La condición de los derechos del pueblo en la Constitución Mexicana

Michoacán, a 5 de febrero de 2026

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Las voces del oficialismo político mexicano conmemoran el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, acto protocolario que a la vez es usado como templete para presumir los supuestos logros de la administración encabezada por el actual partido de Estado. Entre la Constitución de 1917 y la actual existe una diferencia abismal, pues con el 92% de su texto reformado hasta la fecha, las conquistas populares y los pilares con los que se pretendía construir una nación independiente han sido anulados por la vía del hecho.

La Carta Magna de 1857 fue el esfuerzo de la pequeña y naciente burguesía por fincar los pilares jurídicos que permitieran desarrollar un capitalismo independiente en México, pero manteniendo al proletariado y campesinado bajo condiciones de explotación opresión. La participación de los oprimidos y explotados en la lucha armada revolucionaria de 1910 a 1917 obligó a la burguesía a reconocer diversas reclamaciones políticas y sociales como educación, salud, trabajo y salario digno, vivienda, soberanía nacional y otras. Sin embargo, la lucha popular no se detuvo ahí, el esfuerzo de los familiares de Rosendo Radilla Pacheco (detenido-desaparecido por el Estado Mexicano durante la Guerra Sucia) por su presentación con vida motivaron una importante reforma constitucional que reconoce los derechos humanos sin distinción ni discriminación alguna.

El texto constitucional dicta que todas las personas gozaremos de los derechos humanos y garantías de conformidad con la máxima ley y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, mismos que no pueden restringirse ni ser negados. En la práctica las políticas neoliberales de los gobiernos de antaño y las reformas antipopulares promovidas por la presente administración niegan sistemáticamente los derechos del pueblo. Así la salud, la educación y la vivienda pasan a ser mercancías a las que sólo pueden acceder quienes posean dinero, mientras que los pobres mueren por hambre, enfermedad o bajo desahucio.

El régimen presume que elevó los “apoyos” a nivel constitucional, cosa que ni es novedosa ni progresista porque la Constitución ya establece que el Estado mexicano tiene la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” Reducir esta obligación a la simple asistencia social significa un retroceso y un acto que anula los derechos fundamentales y los transforma en dádivas o limosnas con los que se puede lucrar políticamente con la pobreza de las masas trabajadoras.

A pesar que hombres y mujeres, fuere cual fuere nuestra lengua u origen, seamos iguales ante la ley y que ésta debe favorecer a todas las personas, la desigualdad económica y social fincada en las actuales relaciones de producción capitalista mantienen viva la discriminación y la injusticia. Aunque el oficialismo y los ideólogos de la burguesía sostengan una lucha contra el clasismo, la realidad objetiva indica que la clase explotadora conforma apenas el 1% de la población y acumula la riqueza equivalente a la generada por el 99% que representa al proletariado, campesinado y sectores populares.

Como en los tiempos de las sociedades esclavistas romanas y griegas, solamente gozan de derechos quienes acumulan riquezas, así el imperio de la ley y el Estado de Derecho Oligárquico se aplican fuertemente en contra de las clases proletarias, resultando en inocentes hacinados en las celdas de las prisiones mexicanas, presos y perseguidos políticos por el hecho luchar por mejorar las condiciones de vida de sus hermanos de clase, criminalización de la protesta y el descontento popular, despojo de tierras y destrucción de la propiedad comunal y ejidal, crímenes de Estado y de lesa humanidad que nunca son enjuiciados, negación de la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos e impunidad para los perpetradores, condiciones inhumanas de trabajo legal e ilegal, etcétera.

A pesar que el ilustre José María Morelos y Pavón estableció que en nuestra patria no deben existir las castas, el capitalismo y su derecho burgués mantienen la división de la sociedad en clases explotadoras y clases explotadas; por otro lado, las corrientes postmodernistas tienden a negar la existencia de las clases sociales, su antagonismo y lucha irreconciliable al grado que promueven corrientes políticas como el indigenismo reaccionario, el feminismo burgués, la ideología de género y la cultura de la paz. Todo encuadrado en los planes gubernamentales de la presente administración en torno a la Agenda 2030 para anular la voluntad del pueblo por luchar por mejores condiciones de vida.

Otro aspecto completamente reaccionario, reformas constitucionales y leyes tendientes a menoscabar los derechos humanos y colocar a los “seres sintientes” como sujetos de derecho, es decir, elevar a los animales al mismo nivel que las personas, lo cual resulta en rebajar a la humanidad hacia niveles inferiores. Resulta indignante que en medida que se persigue y castiga la crueldad animal, los cientos de miles de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales navegan entre la indolencia gubernamental. Tal concepción de la justicia ya fue refutada por Marx y Engels en el siglo XIX y ahora se le pretende revivir como sinónimo de “progresismo”.

Somos una nación soberana e independiente, así fue escrito en la Constitución de 1917, pero los últimos gobiernos del PRI-PAN-MORENA han pisoteado este precepto constitucional en medida que han permitido que los chantajes emanados desde el imperialismo norteamericano infieran sobre la política nacional, el entreguismo y sumisión marcan la política exterior y se materializan en lesivos y abusivos tratados comerciales como el TLCAN y el T-MEC que mantienen a nuestro país bajo condición de dependencia económica y fuente de materias primas y mano de obra barata para el vecino del norte. El peligro de una nueva intervención extranjera es real, pero esta se ha visto aplazada gracias al entreguismo de la actual administración que accede a toda demanda del gobierno de Donald Trump.

En medio de la crisis económica del capitalismo, la crisis política interna obliga al régimen a coartar libertades constitucionalmente amparadas, la criminalización de la protesta, la censura mediática, la negación del derecho de petición y la represión son parte del sello representativo de los últimos gobiernos, sea cual fuere su sigla partidista. Mientras tanto, las prácticas profascistas como la militarización del país y las políticas contrainsurgentes como la CURP Biométrica y el registro de telefonía celular fortalecen los mecanismos de opresión, indicando que la democracia burguesa no es capaz de mantener la legitimidad del régimen, el cual está obligado a ejercer mayor violencia de Estado para sostenerse en pie.

Como lo dirían los magonistas en su tiempo, ¡LA CONSTITUCIÓN HA MUERTO!, las conquistas populares plasmadas en el órgano promulgado en 1917 prácticamente han sido anuladas, quedando únicamente el carácter burgués del mismo, por lo que se vuelve necesaria una nueva constituyente que garantice los intereses de los trabajadores y tome la dignidad humana como principio fundamental y supremo.

Pero la nueva constituyente no puede ser posible mientras el régimen capitalista se mantenga en pie, por lo que no puede venir de la conquista de peldaños en la democracia burguesa, mucho menos bajo una tendencia reformista, la historia indica que todo esfuerzo fincado bajo estas premisas se convierte en oportunismo político o buenas intenciones que terminan siendo frustradas.

Para que una nueva constitución sea posible los trabajadores del campo y la ciudad debemos imponer nuestra voluntad sobre el grupúsculo de burgueses, la Comuna de París, la Unión Soviética y la República Popular China son ejemplos concretos de lo que puede hacer un pueblo que es dueño de su propio destino.

Lo anterior nos lleva a una conclusión y tarea a impulsar: ¡LA LUCHA POR EL SOCIALISMO!

Atentamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS