coyuntura electoral.

El resultado de la política de seguridad hasta estos momentos es de crecimiento del cometido de violaciones graves a los derechos humanos, del fortalecimiento del estado de derecho en favor de las corporaciones policíacas, la revictimización de las víctimas de la violencia institucional, en suma, continuidad de la violencia gubernamental.

En ese contexto, la denuncia política es una necesidad, el pueblo no debe callar porque está en juego sus derechos humanos y constitucionales. El pueblo chiapaneco no atestigua un interés real por la pacificación, sino asegurar el interés de la clase en el poder.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS